martes, 22 de mayo de 2012

Dos siglas que simbolizaban la vida y la muerte

Dos siglas que simbolizaban la vida y la muerte, aparecen en más de 200 fojas de documentación contenida en dos carpetas que fueron incorporadas en la octava etapa del debate y que fueron aportadas por el testigo Juan Carlos “El perro” Clemente, a una organización de Derechos Humanos de Tucumán, y que fue expuesta durante el juicio que se realizó en el año 2010 por los desaparecidos de la Jefatura de la Policía de esa provincia, entre los años 1976 y 1977, y que tenía como imputados al general Antonio Bussi, y a Luciano Benjamín Menéndez.
La incorporación de la declaración testimonial de Clemente, solicitada por la fiscalía, devela las atrocidades a las que eran sometidos en el campo de detenciones que había montado la jefatura de la policía de Tucumán.
 
Terror
Clemente era estudiante de medicina y militante barrial del partido peronista, después de salir del servicio militar, comenzaron las persecuciones. Fue secuestrado en 1976 y mantenido en cautiverio en distintos centros clandestinos. En aquellas páginas en donde quedó plasmada su declaración, surgen la pesadilla y el terror que vivieron varios jóvenes, incluido el mismo, ante el atroz sometimiento de los oficiales. “En la Jefatura escuché voces, pero no sé decir de cuántos”, se desglosa en una parte del relato para tratar de desentrañar la cantidad de detenidos.
 
Prueba crucial
Finalmente, en diciembre de 1976 le dijeron “ahora vas a poder dormir en tu casa”, y después de ocho meses se reencontró con su hijo, pero su compañera se convirtió en una desaparecida más.
Progresivamente, después de esos meses y por disposición de sus captores pasó de ser un detenido a un efectivo policial. En ese periodo, Clemente fue tomando material que, tiempo después, se convertiría en un tesoro para la Justicia.
Es que justamente, lo vital del relato de Clemente, recae en una de las pruebas más reveladoras con la que contó el tribunal Oral de Tucumán para conocer el destino final de cientos de secuestros y desapariciones forzadas de personas.
Por más de una veintena de años, la víctima ocultó el material en el interior de una bolsa de plástico en un contrapiso de su casa. En esas hojas, se detallan nombres de las desapariciones, listado de oficiales, y nóminas donde se describe el manejo de la policía. En ese listado, se incluyen los nombres de 293 personas detenidas en la Jefatura de la policía de Tucumán, muchos de ellos están acompañados por las siglas “DF y DL”, que se traduce en “Disposición final y Disposición de libertad”.
Del listado total, tres de ellos fueron la razón del inicio de 10 años de investigación de la causa de desaparecidos de Catamarca. Se trata de Julio Genero Burgos, en la posición 35, Francisco Gregorio Ponce, en el 109 y Griselda Ponce en el 197. Los tres nombres, van acompañados por las iníciales DF.

La última testigo en ser transmitida a través de videoconferencia, fue la hermana mayor de Nelly, Ana, quien al igual que los otros hermanos que ya prestaron testimonio, declaró que hasta los últimos días sus padres buscaron conocer el destino de su hermana. Recordó las misivas entre su padre y Lucena, pero además dijo, opuestamente a lo que manifestó su primo Padovani, sobre la reunión que mantuvo con Enrique Basso para saber sobre el paradero de Yolanda, que el represor le advirtió a su primo que se quedaran tranquilos, porque sólo la llevaban para averiguaciones.
La lista de testigos se completó con dos ex militares retirados del Ejercito de Infantería 17, los dos coincidieron en que no tomaron conocimiento de desaparecidos en Catamarca y detallaron los procedimientos durante los censos de viviendas, en la que la orden principal era el secuestro de armamento y material bibliográfico marxista.
Fue en esta instancia, que la querella de la familia Borda, representada por el abogado Guillermo Díaz Martínez, solicitó al Tribunal que en las próximas audiencias no se permita el saludo entre ex militares con los imputados. “Con la familia de Yolanda sentimos que es un manifiesto de solidaridad con los imputados” y agregó que es una “falta de respeto para la memoria de Yolanda”. Pese a la oposición que opuso la defensa, el Tribunal resolvió dar lugar al pedido de la querella.

Pedirán ampliar la imputación por los ataques sexuales

 Una testigo identificó a su violador entre los acusadosEl fiscal federal general Gustavo Gimena y las querellas colectivas de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia y el Comité para la Defensa de la Salud, de la Ética Profesional y los Derechos Humanos (Codeseh) pedirán que se amplíe la imputación contra Laitán, por los abusos sexuales contra la testigo.
Las abogadas Julia Aignasse e Inés Lugones hicieron la reserva ante el tribunal para requerir la ampliación de los cargos contra el represor. Lugones dijo que ese delito es de lesa humanidad.

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