Inteligencia previa para asesinar a un militante

En agosto de 1974, la Policía Federal allanó la casa de cuatro militantes. Pocos días después, un grupo de tareas conjunto de la Triple A y la CNU secuestró en esa misma casa al militante peronista Luis Norberto Macor.

Los testimonios de cuatro compañeros de militancia de Luis Norberto Macor permitieron a los autores de esta investigación confirmar la participación de la Policía Federal en la inteligencia previa a su secuestro y asesinato, perpetrado por un grupo de tareas conjunto de la Triple A y la Concentración Nacional Universitaria, la madrugada del 6 de agosto de 1974 en la ciudad de La Plata. La muerte del Chango Macor, como se lo conocía, fue la primera cometida en esa ciudad por la banda parapolicial de la CNU capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) El IndioEl Viejo– y marcó el comienzo de una escalada de terror sobre la militancia platense que se prolongaría hasta después del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

Luis Norberto Macor era oriundo de la provincia de Catamarca, tenía 21 años y hacía poco tiempo que había terminado sus estudios en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Militante de Montoneros, había integrado el equipo de la Secretaría de Prensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, hasta que éste fue obligado a renunciar en enero de 1974 para poner la gobernación en manos del sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró.

Para mediados de 1974, El Chango compartía la casa de la calle 2 N°313, en la zona norte de La Plata, con otros tres compañeros de la izquierda peronista: Juan Carlos Ferrari y Hugo Dellasoppa, ambos también egresados de Periodismo, y Sergio López, que había estudiado Diseño en Bellas Artes. “De nuestro grupo de estudio y militancia en Periodismo, El Chango

Por esos días, la situación se había vuelto complicada. “La renuncia del doctor Oscar Bidegain como gobernador de la provincia de Buenos Aires fue, después de la masacre de Ezeiza, otro jalón de persecución y muerte para los militantes de la Tendencia Revolucionaria Peronista. Muchos militantes fuimos parte de ese gobierno y, entre ellos, ese grupo de egresados y estudiantes de Periodismo de la UNLP. Todos militábamos y trabajábamos y, por las características de la misma ciudad, podría decirse que convivíamos con las patotas de derecha de los sindicatos y las agrupaciones como la CNU, Facundo Quiroga y otras de la derecha peronista. Su lugar preferido de reunión era una librería en diagonal 79, casi esquina 5, propiedad de Patricio Errecalde Pueyrredón, que lucía en la vidriera un ejemplar de Mi Lucha, de Adolf Hitler, y una bandera con la cruz esvástica”, recuerda Juan Carlos Ferrari para Miradas al Sur. –aunque en este caso bajo las órdenes de Aníbal Gordon (a) Luis Macor era el menor, el pibe llegado de su Catamarca natal con todo el cielo en los ojos. Su edad y dulzura de carácter hicieron que varios lo adoptáramos como a un hermano a cuidar y querer mucho”, lo evoca Raúl Artola, otro compañero de la Tendencia Revolucionaria del peronismo.

Una casa marcada. A pesar del avance de la derecha y su escalada represiva, ninguno de los compañeros de Macor –como tampoco El Chango– imaginaba por ese entonces hasta dónde llegaría. Para todos sus habitantes, la casa de la calle 2 era todavía un lugar seguro. “Era el departamento del fondo por el pasillo, supongo que sería el B. Lo habíamos alquilado en los últimos tiempos de la alegría. Yo ya había dado por terminada mi vida de estudiante, ellos ya se habían recibido de periodistas. Era un domicilio oficial, no se hacían ahí reuniones políticas, tampoco se tenían materiales complicados. Sí recuerdo algunas juntadas festivas, en las que el intrincado patio se pobló de desconocidos amigos de amigos no muy conocidos, en las que el vino y la euforia nos puso a cantar, a gritar consignas, y a decir nombres en voz demasiado alta”, dice Sergio López.

Lo que ninguno de los compañeros de El Chango podía saber era que, para fines de julio de 1974, la casa ya había sido marcada. La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que fue descubierta casi de manera fortuita, a partir de la vigilancia montada por el grupo de tareas de la CNU sobre la vivienda del sindicalista combativo Carlos Ennio Pierini, que sería asesinado pocas horas después que Macor. El Chango –como relató la viuda de Pierini a los autores de esta investigación– solía ir a cenar a la casa del sindicalista, donde siempre era bien recibido. Luego de comer, Pierini lo acercaba a la zona norte de La Plata en su automóvil, aunque nunca lo llevó hasta la puerta de la casa de la calle 2, por razones se seguridad. Una de esas noches fueron seguidos –sin que se dieran cuenta– por el grupo de tareas que montaba la vigilancia. Cuando Macor se bajó del auto para continuar su camino a pie, siguió bajo vigilancia hasta que llegó a la casa.

Poco después, en pleno día, un comando que se identificó como perteneciente a la Policía Federal allanó la vivienda. En ese momento, el único ocupante era Hugo Dellasoppa. “A principios de agosto un grupo armado allanó la casa de la calle 2, entre 38 y 39. A la hora de la mañana en que se produjo la irrupción el único que estaba en la casa era yo, a punto de salir para mi trabajo de no docente en la Universidad de La Plata. Después de revolver nuestras pertenencias sin encontrar ningún elemento comprometedor, me trasladaron hasta la delegación de la Policía Federal, a pocos metros de la Plaza Moreno. Allí me interrogaron acerca de mis actividades y mi filiación política, para dejarme en libertad cerca del mediodía”, relata para Miradas al Sur.

