martes, 22 de mayo de 2012

Fin de la impunidad para profesionales de la salud cómplices de la dictadura

“Las instituciones médicas deben colaborar con el proceso de verdad y justicia asumiendo su responsabilidad”, indicaron.

Médicos, civiles y de las fuerzas armadas, cientos de enfermeros y decenas de psicólogos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, han sido calculados en más de mil y la mayoría permanece impune, en el marco de un sistema de salud que se correspondió con el modelo neoliberal instalado a partir del 24 de marzo de 1976, según un análisis realizado por `Médicos con Memoria`.
Esta organización se creó en 2009 con la premisa de desentrañar cómo funcionó el sistema de salud durante la dictadura y de identificar a médicos, enfermeros, psicólogos y técnicos -civiles y militares- involucrados en delitos de lesa humanidad.
“La imposición del sistema represivo por parte de las fuerzas armadas contó no sólo con el silencio de una sociedad amenazada sino con la participación activa y la complicidad de civiles como el caso de la intervención de médicos y otros profesionales de la salud”, explica en un informe esta organización.
En este sentido, agrega que esa participación fue como “personal médico militar de carrera o ingresado como profesional en las tres armas, de las fuerzas de seguridad o como médicos civiles contratados o colaboradores que prestaban servicios en hospitales, centros psiquiátricos o maternidades públicas”.
 
“Participaron en actos aberrantes llegando a actuar directamente en los crímenes que se cometían con el aval de la mayoría de las instituciones de la salud, tanto públicas, como privadas, de las obras sociales, universidades, entre otras”, puntualizan los integrantes de `Médicos con Memoria`.
En la otra vereda, hubo alrededor de treinta médicos que se rebelaron al no aceptar la obligación que se les imponía y perdieron su vida, según consignó Carlos Ferreyra, cofundador de `Médicos con Memoria`, en diálogo con Télam desde la provincia de Córdoba, donde la organización centraliza su actividad.
“Otros, en cambio, aunque sabían que estaban infringiendo un juramento, torturaban por terror y continúan hoy con el pacto de silencio”, aseguró.
Del millar de profesionales de la salud que colaboraron con la dictadura más de 200 ya fueron identificados en los diferentes procesos judiciales, pero la Justicia condenó de manera firme sólo a una decena, y existen otros veinte profesionales procesados en causas por delitos de lesa humanidad.
En ese circuito del terror, `Médicos con Memoria` detectó que, además de los más de 500 centros clandestinos de detención y de los 200 centros de atención de la salud utilizados en todo el país, existieron “treinta maternidades clandestinas que funcionaban dentro de centros asistenciales públicos”.
“En Córdoba no hemos recuperado ninguno de los 44 bebés apropiados y eso se debe a que el colectivo médico y de enfermería asumió un pacto de silencio muy grande que, si lo hacemos conocer, terminará con la impunidad”, indicó Ferreyra.
Según el médico, en la estructura de los servicios de salud de la dictadura “siempre ha habido un médico militar, mientras que el jefe de Obstetricia era oficial del Ejército y coordinaba con el director de la maternidad las prácticas aberrantes”.
“Se llevaban a personas secuestradas detenidas y se las atendía en condiciones infrahumanas. Las mujeres tenían a sus hijos en condiciones oprobiosas, encapuchadas y, así como estaban, destrozadas, les sacaban a su hijo sin que supieran más de ellos”, relata el epidemiólogo.
En su informe, la organización asevera que “en la estructura operativa de cada centro clandestino o prisión militar o pública, los secuestrados eran torturados con el apoyo de personal de salud militar o civil”.
Además, señala que su participación abarcó “la supervisión de las condiciones físicas de los detenidos a fin de continuar con la tortura, además de producir informes clínicos, forenses, y certificados de nacimiento y de defunción falsos y apócrifos”.
“Los que participaron en los partos fueron cómplices de la apropiación de niños nacidos en cautiverio y quienes colaboraron dando información sobre el suministro de drogas a los detenidos que luego eran arrojados al vacío en los vuelos de la muerte”, agrega el documento.
 
