martes, 21 de mayo de 2013

Masacre de Capilla del Rosario Declararon testigos del aniquilamiento

La primera ronda de testigos aportó importantes datos sobre lo ocurrido el 12 de agosto de 1974.

En la segunda audiencia del histórico juicio oral por la conocida “Masacre de Capilla del Rosario”, el tribunal de la Cámara Federal indagó a los tres exmilitares imputados, Carlos Carrizo Salvadores, Jorge Acosta y  Mario Nakagama , quienes se reservaron en el derecho de abstenerse de prestar declaración, por lo que se dio lectura a las indagatorias tomadas durante la etapa de instrucción. Allí ya habían negado responsabilidad en el fusilamiento de los 14 integrantes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del PRT-ERP, ocurrido en agosto de 1974 en Fray Mamerto Esquiú.

En una larga jornada que se extendió desde las 9 de la mañana hasta 19, luego de la abstención de los acusados declararon los primeros cinco testigos que con sus testimonios, además de establecer el contexto histórico, confirmaron la existencia de un plan de aniquilamiento orquestado desde el Ejército y el gobierno de Estela Martínez de Perón, que fue más allá del fusilamiento de los militantes.

Asimismo, unos de los testimonios, el del periodista Carlos Humberto Barrionuevo, fue fundamental para situar en el escenario de los hechos al imputado Carrizo Salvadores como quien daba las órdenes -situación que el exjerarca militar niega- y tenía a su mando el operativo. Barrionuevo en aquel año era cronista del diario La Unión y fue uno de los que cubrió el evento periodístico junto a Juan de la Cruz Saseta. Además de describir que quien estaba al mando del operativo del Ejército era Carrizo Salvadores, aseguró que él pudo observar cómo sacaban los cuerpos de los abatidos del monte en un helicóptero, y que luego los arrojaban desde una considerable altura a la ruta. “Nunca me voy a olvidar del ruido que hacían los cuerpos al dar con el suelo”, recordó. Y que los restos eran tratados con un “total desprecio por la condición humana”.

También declararon los abogados Jorge Marcas y Roberto Díaz, quienes fueron defensores de los sobrevivientes y de los familiares, y que luego sufrieron en carne propia la persecución. En el caso de Marcas, narró que aquel lunes 12 de agosto tuvo conocimiento de los enfrentamientos y que se entrevistó con el ministro Toro y le propuso interceder ante los guerrilleros para “salvarles la vida” a los militantes que terminaron siendo fusilados. Explicó que Toro se comunicó con el comandante Cubas y que éste le respondió que era imposible hacer nada, porque ya estaba dada la orden de aniquilamiento. Marcas trabajó luego con los abogados Frondizi y Curuchet -que se transformaron luego en víctimas-. Y él mismo estuvo nueve años detenido como preso político. Recordó detalles de la autopsia que se había realizado a los cuerpos, que evidenciaban signos de defensa y disparos a corta distancia frontales que se corresponden a un fusilamiento.

Otro testimonio desgarrador fue el del militante del FIP (Frente de Izquierda Popular) Simón Gómez. Él junto con otros referentes políticos de Catamarca, como Mardonio Díaz Martínez, se entrevistaron con el vicegobernador Vicente Saadi -el gobernador Mott estaba de viaje- con la intención de conformar una comisión de varios partidos políticos e interceder. Pero pese a que describió la buena intención de Saadi, nada se pudo hacer porque el Ejército ya tenía la orden bajada.
Fue conmocionante el relato de Gómez cuando narró las consecuencias de haber intervenido, ya que fue apresado, torturado y sufrió un atentado en su vivienda. Su mujer, embarazada, fue encarcelada en Córdoba, donde fue sometida a trabajos forzosos, lo que derivó en el parto prematuro de su bebé ochomesino, quien vivió apenas treinta y seis horas. “Mi hijo nació y murió en la cárcel”, resumió Gómez.

Historia oculta

El último testigo, que declaró por más de tres horas fue el historiador Jorge Perea, quien realizó una investigación académica sobre la masacre y dio minuciosos detalles sobre los documentos y las fuentes consultadas. Aportó detalles que, en su investigación, acreditan que las catorce víctimas fueron fusiladas y no víctimas de un enfrentamiento armado. Perea consideró que el Ejército intentó mantener oculta su intervención en los hechos, a tal punto de que la única víctima uniformada, un cabo de apellido Barrionuevo a quien le explota una granada, jamás fue siquiera homenajeado por el Ejército.

El testimonio de Perea podría abrir una nueva investigación, ya que señaló que hubo otro conscripto que apareció asesinado en el dique Las Pirquitas a fines de 1974, de apellido Ormachea. Tanto éste último como Barrionuevo, eran investigados por el represor Berges como supuestos “infiltrados” de la “guerrilla”.
Por ello, los abogados querellantes solicitaron que se incorporen testimonios de fuentes de Perea, y que se incorporen documentos a los que alude en su investigación.

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