Fin de la impunidad para profesionales de la salud cómplices de la dictadura

“Las instituciones médicas deben colaborar con el proceso de verdad y justicia asumiendo su responsabilidad”, indicaron.

Médicos, civiles y de las fuerzas armadas, cientos de enfermeros y decenas de psicólogos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, han sido calculados en más de mil y la mayoría permanece impune, en el marco de un sistema de salud que se correspondió con el modelo neoliberal instalado a partir del 24 de marzo de 1976, según un análisis realizado por `Médicos con Memoria`.
Esta organización se creó en 2009 con la premisa de desentrañar cómo funcionó el sistema de salud durante la dictadura y de identificar a médicos, enfermeros, psicólogos y técnicos -civiles y militares- involucrados en delitos de lesa humanidad.
“La imposición del sistema represivo por parte de las fuerzas armadas contó no sólo con el silencio de una sociedad amenazada sino con la participación activa y la complicidad de civiles como el caso de la intervención de médicos y otros profesionales de la salud”, explica en un informe esta organización.
En este sentido, agrega que esa participación fue como “personal médico militar de carrera o ingresado como profesional en las tres armas, de las fuerzas de seguridad o como médicos civiles contratados o colaboradores que prestaban servicios en hospitales, centros psiquiátricos o maternidades públicas”.

 
“Participaron en actos aberrantes llegando a actuar directamente en los crímenes que se cometían con el aval de la mayoría de las instituciones de la salud, tanto públicas, como privadas, de las obras sociales, universidades, entre otras”, puntualizan los integrantes de `Médicos con Memoria`.
En la otra vereda, hubo alrededor de treinta médicos que se rebelaron al no aceptar la obligación que se les imponía y perdieron su vida, según consignó Carlos Ferreyra, cofundador de `Médicos con Memoria`, en diálogo con Télam desde la provincia de Córdoba, donde la organización centraliza su actividad.
“Otros, en cambio, aunque sabían que estaban infringiendo un juramento, torturaban por terror y continúan hoy con el pacto de silencio”, aseguró.
Del millar de profesionales de la salud que colaboraron con la dictadura más de 200 ya fueron identificados en los diferentes procesos judiciales, pero la Justicia condenó de manera firme sólo a una decena, y existen otros veinte profesionales procesados en causas por delitos de lesa humanidad.
En ese circuito del terror, `Médicos con Memoria` detectó que, además de los más de 500 centros clandestinos de detención y de los 200 centros de atención de la salud utilizados en todo el país, existieron “treinta maternidades clandestinas que funcionaban dentro de centros asistenciales públicos”.
“En Córdoba no hemos recuperado ninguno de los 44 bebés apropiados y eso se debe a que el colectivo médico y de enfermería asumió un pacto de silencio muy grande que, si lo hacemos conocer, terminará con la impunidad”, indicó Ferreyra.
Según el médico, en la estructura de los servicios de salud de la dictadura “siempre ha habido un médico militar, mientras que el jefe de Obstetricia era oficial del Ejército y coordinaba con el director de la maternidad las prácticas aberrantes”.
“Se llevaban a personas secuestradas detenidas y se las atendía en condiciones infrahumanas. Las mujeres tenían a sus hijos en condiciones oprobiosas, encapuchadas y, así como estaban, destrozadas, les sacaban a su hijo sin que supieran más de ellos”, relata el epidemiólogo.
En su informe, la organización asevera que “en la estructura operativa de cada centro clandestino o prisión militar o pública, los secuestrados eran torturados con el apoyo de personal de salud militar o civil”.
Además, señala que su participación abarcó “la supervisión de las condiciones físicas de los detenidos a fin de continuar con la tortura, además de producir informes clínicos, forenses, y certificados de nacimiento y de defunción falsos y apócrifos”.
“Los que participaron en los partos fueron cómplices de la apropiación de niños nacidos en cautiverio y quienes colaboraron dando información sobre el suministro de drogas a los detenidos que luego eran arrojados al vacío en los vuelos de la muerte”, agrega el documento.

 
Ferreyra postuló que “los médicos no podemos aparecer impasibles ante estos hechos que son el origen del delito de sustracción de identidad” y reclamó a los profesionales que informen el destino de los cuerpos “que se apilaban en las morgues de los hospitales infectando los quirófanos con olores nauseabundos”.
En ese sentido, considera que así como `Médicos con Memoria` colabora aportando información con la Secretaría de Derechos Humanos y la Procuración General de la Nación, “las instituciones médicas deben colaborar con el proceso de verdad y justicia asumiendo su responsabilidad”.
De hecho, reclamó a los colegios médicos la revisión de las matrículas porque, “de todos los procesados y mencionados, sólo a cuatro se les ha retirado la matrícula”.
Desde `Médicos con Memoria` (medicosconmemoria.blogspot.com) impulsan la creación de `comisiones de la memoria` con el fin de que se investiguen los niveles de participación de las distintas estructuras de salud en el terrorismo de Estado.