Ferreyra postuló que “los médicos no podemos aparecer impasibles ante estos hechos que son el origen del delito de sustracción de identidad” y reclamó a los profesionales que informen el destino de los cuerpos “que se apilaban en las morgues de los hospitales infectando los quirófanos con olores nauseabundos”.
En ese sentido, considera que así como `Médicos con Memoria` colabora aportando información con la Secretaría de Derechos Humanos y la Procuración General de la Nación, “las instituciones médicas deben colaborar con el proceso de verdad y justicia asumiendo su responsabilidad”.
De hecho, reclamó a los colegios médicos la revisión de las matrículas porque, “de todos los procesados y mencionados, sólo a cuatro se les ha retirado la matrícula”.
Desde `Médicos con Memoria` (medicosconmemoria.blogspot.com) impulsan la creación de `comisiones de la memoria` con el fin de que se investiguen los niveles de participación de las distintas estructuras de salud en el terrorismo de Estado.

Dos siglas que simbolizaban la vida y la muerte

Dos siglas que simbolizaban la vida y la muerte, aparecen en más de 200 fojas de documentación contenida en dos carpetas que fueron incorporadas en la octava etapa del debate y que fueron aportadas por el testigo Juan Carlos “El perro” Clemente, a una organización de Derechos Humanos de Tucumán, y que fue expuesta durante el juicio que se realizó en el año 2010 por los desaparecidos de la Jefatura de la Policía de esa provincia, entre los años 1976 y 1977, y que tenía como imputados al general Antonio Bussi, y a Luciano Benjamín Menéndez.
La incorporación de la declaración testimonial de Clemente, solicitada por la fiscalía, devela las atrocidades a las que eran sometidos en el campo de detenciones que había montado la jefatura de la policía de Tucumán.
 
Terror
Clemente era estudiante de medicina y militante barrial del partido peronista, después de salir del servicio militar, comenzaron las persecuciones. Fue secuestrado en 1976 y mantenido en cautiverio en distintos centros clandestinos. En aquellas páginas en donde quedó plasmada su declaración, surgen la pesadilla y el terror que vivieron varios jóvenes, incluido el mismo, ante el atroz sometimiento de los oficiales. “En la Jefatura escuché voces, pero no sé decir de cuántos”, se desglosa en una parte del relato para tratar de desentrañar la cantidad de detenidos.
 
Prueba crucial
Finalmente, en diciembre de 1976 le dijeron “ahora vas a poder dormir en tu casa”, y después de ocho meses se reencontró con su hijo, pero su compañera se convirtió en una desaparecida más.
Progresivamente, después de esos meses y por disposición de sus captores pasó de ser un detenido a un efectivo policial. En ese periodo, Clemente fue tomando material que, tiempo después, se convertiría en un tesoro para la Justicia.
Es que justamente, lo vital del relato de Clemente, recae en una de las pruebas más reveladoras con la que contó el tribunal Oral de Tucumán para conocer el destino final de cientos de secuestros y desapariciones forzadas de personas.
Por más de una veintena de años, la víctima ocultó el material en el interior de una bolsa de plástico en un contrapiso de su casa. En esas hojas, se detallan nombres de las desapariciones, listado de oficiales, y nóminas donde se describe el manejo de la policía. En ese listado, se incluyen los nombres de 293 personas detenidas en la Jefatura de la policía de Tucumán, muchos de ellos están acompañados por las siglas “DF y DL”, que se traduce en “Disposición final y Disposición de libertad”.
Del listado total, tres de ellos fueron la razón del inicio de 10 años de investigación de la causa de desaparecidos de Catamarca. Se trata de Julio Genero Burgos, en la posición 35, Francisco Gregorio Ponce, en el 109 y Griselda Ponce en el 197. Los tres nombres, van acompañados por las iníciales DF.

