sábado, 9 de junio de 2012

Pidieron prisión perpetua para los represores Rauzzino y Lucena

Pidieron prisión perpetua para los represores Rauzzino y Lucena
La parte acusatoria agregó la figura de “homicidio triplemente agravado”.

Los abogados representantes de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de la familia de Nelly Yolanda Borda, conjuntamente con el fiscal del Tribunal Oral Federal, solicitaron la pena de prisión perpetua contra los represores acusados de las desapariciones forzosas de cuatro catamarqueños durante el último Gobierno de facto. El Tribunal Oral Federal, cerró la audiencia de alegatos, con la exposición de la defensa de Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino, quien pidió el sobreseimiento. Los jueces pasaron a deliberar hasta el próximo viernes.
Por más de cinco horas, los abogados querellantes, Bernardo José Lobo Bugeau, Guillermo Díaz Martínez y el fiscal subrogante del Tribunal Oral Federal, Rafael Vehils Ruiz, formularon las argumentaciones en base al material probatorio incorporado durante todo el proceso, en el que se brindó testimonio de las aberraciones cometidas durante el periodo de abril del año 1976 y enero de 1977. Luego de un cuarto intermedio, el defensor Lucio Montero, alegó por tres horas, y remarcó que por 200 años de historia, la Argentina vivió sesgada de odios y rencores.

“Quisieron ocultar la verdad”

El primero en tener la palabra, fue el representante del Ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El letrado brindó detalles en el marco del contexto histórico y sobre la situación que motivó el juicio, y fue determinante al demostrar que existió participación de los imputados a través de un plan sistemático de exterminio contra la subversión.
Las tres desapariciones de Francisco Gregorio Ponce, Julio Genaro Burgos (menor de edad según lo estipulaba la ley civil de aquellos años) y Griselda Ponce, se concretaron en marco de un plan de exterminio. Los tres fueron víctimas de delitos de lesa humanidad”, recalcó.
El abogado puntualizó que los imputados Rauzzino y Lucena se movilizaron en base a un decreto en el que se disponía el exterminio de personas consideradas subversivas. “En el plano nacional cometieron un verdadero genocidio”, realzó.
Para el querellante, las desapariciones de los Ponce y Burgos, quedaron demostradas a través de diferentes relatos. Suma importancia tuvo la declaración del testigo Ortíz, un ex policía que detalló que “la mocha Ponce -Griselda- se encontraba en la División de Investigaciones”. Igual relevancia tuvo el testimonio de Juan Martín, un sobreviviente de la dictadura tucumana, quien distinguió al “Negro Rolando”, -Francisco-cuando ambos se encontraban en cautiverio.
Pero fue la incorporación a debate de lo detallado en más de 200 fojas de documentación aportadas por el testimonio de Juan Carlos “El Perro” Clemente, que permitió vislumbrar que el destino final de los tres catamarqueños fue claramente la muerte. En ese listado, se incluyen los nombres de 293 personas detenidas en la Jefatura de la policía de Tucumán, acompañados por las siglas “DF y DL”, lo que traducido significaba “Disposición final y Disposición de libertad”. Los nombres de Burgos y los primos Ponce, van acompañados por las iniciales DF.
“Se desconoce el lugar en el que las víctimas fueron ejecutadas y ocultados sus cuerpos”, explicó, “aunque en el arsenal Miguel de Azcuénagas de Tucumán se realizan aún periciales para hallar más restos óseos”.
Bugeau fue concluyente al determinar las imputaciones para Rauzzino y Lucena.”Los encartados han prestado colaboración en el destino final de las víctimas, sin el cual no habría podido cometer el destino final”.
Crímenes

