Masacre de Capilla del Rosario Declararon testigos del aniquilamiento

La primera ronda de testigos aportó importantes datos sobre lo ocurrido el 12 de agosto de 1974.

En la segunda audiencia del histórico juicio oral por la conocida “Masacre de Capilla del Rosario”, el tribunal de la Cámara Federal indagó a los tres exmilitares imputados, Carlos Carrizo Salvadores, Jorge Acosta y  Mario Nakagama , quienes se reservaron en el derecho de abstenerse de prestar declaración, por lo que se dio lectura a las indagatorias tomadas durante la etapa de instrucción. Allí ya habían negado responsabilidad en el fusilamiento de los 14 integrantes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del PRT-ERP, ocurrido en agosto de 1974 en Fray Mamerto Esquiú.

En una larga jornada que se extendió desde las 9 de la mañana hasta 19, luego de la abstención de los acusados declararon los primeros cinco testigos que con sus testimonios, además de establecer el contexto histórico, confirmaron la existencia de un plan de aniquilamiento orquestado desde el Ejército y el gobierno de Estela Martínez de Perón, que fue más allá del fusilamiento de los militantes.

Asimismo, unos de los testimonios, el del periodista Carlos Humberto Barrionuevo, fue fundamental para situar en el escenario de los hechos al imputado Carrizo Salvadores como quien daba las órdenes -situación que el exjerarca militar niega- y tenía a su mando el operativo. Barrionuevo en aquel año era cronista del diario La Unión y fue uno de los que cubrió el evento periodístico junto a Juan de la Cruz Saseta. Además de describir que quien estaba al mando del operativo del Ejército era Carrizo Salvadores, aseguró que él pudo observar cómo sacaban los cuerpos de los abatidos del monte en un helicóptero, y que luego los arrojaban desde una considerable altura a la ruta. “Nunca me voy a olvidar del ruido que hacían los cuerpos al dar con el suelo”, recordó. Y que los restos eran tratados con un “total desprecio por la condición humana”.

También declararon los abogados Jorge Marcas y Roberto Díaz, quienes fueron defensores de los sobrevivientes y de los familiares, y que luego sufrieron en carne propia la persecución. En el caso de Marcas, narró que aquel lunes 12 de agosto tuvo conocimiento de los enfrentamientos y que se entrevistó con el ministro Toro y le propuso interceder ante los guerrilleros para “salvarles la vida” a los militantes que terminaron siendo fusilados. Explicó que Toro se comunicó con el comandante Cubas y que éste le respondió que era imposible hacer nada, porque ya estaba dada la orden de aniquilamiento. Marcas trabajó luego con los abogados Frondizi y Curuchet -que se transformaron luego en víctimas-. Y él mismo estuvo nueve años detenido como preso político. Recordó detalles de la autopsia que se había realizado a los cuerpos, que evidenciaban signos de defensa y disparos a corta distancia frontales que se corresponden a un fusilamiento.

Otro testimonio desgarrador fue el del militante del FIP (Frente de Izquierda Popular) Simón Gómez. Él junto con otros referentes políticos de Catamarca, como Mardonio Díaz Martínez, se entrevistaron con el vicegobernador Vicente Saadi -el gobernador Mott estaba de viaje- con la intención de conformar una comisión de varios partidos políticos e interceder. Pero pese a que describió la buena intención de Saadi, nada se pudo hacer porque el Ejército ya tenía la orden bajada.
Fue conmocionante el relato de Gómez cuando narró las consecuencias de haber intervenido, ya que fue apresado, torturado y sufrió un atentado en su vivienda. Su mujer, embarazada, fue encarcelada en Córdoba, donde fue sometida a trabajos forzosos, lo que derivó en el parto prematuro de su bebé ochomesino, quien vivió apenas treinta y seis horas. “Mi hijo nació y murió en la cárcel”, resumió Gómez.

Historia oculta

El último testigo, que declaró por más de tres horas fue el historiador Jorge Perea, quien realizó una investigación académica sobre la masacre y dio minuciosos detalles sobre los documentos y las fuentes consultadas. Aportó detalles que, en su investigación, acreditan que las catorce víctimas fueron fusiladas y no víctimas de un enfrentamiento armado. Perea consideró que el Ejército intentó mantener oculta su intervención en los hechos, a tal punto de que la única víctima uniformada, un cabo de apellido Barrionuevo a quien le explota una granada, jamás fue siquiera homenajeado por el Ejército.

El testimonio de Perea podría abrir una nueva investigación, ya que señaló que hubo otro conscripto que apareció asesinado en el dique Las Pirquitas a fines de 1974, de apellido Ormachea. Tanto éste último como Barrionuevo, eran investigados por el represor Berges como supuestos “infiltrados” de la “guerrilla”.
Por ello, los abogados querellantes solicitaron que se incorporen testimonios de fuentes de Perea, y que se incorporen documentos a los que alude en su investigación.

Inicio del juicio por catorce miembros del ERP en 1974

Los fusilados de Capilla del Rosario

Por el asesinato en Catamarca de los combatientes del ERP que se habían entregado, desde hoy serán juzgados los militares retirados Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta. Está prevista la declaración de 65 testigos.