Por entonces, todavía se conservaban algunos resabios de legalidad en la represión, por lo que otro de los inquilinos de la casa de la calle 2 decidió averiguar por dónde venía el allanamiento. “Recuerdo que ante este hecho junto con Manuel Urriza, amigo, abogado y profesor de Opinión Pública II en Periodismo y un concejal de apellido Casajús, nos presentamos en la Delegación de la Policía Federal de La Plata para preguntar si existía sobre nosotros alguna orden de detención. El comisario de entonces nos negó toda intervención policial en el hecho (a pesar de que a Dellasoppa lo habían llevado detenido a esa delegación) y nos aconsejó que tuviéramos ‘cuidado’, dejando entrever que operaban en La Plata personas de otras jurisdicciones. También recuerdo que el doctor Urriza presentó un recurso de hábeas corpus en la Justicia. Pero la advertencia estaba hecha y decidimos ‘levantar’ la casa”, relata Ferrari.

Secuestro y muerte. Sin embargo, violando las normas de seguridad, El Chango Luis Norberto Macor volvió una noche a dormir a la casa de la calle 2 y le resultó fatal. Fue la noche del domingo 5 de agosto de 1974, al volver de Avellaneda, donde había ido con otro compañero a ver el partido de Independiente, el equipo de sus amores. El Chango tenía sus razones para volver. “Una tarde, pasados unos días del allanamiento, me encuentro con Luis en la Escuela Superior de Periodismo, donde El Chango era ayudante de cátedra y yo estudiaba y trabajaba; y es allí donde me plantea que quiere regresar a la casa, porque desde su sinceridad de pibe del interior sentía que podía ser una molestia o representar un peligro para quienes le habían dado albergue. Ante el clima de inseguridad desatado, traté de que cambiara de parecer. Me contestó que lo iba a pensar antes de tomar una decisión definitiva. Fue la última vez que nos vimos”, recuerda Dellasoppa.

La madrugada del 6 de agosto de 1974, Luis Norberto Macor fue secuestrado cuando estaba solo en el departamento. El grupo que irrumpió en la vivienda estaba integrado por cinco individuos que bajaron de un Ford Falcon. Entre los que entraron a la casa estaban Aníbal Gordon (a) El Viejo y Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Según el testimonio de varios vecinos, la calle había sido cortada en la esquina por un patrullero. “Fue pura mala leche que encontraran a alguien, la casa debía haber estado vacía. Pero también es probable que esa noche, El Chango no hubiese tenido otra opción que ir a dormir al departamento de la calle 2. Eran días de desbande”, dice 38 años después Sergio López.

El cuerpo de El Chango Luis Norberto Macor fue encontrado al día siguiente cerca del Arroyo El Gato, entre La Plata y el balneario de Punta Lara. Estaba perforado por más de cincuenta balas, una manera de matar que sería emblemática de las operaciones de la CNU. Lo llevaron a la comisaría de El Dique. “No pudimos despedirlo. El departamento de la calle 2 N°313 quedó abandonado y se inició la diáspora. También faltó el abrazo entre varios amigos que íbamos dejando la ciudad para iniciar el camino hacia aquella la larga y oscura noche de la Argentina”, dice Ferrari.

Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal
dcecchini@miradasalsur.com

“Los mataron como matan los cobardes, por la espalda”

Cuerpo a tierra, de cara al suelo como pidiendo clemencia a las piedras. Se rindieron entregando sus armas ante la presencia de centenares de hombres de las fuerzas policiales, militares y civiles (autoridades del gobierno). Los fusilaron sin piedad y en una desigualdad enorme de condiciones, ante la mirada de quienes arrogantes desgranaban órdenes.

 
Con este hecho, mal que le pese a quien le pese, un día 12 de agosto de 1974 comienza el terrorismo de Estado en Catamarca, seguido por la consecuente persecución, represión, detención, desaparición y muerte. En noviembre del mismo año, perderíamos con el estado de sitio todas las garantías constitucionales.
Como marco, no se puede ni se debe olvidar que vivíamos en un país que recién recuperaba la democracia, gobernaba en Catamarca Hugo Mott, por lo consiguiente no se puede soslayar lo que estaba sucediendo, es el principal responsable por haber sido en ese entonces la primera autoridad en la provincia.

 
El pasado 24 de marzo, en el recinto de sesiones de la Legislatura, con motivo de conmemorarse 36 años del golpe cívico-militar en un acto del senado, el Dr. Guillermo Díaz Martínez expresó como director provincial de DD. HH. que se llevaría “Capilla del Rosario” a juicio de Lesa Humanidad. Ya se cerró el 1er juicio, estamos en la espera de que se haga realidad lo prometido.

 
El Dr. Guillermo Díaz Martínez renunció a la Dirección Pcial. de DD. HH. hace un par de meses. Espero que esta promesa no quede en una expresión de deseo y se materialice a través de quien fuere. A quien lo haga, que sea con total responsabilidad y compromiso, contundente, sin dejar espacios vacíos que luego se llenan de dudas. Que involucren y querellen a los civiles que participaron es muy fácil de comprobar, sólo basta mirar las muestras fotográficas de Eduardo Aroca el día de la masacre, son más que elocuentes. Que consulten al Prof. Jorge Perea quién investigó y estudió el caso. Que agoten todos los resortes posibles con el fin de resolver este triste episodio que manchó con sangre esta bendita tierra. Que no subestimen testimonios; por el contrario, que incentiven y animen a las personas a colaborar con sus vivencias para cerrar este caso que pide luz, con todo el rigor de la Justicia. Porque no podemos esperar 38 años más de injusticia… para que, por sobre todo, las almas de los compañeros puedan descansar en paz.
Compañeros asesinados en Capilla del Rosario, ¡presentes, ahora y siempre!

Lila Nora Macedo - Primera presa política - Mujer de Catamarca -Integrante de la Asociación de ex presos Políticos de Catamarca

Homenaje los caidos en la Masacre de "Capilla del Rosario"

El fusilamiento de 14 presos políticos ocurrido hace 38 años a manos del ejército en la localidad de Piedra Blanca, conocida como la "Masacre Capilla del Rosario", será recordado el próximo sábado.

La Comisión de Apoyo a los Juicios de Lesa Humanidad, invitó "a toda la comunidad a sumarse y acompañar el homenaje que se realizará el próximo sábado 11 de agosto a partir de las 11 en la Capilla del Rosario, ubicada en el departamento de Fray Mamerto Esquiú".