Una hora después, llegó el turno del abogado de la familia Borda, Guillermo Díaz Martínez, quien comenzó sus alegatos remarcando que Catamarca no fue una isla, al igual que el resto del territorio nacional, se sumió dentro del terrorismo de Estado.
“Estos crímenes no pueden ser justificados”, reflexionó el letrado. “Estamos ante la presencia de delitos de Lesa Humanidad” y “Videla reconoció que existió un plan de exterminio del Estado”, apuntó. También recalcó que el departamento Belén fue una zona liberada por la policía, tal cual lo remarca el libro “Nunca Jamás a través de la causa por el juicio a las juntas militares”.
Después de exponer una serie de temas conectados con la desaparición de Nelly Yolanda Borda, expuso que Lucena era “absolutamente responsable” de la desaparición de la joven estudiante. “Él, como jefe del Regimiento de Infantería 17, brindó el marco necesario para que la desaparición de Nelly, que provenía de una orden de Tucumán, se ejecutara”, enfatizó. “Tenía el dominio del hecho” y agregó que además contaba con la colaboración de la policía de Catamarca.
En último lugar, el abogado homenajeó a las víctimas del terrorismo, a los sobrevivientes, y a la memoria de Néstor Kirchner y al fallecido Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal Rafael Vehils, culminó los alegatos acusatorios. Fue para él que la participación de los dos imputados quedó plenamente acreditada a partir de todas las pruebas. “Está probada la participación de los imputados”, a la vez que agregó que “los dos sabían qué había pasado con las víctimas y cuál era el destino que les esperaba”.
“He visto comparecer al letrado a uno de los imputados en un marco familiar”, recalcó el fiscal al cierre de su alegato, “y a otro jurar por su familia su grado de inocencia. Qué suerte tuvieron los imputados, porque no le dieron esa oportunidad a sus víctimas”.

Guerra contra el Estado

El abogado Lucio Montero, fue categórico al precisar que los acontecimientos analizados en el debate, se concretaron en marco de una guerra contra el Estado.
Remarcó que sus asistidos no estarían siendo juzgados si un tribunal de la Corte de la Nación hubiera reevaluado las leyes de Punto final y Obediencia Debida. También recalcó la “liviandad y el desconocimiento que demostraron” en cuanto al funcionamiento de las fuerzas militares. “Todo lo que se pretende son las cabezas de Rauzzino y Lucena”, enfatizó.
Ese desconocimiento, apuntó, fue decisivo para que muchos de los militares procesados se encuentren detenidos por una “estupidez”: desconocer cómo operaba la cadena de mando. Ante ello, remarcó el caso de Darío Otero Arán, quien hace más de 1 año se encuentra cumpliendo prisión efectiva en la cárcel de Miraflores y el de su defendido Lucena, que hace seis cumple prisión preventiva.
Pero lo más destacable de su alegato, ocurrió cuando solicitó nuevamente la nulidad por la acusación en cuanto a la calificación de “asociación ilícita”.
“Nunca tuvimos conocimiento de la asociación ilícita, recién nos enteramos cuando volvió el fallo de la cámara de Tucumán”, y nuevamente volvió a plantear la anulación de la calificación. “No existió asociación ilícita, porque el desempeño de sus servicios eran en base a las órdenes que les conferían. Mis defendidos que nada tuvieron que ver con la participación, hoy están siendo juzgados”, manifestó.
Determinó que las desapariciones se libraron a través de servicios de inteligencia que operaban desde Tucumán. En el tramo final de sus alegatos, se emocionó al homenajear a los “cientos de Argentinos que dieron su vida por la Patria”.
La declaración de Mott

El abogado defensor Lucio Montero, solicitó que se incorpore la declaración del ex Gobernador de la provincia, Hugo Mott. El pedido se fundamentó después de que se analizara el último testimonio incorporado en la audiencia anterior, Aníbal del Carmen Salas, quien manifestó que al realizar el servicio militar fue llevado a trabajar en una oficina cuya función era la de controlar carpetas con antecedentes de personas, algunas de las cuales él conocía y con el paso del tiempo fueron desapareciendo. El letrado indicó que se trató de un testigo sorpresa, del cual no tenían conocimiento, y que tras averiguaciones posteriores se logró conocer que las personas aludidas, habían sido detenidas durante el Gobierno de Mott. El tribunal desistió de tal pedido.
Calificación legal

Querella de la Nación: Condenar a los imputados a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y destitución de su cargo militar, declararlo traidor de la Patria
Querella de la familia Borda: Condenar a Lucena a la pena de prisión perpetua, destitución del grado de la Fuerza Armada, declararlo traidor de la Patria.
Fiscal: Ídem anterior, pero remarcó que en caso de que el tribunal evalúe otra sentencia, Lucena debería cumplir 25 años de prisión por Asociación ilícita y privación de la libertad, mientras que Rauzzino 15 por los dos hechos antes mencionados, más violación de domicilio. Las tres partes acusatorias solicitaron prisión efectiva en el servicio penitenciario de Miraflores.
Defensa: Sobreseimiento de ambos acusados.

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