La última testigo en ser transmitida a través de videoconferencia, fue la hermana mayor de Nelly, Ana, quien al igual que los otros hermanos que ya prestaron testimonio, declaró que hasta los últimos días sus padres buscaron conocer el destino de su hermana. Recordó las misivas entre su padre y Lucena, pero además dijo, opuestamente a lo que manifestó su primo Padovani, sobre la reunión que mantuvo con Enrique Basso para saber sobre el paradero de Yolanda, que el represor le advirtió a su primo que se quedaran tranquilos, porque sólo la llevaban para averiguaciones.
La lista de testigos se completó con dos ex militares retirados del Ejercito de Infantería 17, los dos coincidieron en que no tomaron conocimiento de desaparecidos en Catamarca y detallaron los procedimientos durante los censos de viviendas, en la que la orden principal era el secuestro de armamento y material bibliográfico marxista.
Fue en esta instancia, que la querella de la familia Borda, representada por el abogado Guillermo Díaz Martínez, solicitó al Tribunal que en las próximas audiencias no se permita el saludo entre ex militares con los imputados. “Con la familia de Yolanda sentimos que es un manifiesto de solidaridad con los imputados” y agregó que es una “falta de respeto para la memoria de Yolanda”. Pese a la oposición que opuso la defensa, el Tribunal resolvió dar lugar al pedido de la querella.

Pedirán ampliar la imputación por los ataques sexuales

 Una testigo identificó a su violador entre los acusadosEl fiscal federal general Gustavo Gimena y las querellas colectivas de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia y el Comité para la Defensa de la Salud, de la Ética Profesional y los Derechos Humanos (Codeseh) pedirán que se amplíe la imputación contra Laitán, por los abusos sexuales contra la testigo.
Las abogadas Julia Aignasse e Inés Lugones hicieron la reserva ante el tribunal para requerir la ampliación de los cargos contra el represor. Lugones dijo que ese delito es de lesa humanidad.

sábado, 19 de mayo de 2012

Nuevas pruebas se suman a la última etapa del juicio

Se presentarán nuevos testigos a través de video conferencias.
 
Después de 10 días hábiles de receso, hoy el presidente del Tribunal Oral Federal, Juan Carlos Reynaga, reanudará una nueva jornada del proceso que se sigue por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la provincia de Catamarca. El próximo viernes se cerraría la etapa de incorporación de pruebas y testigos, y se daría lugar a la introducción de los alegatos.
Nuevamente, el ex jefe del Regimiento de Infantería, Carlos Alberto Lucena, y el ex jefe de Policía, Juan Daniel Rauzzino, imputados por los secuestros y desapariciones físicas de Francisco Gregorio Ponce, Julio Genero Burgos, Griselda Ponce, y Nelly Yolanda Borda, se sentarán en el banquillo de los acusados para escuchar la última etapa de testigos, que estaría prevista para concluir la próxima semana.
Para hoy, está previsto que el juez Juan Carlos Reynaga, los vocales Gabriel Casas y José Quiroga Uriburu, y el juez sustituto, Carlos Jiménez Montillo, incorporen a debate un listado de nuevos testigos presenciales, y otros que se encuentran radicados en Buenos Aires, que serán trasmitidos a través de video conferencia.
Uno de los testigos que se escucharían sería una mujer de apellido Martínez, compañera en Tucumán de la estudiante belicha, Nelly Yolanda Borda, con quien no se pudo establecer contacto anteriormente.

Además, tal como se había anunciado, la suspensión del debate tenía por objeto la diligencia de ciertas pruebas que habían sido solicitadas por las partes.
Una vez que finalice la jornada de hoy, la audiencia se retomará mañana sábado, día habilitado por primera vez durante toda la instancia, a fin de acelerar el proceso.
De acuerdo con lo que indicaron fuentes consultadas, durante toda la próxima semana se sumarían más relatos y pruebas. Si el tiempo lo permite, el viernes finalizaría esta etapa y se pasaría a un nuevo cuarto intermedio para que los integrantes de la defensa, la querella y fiscalía preparen sus alegatos.

Cronología
Fue el martes 24 de abril, que luego de casi 10 años de instrucción de la causa por la desaparición de cinco personas, se escribió una nueva página de la historia de los catamarqueños con el inicio debate por delitos de lesa humanidad.
Un día de por medio después, se escuchó la declaración de Lucena, incorporada por lectura, y el relato en vivo de Juan Daniel Rauzzino. A partir de ese día, le siguieron una serie de jornadas colmadas de emotividad, a causa del agónico relato de familiares de víctimas y de otras personas que desfilaron en la sala.