Bajo el lema "Cárcel común y efectiva a culpables", dijeron que "luchamos por la elevación a juicio de esta causa en una búsqueda constante de Memoria, Verdad y Justicia".

La causa "Masacre Capilla del Rosario" donde 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo fueron fusilados, fue elevada a juicio oral y público hace unos días por el Fiscal Fedeal, Santos Reynoso.

Asimismo, el fiscal Santos Reynoso firmó el pedido para que los ex militares Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, sean llevados ante un tribunal como presuntos "autores mediatos de homicidio doblemente calificado, por la intervención de dos o más personas y por alevosía".

La masacre "Capilla del Rosario" fue el fusilamiento de varios integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que habían sido capturados en Fray Mamerto Esquiú por la Policía y el Ejército luego del frustrado copamiento al Regimiento de Infantería 17, hecho ocurrido en agosto de 1974.
Se conoce como Masacre de Capilla del Rosario al fusilamiento ilegal de dieciséis guerrilleros tras una operación fallida por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la provincia de Catamarca, Argentina, en el mes de agosto de 1974. Hugo Irurzún, alias Capitán Santiago, había comandado el frustrado ataque en Catamarca.

Catamarca será querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad

En el primer debate por crímenes de la dictadura, la querella había estado representada por la Secretaría de DD.HH de la Nación.

La Justicia Federal resolvió que Catamarca podrá participar como querellante particular en el próximo debate oral por delitos de lesa humanidad que se realizará en la provincia, después de una presentación realizada desde Fiscalía de Estado. La causa en la que la provincia será litigante y que podría ser precedente a otros juicios de tal índole, es la que imputó a tres ex militares como los responsables del fusilamiento de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, en la emblemática causa conocida como la Masacre de Capilla del Rosario.
A pocos días de cumplirse un mes del histórico fallo emitido por el Tribunal Federal Oral de Catamarca en contra de los ex jerarcas Juan Daniel Rauzzino y Carlos Alberto Lucena, trascendió que Catamarca tendrá la facultad de intervenir como querellante en las próximas causas por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar instalada en el territorio provincial.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder El Esquiú.com, la presentación fue realizada la semana pasada por dos letradas que pertenecen al cuerpo de abogados de Fiscalía de Estado, ante la Justicia Federal de Catamarca. En dicha resolución, emitida por el juez Ricardo Antonio Moreno, se comunicó que, efectivamente, la provincia fue aceptada para intervenir como querellante en causas en las que se investigan graves violaciones a los Derechos Humanos en épocas del último gobierno militar, puntualmente por una causa previa a la dictadura, pero con vejaciones consideradas como delitos de lesa humanidad.
Si bien la medida fue aprobada por el Juzgado Federal de Catamarca y notificada a las partes intervinientes en la causa de Capilla del Rosario, elevada a juicio poco después del histórico fallo contra Lucena y Rauzzino, la resolución aún puede ser apelada por la defensa de los imputados Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, como así también por el fiscal federal.
Estado de Derecho

Según lo que detallaron desde Fiscalía de Estado, a partir de esta intervención, “se refleja la vocación del Gobierno Provincial de defender no sólo los Derechos Humanos, sino fundamentalmente la vigencia del Estado de Derecho”.
Durante el primer proceso que juzgaba la participación de ex represores durante el periodo militar en la provincia de Catamarca, iniciado el 23 de abril pasado, y en el que el Tribunal Oral Federal calificó a los hechos como “constitutivos de crímenes de lesa humanidad”, las querellas estuvieron representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el ex director de Derechos Humanos de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, en nombre de la familia de la desaparecida Nelly Yolanda Borda.
Ya durante su corta gestión, el abogado había manifestado la necesidad de promover a la provincia como querellante de tales delitos. Pero es recién ahora, a partir de la presentación de dos abogadas, que se avanzó en la diligencia judicial.
Capilla del Rosario

Carrizo Salvadores, Acosta y Nakagama, todos con prisión preventiva, fueron imputados como autores mediatos de “homicidio doblemente calificado, por la intervención de dos o más personas y por alevosía”.
La investigación de la Fiscalía develó, que el 12 de agosto de 1974, catorce guerrilleros de la Compañía del Monte “Ramón Rosa Jiménez” del ERP fueron ultimados hasta quedarse sin municiones, luego de un intento frustrado de copamiento al Regimiento de infantería 17.
Precedente

El primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Catamarca incriminaba al ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, Lucena, y el ex jefe de policía, Rauzzino, quienes recibieron las penas de 16 y 10 años de prisión, bajo las calificaciones de asociación ilícita y privación ilegítima de libertad agravada. Pero además, en la causa que investigaba las cuatro desapariciones de estudiantes Catamarqueños, llegaba como imputado Luis Benjamín Menéndez, con seis condenas a prisión perpetua en su haber, pero separado por razones de salud.

La “Masacre de Capilla del Rosario” fue elevada a juicio

Por el fusilamiento de guerrilleros del ERP que intentaron tomar el Regimiento 17.

Desde la Fiscalía Federal se elevó a juicio la causa de “Capilla del Rosario” para ser tratada por los magistrados del Tribunal Oral.
La causa sindica a los ex militares Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Jorge Ezequiel Acosta y Mario Nakagama como los responsables de haber llevado a cabo el fusilamiento de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, también denominado ERP.
A causa de ello, recae sobre ellos la carátula de autores mediatos de homicidio doblemente calificado, por la intervención de dos o más personas y por alevosía.
De acuerdo a la acusación, el 9 de julio de 1974 entraron a la provincia desde Tucumán casi medio centenar de militantes de la compañía del monte “Ramón Rosa Jiménez”, pertenecientes al ERP. Los mismos se asentaron en Banda de Varela a los fines de asaltar el cuartel del Regimiento de Infantería 17 en busca de armamento, con la colaboración de contactos locales.
Sin embargo fueron divisados por dos ciclistas mientras se alistaban para concretar la maniobra, dando aviso a la policía.
En la madrugada del domingo 11 de agosto, arribaron a la base operativa a bordo de varios patrulleros efectivos de la Comisaría Tercera y de la División de Investigaciones, quienes se enfrentaron a los guerrilleros en un combate armado.

