jueves, 17 de mayo de 2012

“Si no están, es porque no están”

Lo afirmó un funcionario militar a un testigo que quiso indagar sobre las desapariciones de catamarqueños. 
 
La sexta jornada del debate por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Catamarca inició ayer con la declaración de cuatro testigos, dos de ellos citados por las querellas y los restantes por el defensor de los imputados, el ex jefe de Policía, Juan Daniel Rauzzino, y el ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Alberto Lucena.  
La audiencia inició con el relato de un vecino de la familia Borda y compañero de trabajo de Armando, el padre de la joven estudiante secuestrada, quien comentó que por aquellos años mantenía una amistad con la muchacha Borda, y con Juan Carrera, otro de los jóvenes belichos desaparecidos, pero durante el Golpe de Estado en Tucumán.

Mejor no preguntar
Por aquellos años, el hombre se desempeñaba como secretario del intendente de Belén, por lo que tuvo contacto con algunos funcionarios del gobierno de facto. En una oportunidad, durante un viaje a Buenos Aires, le consultó al secretario de Justicia de la Nación de ese momento, sobre las desapariciones de los dos jóvenes oriundos de su ciudad, a lo que el funcionario le respondió, “Si no están, es porque no están”.

Tiempo después, sucedió algo similar durante un viaje a la Pampa, donde logró entrevistarse con el entonces General Harguindeguy, quien llanamente le indicó que “era mejor no preguntar sobre ciertas cosas”.

Isaac dio detalles sobre el panorama en que se encontraba la ciudad de Belén el 27 de enero de 1977, a las pocas horas de que se produjera la desaparición de Yoli. Describió que la ciudad se llenó de militares que llegaron en sus vehículos y desplegaron ametralladoras que perturbaron notablemente el humor de los pueblerinos. Un día antes del secuestro, recordó observar un Peugeot de color blanco, conducido por un rubio, y acompañado por otros tres foráneos más. El vehículo fue mencionado en testimonios previos.

Uno de los datos llamativos que brindó fue que observó a personal de Coordinación Federal de la policía en el departamento Belén, y luego fue detenido por ellos en un viaje hacia Tucumán. Una de las cuadrillas más activas de la represión política.

La siguiente testigo fue la hermana del joven secuestrado en Tucumán, Juan Carrera, también oriundo de la ciudad de Belén y compañero de Facultad de Yolanda Borda. La mujer relató que el día del secuestro de Yolanda, un vecino golpeó la puerta de su casa en Belén, y le advirtió a su padre que habían secuestrado a una de las jóvenes Borda. Temiendo que los militares inspeccionaran su propiedad, los Carrera desecharon libros y revistas que pudieran comprometerlos. El hijo mayor del matrimonio había desaparecido en septiembre de 1976 en la vecina provincia, en donde militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, junto a Yolanda.

La mujer precisó que al salir a la entrada de su casa, observó 28 camiones militares. “El pueblo había sido tomado por los militares”, advirtió.

En busca de extremistas
Los dos testigos que siguieron prestaron servicio en el regimiento de infantería 17 durante el periodo de 1975-1976, y aseguraron conocer a Carlos Alberto Lucena, cuando el acusado ejercía el más alto mando dentro de la institución.

Uno de los testigos, de apellido Campos, dijo que participó de una inspección en las rutas, durante la guerrilla, bajo las órdenes del Coronel Rodolfo Mujica -uno de los oficiales que se presentó en la vivienda de la familia Ponce en 1976, el día en que desaparecieron Griselda Ponce y su sobrino, Julio Burgos. El procedimiento consistía en registrar coches y colectivos, para tratar de localizar si había “extremistas”. “Estábamos preparados para eso”, aseguró el testigo, quien confió que tales preparativos consistían en instruirlos sobre armas, preparación física para combate y los aterrizajes de paracaidismo.

El último en declarar fue un ex cadete del Regimiento de Infantería, quien confesó que participó de los censos poblacionales que se libraban en las viviendas, en donde el objetivo principal era buscar “armamentos, no bibliografía”.

Números
3 son los imputados en la causa 13/11 del tribunal Oral Federal que investiga las 4 desapariciones de los estudiantes y militantes Catamarqueños. Cerca de 18 testigos comparecieron desde la segunda jornada del proceso histórico que se realiza en la provincia de Catamarca. 8 de ellos fueron familiares de los jóvenes desaparecidos Francisco Gregorio Ponce, Julio Genaro Burgos, Griselda Ponce y Nelly Yolanda Borda. Está previsto que durante las próximas audiencias, el tribunal escuche las declaraciones de 33 testigos más. La sentencia se conocería el 8 de junio.

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