Uno de los más significativos, fue el de un policía de apellido Ortiz, también sometido a vejámenes durante aquel periodo y por quien posteriormente la querella y la fiscalía solicitaron una inspección ocular en el interior de la Brigada de Investigaciones, el último lugar en el que habría estado Griselda del Huerto Ponce antes de ser trasladada a la brigada de investigaciones de Tucumán.

La última jornada se había ventilado el 4 de mayo, cuando siete testigos, la mayoría de ellos militares retirados, dieron su versión sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en Capital y el departamento Belén entre abril de 1976 y enero de 1977.

Uno de los últimos testimonios presentados en la sala de audiencias, fue el de Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, quien actualmente se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario de Miraflores, acusado de la muerte de 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo, durante la causa que posteriormente se conoció como Masacre de Capilla del Rosario.

Fue con su testimonio que la declaración vertida por el ex jefe de policía Rauzzino, cayó en un manto de dudas, después de que el militar revelara que el trato entre la policía y el Ejército en aquella época, “había sido cordial”. Cabe recordar que en la segunda jornada, durante la indagatoria, el imputado lloró y juró ante el tribunal por sus hijos y nietos, negando su participación en el secuestro y tortura de personas. También alegó que no existía relación entre ambas fuerzas por una orden del General Lucena.

De la misma forma, el relato de un médico de la fuerza militar de apellido Contreras fue significativo para desglosar cuál fue el rol del Ejército, en la desaparición de Nelly Yolanda Borda, al indicar que fue comisionado junto a otros militares para desembarcar en la ciudad de Belén, con las intenciones de “poner a salvo” a la joven estudiante, que tiempo antes había desertado de los montoneros, desde donde se intentaba secuestrarla.
Posteriormente se enteró que en aquella ciudad se produjo el secuestro de Borda, a través de los comentarios de sus compañeros de cuartel que le comentaban que había existido un secuestro, pero ellos llegaron tarde.
Está previsto que las partes comparezcan al edificio en que se lleva a cabo el debate, a partir de las 9.30 de la mañana.

jueves, 17 de mayo de 2012

“Si no están, es porque no están”

Lo afirmó un funcionario militar a un testigo que quiso indagar sobre las desapariciones de catamarqueños. 
 
La sexta jornada del debate por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Catamarca inició ayer con la declaración de cuatro testigos, dos de ellos citados por las querellas y los restantes por el defensor de los imputados, el ex jefe de Policía, Juan Daniel Rauzzino, y el ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Alberto Lucena.  
La audiencia inició con el relato de un vecino de la familia Borda y compañero de trabajo de Armando, el padre de la joven estudiante secuestrada, quien comentó que por aquellos años mantenía una amistad con la muchacha Borda, y con Juan Carrera, otro de los jóvenes belichos desaparecidos, pero durante el Golpe de Estado en Tucumán.

Mejor no preguntar
Por aquellos años, el hombre se desempeñaba como secretario del intendente de Belén, por lo que tuvo contacto con algunos funcionarios del gobierno de facto. En una oportunidad, durante un viaje a Buenos Aires, le consultó al secretario de Justicia de la Nación de ese momento, sobre las desapariciones de los dos jóvenes oriundos de su ciudad, a lo que el funcionario le respondió, “Si no están, es porque no están”.

Tiempo después, sucedió algo similar durante un viaje a la Pampa, donde logró entrevistarse con el entonces General Harguindeguy, quien llanamente le indicó que “era mejor no preguntar sobre ciertas cosas”.

Isaac dio detalles sobre el panorama en que se encontraba la ciudad de Belén el 27 de enero de 1977, a las pocas horas de que se produjera la desaparición de Yoli. Describió que la ciudad se llenó de militares que llegaron en sus vehículos y desplegaron ametralladoras que perturbaron notablemente el humor de los pueblerinos. Un día antes del secuestro, recordó observar un Peugeot de color blanco, conducido por un rubio, y acompañado por otros tres foráneos más. El vehículo fue mencionado en testimonios previos.