 
El saldo del mismo fue la muerte de Carlos Gutiérrez y Norberto Ruffino, ambos militantes, mientras que Rutilio Dardo Betancourt Roth y dos policías quedaron heridos de gravedad.
En vista de que la presencia del ERP no había pasado inadvertida, el operativo se vio frustrado y se ordenó la retirada. La mayoría de los militantes, vestidos de guerrilleros, lograron salir de la provincia con éxito, mientras que 28 de ellos fueron capturados tras quedar en distintos grupos aislados. Otros nueve fueron apresados luego de distintas búsquedas y un grupo acampó cerca de la “Quebrada de los Walther”, ubicada a unos pocos kilómetros de la Capilla del Rosario.
El día siguiente la policía salió en busca de estos últimos, pero al comenzar otro enfrentamiento armado se produjo la baja de un oficial. El teniente coronel Anello solicitó entonces el apoyo del regimiento 17 en la lucha y alrededor de 60 soldados con apoyo aéreo llegaron al lugar.

 
Llegado este punto, en un principio se informó que los 14 guerrilleros murieron en pleno combate, pero posteriormente la investigación reveló que los mismos habrían peleado hasta quedar sin municiones, optando por presentar su rendición luego de ello.
La instrucción indica que, por orden del segundo jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, General José Vaquero, los guerrilleros fueron fusilados a sangre fría.

“Este juicio terminó, pero nosotros familiares seguiremos en la lucha”

Luego de dictada la sentencia contra Rauzzino y Lucena.

“Este juicio terminó, pero nosotros familiares seguiremos en la lucha”

Bajo un manto inicial de disconformidad con las penas impuestas, concluyó el viernes el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en nuestra provincia. En el mismo, se condenó a Carlos Alberto Lucena a 16 años de prisión y a Juan Daniel Rauzzino a 10, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada, en la tónica de la desaparición y posterior muerte de Griselda del Huerto Ponce, Francisco Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda durante los tiempos del proceso militar.
Con las aguas más calmas y tiempo de reflexión, salieron a la superficie otras cuestiones, y si bien los familiares, quienes también son víctimas de estos hechos, se mostraron confundidos durante la lectura de las sentencias, comenzaron a valorar el hecho de que lo sucedido en el Tribunal Federal fue un hecho histórico. Por primera vez, se reconoció que existió en la provincia el terrorismo de Estado y había una organización sistemática para exterminar personas y ésta se llevó cuatro vidas.
Siguiendo este pensamiento, Noemí Toledo, sobrina de Francisco y Griselda Ponce, y prima hermana de Julio Burgos, se comunicó con El Esquiú.com para acercar su impresión respecto a este acontecimiento.
“Para nosotros, cuando comenzó el 23 de abril no podíamos creer que estuviera sucediendo, que estos personajes perversos se encontraran sentados en el banquillo acusados por la desaparición y muerte de nuestras familias. Esperamos muchos años, golpeamos muchas puertas, hablamos con mucha gente y nadie nos escuchó, ninguno hizo nada, nadie nos ayudó. Al contrario, en muchos casos hemos pasado discriminación, soledad, burlas, dolor, pero todo eso quedó atrás. Pasaron los días e íbamos atestiguando toda la familia, toda la que queda, porque varios se nos murieron esperando saber algo de ellos”, indicó Noemí.
Respecto al momento de ser parte del medio centenar de testimonios, expresó: “...me costó mucho dar mi testimonio, no porque no recuerde lo que sucedió ya que tengo impresa en el alma cada cosa que me pasó, sino que tenía que separar todo lo sentimental en mi relato, no quería dar lástima ni ventilar tanto dolor que nuestra familia pasó, sólo transmitir la verdad y cómo sucedieron los hechos, sin mezclar broncas, miedos, dolor, impotencia. Tenía que tratar de hablar claro, no llorar, pelear con mis nervios para decir todo prolijamente, pero fue tanta la tranquilidad que tuve en ese momento sentada allí hablando, contando lo que 36 años tuve guardado, que las palabras me salían solas, me hicieron muchas preguntas y eso me agradaba porque sentía que alguien se interesaba en saber lo que tenía para contar, que alguien por fin me escuchaba y podía expresarme libremente”.
“Los Borda y los Ponce no nos conocíamos y tenemos mucho en común. Si bien Yolanda, Gregorio, Griselda y Julito son los únicos que desaparecieron en esta provincia, son más de 30 hermanos catamarqueños que padecieron la tortura y muerte de la dictadura”.
Veredicto

Cuando el juez y presidente del tribunal Juan Carlos Reynaga comenzó la lectura de la sentencia, al llegar al sexto dictamen se produjo el malentendido en cuanto a la prisión domiciliaria de los imputados, la cual será solamente hasta que la sentencia quede firme.
“Nuestra primera reacción fue de repudio, bronca, impotencia después de tantos años de lucha silenciosa, les dijimos muchas cosas, desde asesinos, hacer justicia por manos propia y gritarles todo tipo de insultos, no sólo a los personajes nefastos sino a los jueces que fueron tan benevolentes con el veredicto. Pero hoy ya más calmos hemos rescatado lo más importante: se logró llevar a juicio a dos de los responsables de secuestros, torturas, muerte y mutilación de nuestras familias, se logró una condena y son culpables por delitos de lesa humanidad en Catamarca”, dijo Toledo.
“Abuelitos dulces”