En agosto de 1974, el Ejército fusiló a catorce combatientes de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se habían entregado tras el frustrado intento de tomar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Los diarios de la época dieron cuenta de un “combate”; la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón felicitó a los militares, y los abogados que denunciaron el fusilamiento fueron asesinados o apresados durante años. Hoy, a las 9, a 38 años de los crímenes, el Tribunal Oral Federal de Catamarca comenzará a juzgar por la Masacre de Capilla del Rosario, como pasó a la historia, a los militares retirados Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta, quien ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en Córdoba.

El ERP planificó dos operaciones simultáneas para conseguir armas a mediados de 1974. Los objetivos: la Fábrica Militar de Villa María, en Córdoba, y el Regimiento 17. En la medianoche del sábado 10 de agosto, dos jóvenes en bicicleta se toparon en Banda de Varela, a pocos kilómetros de Catamarca, con un grupo de guerrilleros que se preparaba para la operación. Los ciclistas alertaron a la policía, que llegó al lugar en cuatro patrulleros. Se produjo entonces un enfrentamiento que terminó con dos militantes muertos y dos policías heridos. El ERP ordenó la retirada y sus militantes se dispersaron en tres grupos. Algunos consiguieron autos y lograron volver al campamento base en los montes tucumanos. Otros fueron detenidos en la ciudad y años después serían condenados sin conocer al juez. El tercer grupo, al mando de Antonio Fernández, del buró político del PRT-ERP, terminó aislado en las lomadas de Capilla del Señor, en Collagasta, departamento de Fray Mamerto Esquiú.

Cinco militantes que bajaron al pueblo a conseguir alimentos fueron capturados y torturados para arrancarles información sobre sus compañeros. Cuando las fuerzas de seguridad se acercaron al campamento se produjo un enfrentamiento en el que murió un policía. Los jefes del Regimiento 17 informaron al Tercer Cuerpo de Ejército, convocaron a todos sus oficiales, e iniciaron un rastrillaje junto con la policía con el fin de “aniquilar” a los militantes, según consta en el libro histórico del regimiento. Cuando el abogado tucumano Mario Marca le pidió al ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro que intercediera para evitar más muertes, el funcionario se comunicó con el coronel Eduardo Cubas, jefe del Regimiento 17, quien le respondió que no había posibilidad de diálogo porque el Ejército “salía con instrucciones de aniquilar”. La orden la había dado el segundo comandante del Tercer Cuerpo, general Antonio Vaquero. Marca fue detenido un día después y estuvo nueve años preso.

Los guerrilleros resistieron, pero ante la superioridad numérica y de poder de fuego de militares y policías depusieron las armas y se entregaron. El mismo lunes 12 fueron fusilados. Los cuerpos fueron trasladados en helicópteros y camiones a la morgue del cementerio municipal, donde se los pudo ver con manchas de pólvora, infinidad de impactos y huesos rotos. Las autopsias de tres médicos forenses establecieron que “todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia”. Algunos fueron baleados en los brazos, ante “un gesto defensivo reflejo”. El 20 de agosto, la flamante viuda de Perón, presidenta de la Nación, felicitó a los militares por “la encomiable actitud de arrojo y valor demostrado”, que “ha dejado sentado el prestigio de la fuerza”. Entre los abogados que por esos días denunciaron las torturas y ejecuciones estuvieron Ricardo Curuchet y Silvio Frondizi, asesinados por la Triple A al mes siguiente. El ERP, en tanto, decidió responder al “asesinato indiscriminado” con “una ejecución de oficiales indiscriminada”. “Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura a respetar las leyes de la guerra”, informó desde la revista Estrella Roja.

Los guerrilleros fusilados en Catamarca eran Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera (Héctor Moreno), Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia, Raúl Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Pedro Orbano, Roberto Domingo Jerez, Rutilo Dardo Betancour Roth, Alberto Rosales y Hugo Caccivillani Caligari. Cinco fueron enterrados como NN en el cementerio, el resto fue devuelto gradualmente a sus familiares.

La causa se inició en 2004 a pedido de organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los NN. El juez federal subrogante Pedro Navarro se declaró competente, el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó las exhumaciones e identificó al santiagueño Rosales y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari, ambos militantes tupamaros. Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, comenzaron a declarar militares, policías y soldados. En mayo de 2009, el coronel retirado Nakagama se convirtió en el primer detenido por la masacre. Con el grado de capitán, en 1974 Nakagama era jefe de la sección morteros pesados del Regimiento 17. Siguió sus pasos Carrizo Salvadores, que entonces era asistente personal del jefe del regimiento y que en 2004 llegó a ser jefe de policía de Jujuy. Finalmente, fue procesado Acosta, que en 1974 tenía a su cargo una compañía del regimiento y ya fue condenado por su actuación en La Perla. En 2010, la Cámara Federal de Tucumán confirmó los procesamientos y dictaminó que el fusilamiento era un crimen de lesa humanidad y por ende imprescriptible.

El tribunal que a partir de hoy escuchará a 65 testigos lo integran Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas (camarista en Tucumán) y Carlos Jiménez Montilla (juez del Tribunal Oral de Tucumán). Los acusados llegan a juicio en prisión: Carrizo y Nakagama en Catamarca, Acosta en el penal de Bower, en Córdoba. Están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser cometido como integrante de una fuerza de seguridad”. Además del Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a familiares, actuarán como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía de Estado de Catamarca.