Uno de los datos llamativos que brindó fue que observó a personal de Coordinación Federal de la policía en el departamento Belén, y luego fue detenido por ellos en un viaje hacia Tucumán. Una de las cuadrillas más activas de la represión política.

La siguiente testigo fue la hermana del joven secuestrado en Tucumán, Juan Carrera, también oriundo de la ciudad de Belén y compañero de Facultad de Yolanda Borda. La mujer relató que el día del secuestro de Yolanda, un vecino golpeó la puerta de su casa en Belén, y le advirtió a su padre que habían secuestrado a una de las jóvenes Borda. Temiendo que los militares inspeccionaran su propiedad, los Carrera desecharon libros y revistas que pudieran comprometerlos. El hijo mayor del matrimonio había desaparecido en septiembre de 1976 en la vecina provincia, en donde militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, junto a Yolanda.

La mujer precisó que al salir a la entrada de su casa, observó 28 camiones militares. “El pueblo había sido tomado por los militares”, advirtió.

En busca de extremistas
Los dos testigos que siguieron prestaron servicio en el regimiento de infantería 17 durante el periodo de 1975-1976, y aseguraron conocer a Carlos Alberto Lucena, cuando el acusado ejercía el más alto mando dentro de la institución.

Uno de los testigos, de apellido Campos, dijo que participó de una inspección en las rutas, durante la guerrilla, bajo las órdenes del Coronel Rodolfo Mujica -uno de los oficiales que se presentó en la vivienda de la familia Ponce en 1976, el día en que desaparecieron Griselda Ponce y su sobrino, Julio Burgos. El procedimiento consistía en registrar coches y colectivos, para tratar de localizar si había “extremistas”. “Estábamos preparados para eso”, aseguró el testigo, quien confió que tales preparativos consistían en instruirlos sobre armas, preparación física para combate y los aterrizajes de paracaidismo.

El último en declarar fue un ex cadete del Regimiento de Infantería, quien confesó que participó de los censos poblacionales que se libraban en las viviendas, en donde el objetivo principal era buscar “armamentos, no bibliografía”.

Números
3 son los imputados en la causa 13/11 del tribunal Oral Federal que investiga las 4 desapariciones de los estudiantes y militantes Catamarqueños. Cerca de 18 testigos comparecieron desde la segunda jornada del proceso histórico que se realiza en la provincia de Catamarca. 8 de ellos fueron familiares de los jóvenes desaparecidos Francisco Gregorio Ponce, Julio Genaro Burgos, Griselda Ponce y Nelly Yolanda Borda. Está previsto que durante las próximas audiencias, el tribunal escuche las declaraciones de 33 testigos más. La sentencia se conocería el 8 de junio.

Ex presos políticos: “Por fin se sabrá que Catamarca nunca fue una isla”

En Catamarca se lleva a cabo el primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura contra el ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez; Carlos Lucena, ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17, y Juan Rauzzino, ex jefe de la policía provincial.
El proceso intenta determinar la desaparición y muerte de la estudiante Nelly Yolanda Borda, el delegado sindical de SMATA, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce y su sobrino Genaro Burgos, ocurridos entre los años 1976 y 1977. El juicio, calificado como histórico por diferentes actores, cobra singular importancia para los ex presos políticos quienes reflexionaron sobre el mismo.
“El 24 de marzo dije que sin memoria no existe la esperanza y este hecho histórico para la provincia, es la resultante de haber alimentado esa memoria desde la esperanza, con la mirada puesta en la verdad y en la justicia”, señala Lila Macedo, primera mujer presa política en Catamarca.
Señala además que “es necesario que con este proceso se renueve la atmósfera y transforme la realidad, para que en un futuro no lejano podamos ver a otros represores, entre ellos civiles en el lugar de los acusados, y no como están hoy, paseando displicentemente su ignominia por las calles y mezclándose entre los presentes expectantes en la sala, ocupada por familiares de las víctimas que se están reivindicando, testigos, ex presos políticos, hijos de desaparecidos, abuelas, madres, organismos de Derechos Humanos”.
Esperanza