Arrancada de su vida tranquila para convertirse en una luchadora, Toledo manifestó lo que fueron tantos años de lucha: “Hay quienes taparon lo sucedido, personas que saben mucho y por miedo siguen callados, están los indiferentes que no opinan ni les importa lo que sucedió en Catamarca porque pasó hace mucho y para qué revolver el pasado, y quedan los que emiten su opinión agresiva sin conocer quiénes fueron realmente estas personas desaparecidas y estos genocidas con tanta historia sembrando el miedo, el dolor, la muerte y tantos hechos aberrantes durante tantos años, y que ahora se los ve con esa arrogancia hechos unos padres amorosos y abuelitos dulces, que no discuto que lo deben ser, claro, con su familia, pero a nosotros no nos permitieron disfrutar de una vida familiar como ellos, que destacaron durante todo el juicio la hermosa familia que constituyeron ¡Qué suerte que tuvieron!”.
No todo está dicho y aún quedan muchas instancias para agotar respecto a la sentencia dictada contra Lucena y Rauzzino, y las familias involucradas son conscientes de ello. “Este juicio terminó en cierto modo porque nosotros, familiares, seguiremos en la lucha, tenemos mucho camino todavía, Catamarca debe saber toda la historia, que conozcan con nombre y apellido quiénes fueron los cómplices, civiles, eclesiásticos, policías, militares y los que se decían amigos de esa época que todavía caminan al lado nuestro por nuestra calles, como si nada hubieran hecho y que son tan culpables como éstos individuos que se juzgó”.
Finalmente, Toledo rescató lo positivo de que el debate por estas cuatro desapariciones se haya realizado: “¡Después de 36 años, sí fueron secuestrados, sí fueron trasladados a la policía, sí fueron torturados y sí los mataron!”.

Genocidio gratis: condenados por asociación ílicta y a su casa

El tribunal les imputó sólo asociación ilícita. Los condenaron a 16 y 10 años de cárcel, y les concedieron el beneficio de prisión domiciliaria.

 

Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en Catamarca se quejaron ayer por las condenas que recibieron dos represores, tras la finalización del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura. Mientras que Carlos Alberto Lucena, 16 años de prisión, Juan Daniel Rauzzino a 10 años. Ambos recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y ninguno fue condenado por homicidio ni desaparición forzada.

A las tres de la tarde, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Catamarca dio lectura al fallo que condenó a Lucena por ser coautor material del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Griselda y Gregorio Ponce, Nély Yolanda Borda y Justo Burgos.

Asimismo el tribunal condenó a Rauzzino por ser coautor material del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Griselda Ponce y Justo Burgos.

Lucena fue condenado a 16 años y Rauzzino a 10 - Indignación por las condenas y la prisión domiciliaria.

La mayor indignación en los presentes se produjo cuando se leyó el modo de cumplimiento de la pena:  "Mantener el cumplimiento de la pena de prisión impuesta bajo la modalidad de prisión domiciliaria".

La hermana de Yolanda Borda manifestó al finalizar la lectura del fallo que "por lo menos esperaba que cumplan cárcel común efectiva".

"Ellos se van a vivir cómodamente a sus casas y dónde están los huesos de nuestros hermanos? Los jueces son unos c....", manifestó indignado uno de los presentes.

"Nos vamos con el sabor amargo por la forma del cumplimiento de la pena", dijo un abogado.Nosotros esperábamos una condena a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en una cárcel común. Ellos, los represores, se van a ir a sus casas y dónde están los huesos de nuestros hermanos", se quejaron allegados a Francisco Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos y Griselda Ponce, desaparecidos en Catamarca entre abril de 1976 y enero de 1977.

La representante de los organismos de derechos humanos en la provincia, Mirtha Clérici, manifestó su indignación, al sostener que "estos abuelitos (por Lucena y Rauzzino) se van a la casa con sus nietitos, mientras nosotros estuvimos 35 años esperando justicia para esto. Todo esto es una burla para todos los que somos familiares de desaparecidos".

En tanto, mientras trataba de aportar serenidad a los familiares, uno de los representantes de la querella, Bernardo Lobo Bougeau, actual Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, anticipó que cuestionará la sentencia "en dos o tres aspectos que me parecen esenciales".

"Son homicidios agravados, que es lo que Tribunal descartó", enfatizó Lobo Bougeau, quien añadió que "el tribunal lo descarta como homicidios y remite copia para que sea el fiscal federal de Tucumán quien investigue en la instrucción: este es un punto sustancial de nuestro alegato que no fue tomado por el Tribunal".

El querellante y funcionario nacional de los derechos humanos, cuestionó además "el bajo monto de las penas (16 y 10 años) y por la forma de cumplimiento", al sostener que "si bien quedaron con los cargos de asociación y privación ilegítima de la libertad, creemos que correspondía una escala penal más alta".

"Vamos a recurrir en casación ante la Cámara Nacional para que se pueda aplicar una pena que sea de cumplimiento en una cárcel común y vamos a seguir bregando para que la pena sea de efectivo cumplimiento", reiteró el letrado, en medio de los reclamos de los familiares de las víctimas, tras el histórico juicio que concluyó hoy en Catamarca.

Pidieron prisión perpetua para los represores Rauzzino y Lucena

Pidieron prisión perpetua para los represores Rauzzino y Lucena
La parte acusatoria agregó la figura de “homicidio triplemente agravado”.

Los abogados representantes de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de la familia de Nelly Yolanda Borda, conjuntamente con el fiscal del Tribunal Oral Federal, solicitaron la pena de prisión perpetua contra los represores acusados de las desapariciones forzosas de cuatro catamarqueños durante el último Gobierno de facto. El Tribunal Oral Federal, cerró la audiencia de alegatos, con la exposición de la defensa de Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino, quien pidió el sobreseimiento. Los jueces pasaron a deliberar hasta el próximo viernes.
Por más de cinco horas, los abogados querellantes, Bernardo José Lobo Bugeau, Guillermo Díaz Martínez y el fiscal subrogante del Tribunal Oral Federal, Rafael Vehils Ruiz, formularon las argumentaciones en base al material probatorio incorporado durante todo el proceso, en el que se brindó testimonio de las aberraciones cometidas durante el periodo de abril del año 1976 y enero de 1977. Luego de un cuarto intermedio, el defensor Lucio Montero, alegó por tres horas, y remarcó que por 200 años de historia, la Argentina vivió sesgada de odios y rencores.

“Quisieron ocultar la verdad”

El primero en tener la palabra, fue el representante del Ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El letrado brindó detalles en el marco del contexto histórico y sobre la situación que motivó el juicio, y fue determinante al demostrar que existió participación de los imputados a través de un plan sistemático de exterminio contra la subversión.
Las tres desapariciones de Francisco Gregorio Ponce, Julio Genaro Burgos (menor de edad según lo estipulaba la ley civil de aquellos años) y Griselda Ponce, se concretaron en marco de un plan de exterminio. Los tres fueron víctimas de delitos de lesa humanidad”, recalcó.
El abogado puntualizó que los imputados Rauzzino y Lucena se movilizaron en base a un decreto en el que se disponía el exterminio de personas consideradas subversivas. “En el plano nacional cometieron un verdadero genocidio”, realzó.
Para el querellante, las desapariciones de los Ponce y Burgos, quedaron demostradas a través de diferentes relatos. Suma importancia tuvo la declaración del testigo Ortíz, un ex policía que detalló que “la mocha Ponce -Griselda- se encontraba en la División de Investigaciones”. Igual relevancia tuvo el testimonio de Juan Martín, un sobreviviente de la dictadura tucumana, quien distinguió al “Negro Rolando”, -Francisco-cuando ambos se encontraban en cautiverio.
Pero fue la incorporación a debate de lo detallado en más de 200 fojas de documentación aportadas por el testimonio de Juan Carlos “El Perro” Clemente, que permitió vislumbrar que el destino final de los tres catamarqueños fue claramente la muerte. En ese listado, se incluyen los nombres de 293 personas detenidas en la Jefatura de la policía de Tucumán, acompañados por las siglas “DF y DL”, lo que traducido significaba “Disposición final y Disposición de libertad”. Los nombres de Burgos y los primos Ponce, van acompañados por las iniciales DF.
“Se desconoce el lugar en el que las víctimas fueron ejecutadas y ocultados sus cuerpos”, explicó, “aunque en el arsenal Miguel de Azcuénagas de Tucumán se realizan aún periciales para hallar más restos óseos”.
Bugeau fue concluyente al determinar las imputaciones para Rauzzino y Lucena.”Los encartados han prestado colaboración en el destino final de las víctimas, sin el cual no habría podido cometer el destino final”.
Crímenes

Una hora después, llegó el turno del abogado de la familia Borda, Guillermo Díaz Martínez, quien comenzó sus alegatos remarcando que Catamarca no fue una isla, al igual que el resto del territorio nacional, se sumió dentro del terrorismo de Estado.
“Estos crímenes no pueden ser justificados”, reflexionó el letrado. “Estamos ante la presencia de delitos de Lesa Humanidad” y “Videla reconoció que existió un plan de exterminio del Estado”, apuntó. También recalcó que el departamento Belén fue una zona liberada por la policía, tal cual lo remarca el libro “Nunca Jamás a través de la causa por el juicio a las juntas militares”.
Después de exponer una serie de temas conectados con la desaparición de Nelly Yolanda Borda, expuso que Lucena era “absolutamente responsable” de la desaparición de la joven estudiante. “Él, como jefe del Regimiento de Infantería 17, brindó el marco necesario para que la desaparición de Nelly, que provenía de una orden de Tucumán, se ejecutara”, enfatizó. “Tenía el dominio del hecho” y agregó que además contaba con la colaboración de la policía de Catamarca.
En último lugar, el abogado homenajeó a las víctimas del terrorismo, a los sobrevivientes, y a la memoria de Néstor Kirchner y al fallecido Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal Rafael Vehils, culminó los alegatos acusatorios. Fue para él que la participación de los dos imputados quedó plenamente acreditada a partir de todas las pruebas. “Está probada la participación de los imputados”, a la vez que agregó que “los dos sabían qué había pasado con las víctimas y cuál era el destino que les esperaba”.
“He visto comparecer al letrado a uno de los imputados en un marco familiar”, recalcó el fiscal al cierre de su alegato, “y a otro jurar por su familia su grado de inocencia. Qué suerte tuvieron los imputados, porque no le dieron esa oportunidad a sus víctimas”.

Guerra contra el Estado

El abogado Lucio Montero, fue categórico al precisar que los acontecimientos analizados en el debate, se concretaron en marco de una guerra contra el Estado.
Remarcó que sus asistidos no estarían siendo juzgados si un tribunal de la Corte de la Nación hubiera reevaluado las leyes de Punto final y Obediencia Debida. También recalcó la “liviandad y el desconocimiento que demostraron” en cuanto al funcionamiento de las fuerzas militares. “Todo lo que se pretende son las cabezas de Rauzzino y Lucena”, enfatizó.
Ese desconocimiento, apuntó, fue decisivo para que muchos de los militares procesados se encuentren detenidos por una “estupidez”: desconocer cómo operaba la cadena de mando. Ante ello, remarcó el caso de Darío Otero Arán, quien hace más de 1 año se encuentra cumpliendo prisión efectiva en la cárcel de Miraflores y el de su defendido Lucena, que hace seis cumple prisión preventiva.
Pero lo más destacable de su alegato, ocurrió cuando solicitó nuevamente la nulidad por la acusación en cuanto a la calificación de “asociación ilícita”.
“Nunca tuvimos conocimiento de la asociación ilícita, recién nos enteramos cuando volvió el fallo de la cámara de Tucumán”, y nuevamente volvió a plantear la anulación de la calificación. “No existió asociación ilícita, porque el desempeño de sus servicios eran en base a las órdenes que les conferían. Mis defendidos que nada tuvieron que ver con la participación, hoy están siendo juzgados”, manifestó.
Determinó que las desapariciones se libraron a través de servicios de inteligencia que operaban desde Tucumán. En el tramo final de sus alegatos, se emocionó al homenajear a los “cientos de Argentinos que dieron su vida por la Patria”.
La declaración de Mott