La ex presa política hoy directora de Protocolo de la Cámara de Senadores, agrega que “de una vez y para siempre estas conductas absolutamente reprochables tienen que desaparecer y la sociedad recuperar totalmente la libertad y la igualdad. A los límites ya los conocemos, nos queda derribar las vallas de la corrupción, impunidad, injusticia, discriminación, desigualdad, indignidad, para dar paso a esta justicia que vino para quedarse definitivamente en Catamarca”.
Macedo pide colaborar “no siendo más cómplices con nuestro silencio. Ayudemos a encontrar el destino y por qué de esos cuerpos desaparecidos, ellos gritan, aquí y en toda nuestra querida Argentina, y sus almas habitan junto a nosotros clamando justicia”.
“Por ellos, por nuestra juventud, por el futuro de todos, no dejemos morir los ideales. Sigamos en la lucha, porque si la acompañamos trabajando involucrados, convencidos y comprometidos, encontraremos la paz de conciencia y de espíritu que nos proporciona el deber cumplido, y la Justicia será suprema”, concluye a modo de reflexión.
Por primera vez

También Cristina Ibáñez, otra de las presas políticas de la dictadura, sostuvo que el proceso que se lleva adelante en Catamarca es un hecho histórico.
“Por primera vez los represores están sentados cara a cara con las/los sobrevivientes de la dictadura. Pasó tanto tiempo que casi había perdido las esperanzas de que sucediera”, confiesa a El Esquiú.com.
“Tengo la sensación de que aún no se ha tomado toda la dimensión de lo que significa buscar justicia y reparación para las víctimas en particular y para toda la sociedad en general y que finalmente se sabrá que Catamarca no fue una isla, sino que aquí también la dictadura cumplió su plan de exterminio con el apoyo y complicidad de parte de la sociedad civil. Ojalá llegue la justicia y podamos volver a mirarnos y confiar”, manifestó Ibáñez.
Testimonio

Ernesto Rojas, presidente de la comisión de Ex Presos Políticos de Catamarca asegura que “con este juicio se inicia el fin de la impunidad en Catamarca, en un escenario nacional consolidado y con logros significativos para procesar y condenar a aquellos que violaron los Derechos humanos durante el terrorismo de estado cívico-militar y aún quedando muchas asignaturas pendientes”.
“Han debido pasar 36 años de los crímenes cometidos para que se pueda iniciar estas causas, en juicios tardíos, porque no hubo voluntad política en los gobiernos anteriores al de Nestor Kichner de llevar adelante como política de estado la memoria , la verdad y la justicia”, afirma.
Recuerda luego que “para el Mundial de futbol de 1978 fueron trasladados a Córdoba, desde distintas cárceles del país presos políticos que eran llevados como rehenes; allí nos aíslaron en un pabellón de la UP1 y nos avisaron que si hay un atentado sacan a uno y lo matan, si muere en el atentado un suboficial matan a 5 prisioneros y si es un oficial a 10 prisioneros y así, según los grados, aumentaban el número de prisioneros muertos.
Entre los que nos encontrábamos como rehenes se hallaba Osvaldo De Benedetti (El Tordito) ; a él lo sacaron del pabellón y apareció muerto en Tucumán salvajemente torturado en un simulacro de fuga. Carlos Lucena está imputado en las torturas y en el fusilamiento de Osvaldo De Benedetti”, agrega luego.
“Como dijo la gobernadora el pasado 24 de marzo, ‘pasamos del silencio absoluto, la angustia de no querer hablar, de querer negar , de querer olvidar, y de que acá no paso nada, a una situación de hablar de a poco…y en los últimos años empezamos a hablar’”, señaló Rojas.
Por ultimo afirmó que “se inició con este juicio la recuperación de la memoria colectiva que se trató de amortiguar por distintos medios, en donde los imputados tendrán las garantías constitucionales que no tuvieron Nelly Yolanda Borda, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce , Genaro Burgos y el tordito DeBenedetti, entre otros compañeros”.