El abogado defensor Lucio Montero, solicitó que se incorpore la declaración del ex Gobernador de la provincia, Hugo Mott. El pedido se fundamentó después de que se analizara el último testimonio incorporado en la audiencia anterior, Aníbal del Carmen Salas, quien manifestó que al realizar el servicio militar fue llevado a trabajar en una oficina cuya función era la de controlar carpetas con antecedentes de personas, algunas de las cuales él conocía y con el paso del tiempo fueron desapareciendo. El letrado indicó que se trató de un testigo sorpresa, del cual no tenían conocimiento, y que tras averiguaciones posteriores se logró conocer que las personas aludidas, habían sido detenidas durante el Gobierno de Mott. El tribunal desistió de tal pedido.
Calificación legal

Querella de la Nación: Condenar a los imputados a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y destitución de su cargo militar, declararlo traidor de la Patria
Querella de la familia Borda: Condenar a Lucena a la pena de prisión perpetua, destitución del grado de la Fuerza Armada, declararlo traidor de la Patria.
Fiscal: Ídem anterior, pero remarcó que en caso de que el tribunal evalúe otra sentencia, Lucena debería cumplir 25 años de prisión por Asociación ilícita y privación de la libertad, mientras que Rauzzino 15 por los dos hechos antes mencionados, más violación de domicilio. Las tres partes acusatorias solicitaron prisión efectiva en el servicio penitenciario de Miraflores.
Defensa: Sobreseimiento de ambos acusados.

Fin de la impunidad para profesionales de la salud cómplices de la dictadura

“Las instituciones médicas deben colaborar con el proceso de verdad y justicia asumiendo su responsabilidad”, indicaron.

Médicos, civiles y de las fuerzas armadas, cientos de enfermeros y decenas de psicólogos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, han sido calculados en más de mil y la mayoría permanece impune, en el marco de un sistema de salud que se correspondió con el modelo neoliberal instalado a partir del 24 de marzo de 1976, según un análisis realizado por `Médicos con Memoria`.
Esta organización se creó en 2009 con la premisa de desentrañar cómo funcionó el sistema de salud durante la dictadura y de identificar a médicos, enfermeros, psicólogos y técnicos -civiles y militares- involucrados en delitos de lesa humanidad.
“La imposición del sistema represivo por parte de las fuerzas armadas contó no sólo con el silencio de una sociedad amenazada sino con la participación activa y la complicidad de civiles como el caso de la intervención de médicos y otros profesionales de la salud”, explica en un informe esta organización.
En este sentido, agrega que esa participación fue como “personal médico militar de carrera o ingresado como profesional en las tres armas, de las fuerzas de seguridad o como médicos civiles contratados o colaboradores que prestaban servicios en hospitales, centros psiquiátricos o maternidades públicas”.

 
“Participaron en actos aberrantes llegando a actuar directamente en los crímenes que se cometían con el aval de la mayoría de las instituciones de la salud, tanto públicas, como privadas, de las obras sociales, universidades, entre otras”, puntualizan los integrantes de `Médicos con Memoria`.
En la otra vereda, hubo alrededor de treinta médicos que se rebelaron al no aceptar la obligación que se les imponía y perdieron su vida, según consignó Carlos Ferreyra, cofundador de `Médicos con Memoria`, en diálogo con Télam desde la provincia de Córdoba, donde la organización centraliza su actividad.
“Otros, en cambio, aunque sabían que estaban infringiendo un juramento, torturaban por terror y continúan hoy con el pacto de silencio”, aseguró.
Del millar de profesionales de la salud que colaboraron con la dictadura más de 200 ya fueron identificados en los diferentes procesos judiciales, pero la Justicia condenó de manera firme sólo a una decena, y existen otros veinte profesionales procesados en causas por delitos de lesa humanidad.
En ese circuito del terror, `Médicos con Memoria` detectó que, además de los más de 500 centros clandestinos de detención y de los 200 centros de atención de la salud utilizados en todo el país, existieron “treinta maternidades clandestinas que funcionaban dentro de centros asistenciales públicos”.
“En Córdoba no hemos recuperado ninguno de los 44 bebés apropiados y eso se debe a que el colectivo médico y de enfermería asumió un pacto de silencio muy grande que, si lo hacemos conocer, terminará con la impunidad”, indicó Ferreyra.
Según el médico, en la estructura de los servicios de salud de la dictadura “siempre ha habido un médico militar, mientras que el jefe de Obstetricia era oficial del Ejército y coordinaba con el director de la maternidad las prácticas aberrantes”.
“Se llevaban a personas secuestradas detenidas y se las atendía en condiciones infrahumanas. Las mujeres tenían a sus hijos en condiciones oprobiosas, encapuchadas y, así como estaban, destrozadas, les sacaban a su hijo sin que supieran más de ellos”, relata el epidemiólogo.
En su informe, la organización asevera que “en la estructura operativa de cada centro clandestino o prisión militar o pública, los secuestrados eran torturados con el apoyo de personal de salud militar o civil”.
Además, señala que su participación abarcó “la supervisión de las condiciones físicas de los detenidos a fin de continuar con la tortura, además de producir informes clínicos, forenses, y certificados de nacimiento y de defunción falsos y apócrifos”.
“Los que participaron en los partos fueron cómplices de la apropiación de niños nacidos en cautiverio y quienes colaboraron dando información sobre el suministro de drogas a los detenidos que luego eran arrojados al vacío en los vuelos de la muerte”, agrega el documento.

 
Ferreyra postuló que “los médicos no podemos aparecer impasibles ante estos hechos que son el origen del delito de sustracción de identidad” y reclamó a los profesionales que informen el destino de los cuerpos “que se apilaban en las morgues de los hospitales infectando los quirófanos con olores nauseabundos”.
En ese sentido, considera que así como `Médicos con Memoria` colabora aportando información con la Secretaría de Derechos Humanos y la Procuración General de la Nación, “las instituciones médicas deben colaborar con el proceso de verdad y justicia asumiendo su responsabilidad”.
De hecho, reclamó a los colegios médicos la revisión de las matrículas porque, “de todos los procesados y mencionados, sólo a cuatro se les ha retirado la matrícula”.
Desde `Médicos con Memoria` (medicosconmemoria.blogspot.com) impulsan la creación de `comisiones de la memoria` con el fin de que se investiguen los niveles de participación de las distintas estructuras de salud en el terrorismo de Estado.

Dos siglas que simbolizaban la vida y la muerte

Dos siglas que simbolizaban la vida y la muerte, aparecen en más de 200 fojas de documentación contenida en dos carpetas que fueron incorporadas en la octava etapa del debate y que fueron aportadas por el testigo Juan Carlos “El perro” Clemente, a una organización de Derechos Humanos de Tucumán, y que fue expuesta durante el juicio que se realizó en el año 2010 por los desaparecidos de la Jefatura de la Policía de esa provincia, entre los años 1976 y 1977, y que tenía como imputados al general Antonio Bussi, y a Luciano Benjamín Menéndez.
La incorporación de la declaración testimonial de Clemente, solicitada por la fiscalía, devela las atrocidades a las que eran sometidos en el campo de detenciones que había montado la jefatura de la policía de Tucumán.

 
Terror
Clemente era estudiante de medicina y militante barrial del partido peronista, después de salir del servicio militar, comenzaron las persecuciones. Fue secuestrado en 1976 y mantenido en cautiverio en distintos centros clandestinos. En aquellas páginas en donde quedó plasmada su declaración, surgen la pesadilla y el terror que vivieron varios jóvenes, incluido el mismo, ante el atroz sometimiento de los oficiales. “En la Jefatura escuché voces, pero no sé decir de cuántos”, se desglosa en una parte del relato para tratar de desentrañar la cantidad de detenidos.

 
Prueba crucial
Finalmente, en diciembre de 1976 le dijeron “ahora vas a poder dormir en tu casa”, y después de ocho meses se reencontró con su hijo, pero su compañera se convirtió en una desaparecida más.
Progresivamente, después de esos meses y por disposición de sus captores pasó de ser un detenido a un efectivo policial. En ese periodo, Clemente fue tomando material que, tiempo después, se convertiría en un tesoro para la Justicia.
Es que justamente, lo vital del relato de Clemente, recae en una de las pruebas más reveladoras con la que contó el tribunal Oral de Tucumán para conocer el destino final de cientos de secuestros y desapariciones forzadas de personas.
Por más de una veintena de años, la víctima ocultó el material en el interior de una bolsa de plástico en un contrapiso de su casa. En esas hojas, se detallan nombres de las desapariciones, listado de oficiales, y nóminas donde se describe el manejo de la policía. En ese listado, se incluyen los nombres de 293 personas detenidas en la Jefatura de la policía de Tucumán, muchos de ellos están acompañados por las siglas “DF y DL”, que se traduce en “Disposición final y Disposición de libertad”.
Del listado total, tres de ellos fueron la razón del inicio de 10 años de investigación de la causa de desaparecidos de Catamarca. Se trata de Julio Genero Burgos, en la posición 35, Francisco Gregorio Ponce, en el 109 y Griselda Ponce en el 197. Los tres nombres, van acompañados por las iníciales DF.

La última testigo en ser transmitida a través de videoconferencia, fue la hermana mayor de Nelly, Ana, quien al igual que los otros hermanos que ya prestaron testimonio, declaró que hasta los últimos días sus padres buscaron conocer el destino de su hermana. Recordó las misivas entre su padre y Lucena, pero además dijo, opuestamente a lo que manifestó su primo Padovani, sobre la reunión que mantuvo con Enrique Basso para saber sobre el paradero de Yolanda, que el represor le advirtió a su primo que se quedaran tranquilos, porque sólo la llevaban para averiguaciones.
La lista de testigos se completó con dos ex militares retirados del Ejercito de Infantería 17, los dos coincidieron en que no tomaron conocimiento de desaparecidos en Catamarca y detallaron los procedimientos durante los censos de viviendas, en la que la orden principal era el secuestro de armamento y material bibliográfico marxista.
Fue en esta instancia, que la querella de la familia Borda, representada por el abogado Guillermo Díaz Martínez, solicitó al Tribunal que en las próximas audiencias no se permita el saludo entre ex militares con los imputados. “Con la familia de Yolanda sentimos que es un manifiesto de solidaridad con los imputados” y agregó que es una “falta de respeto para la memoria de Yolanda”. Pese a la oposición que opuso la defensa, el Tribunal resolvió dar lugar al pedido de la querella.

Pedirán ampliar la imputación por los ataques sexuales

 Una testigo identificó a su violador entre los acusadosEl fiscal federal general Gustavo Gimena y las querellas colectivas de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia y el Comité para la Defensa de la Salud, de la Ética Profesional y los Derechos Humanos (Codeseh) pedirán que se amplíe la imputación contra Laitán, por los abusos sexuales contra la testigo.
Las abogadas Julia Aignasse e Inés Lugones hicieron la reserva ante el tribunal para requerir la ampliación de los cargos contra el represor. Lugones dijo que ese delito es de lesa humanidad.

Nuevas pruebas se suman a la última etapa del juicio

Se presentarán nuevos testigos a través de video conferencias.
 

Después de 10 días hábiles de receso, hoy el presidente del Tribunal Oral Federal, Juan Carlos Reynaga, reanudará una nueva jornada del proceso que se sigue por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la provincia de Catamarca. El próximo viernes se cerraría la etapa de incorporación de pruebas y testigos, y se daría lugar a la introducción de los alegatos.
Nuevamente, el ex jefe del Regimiento de Infantería, Carlos Alberto Lucena, y el ex jefe de Policía, Juan Daniel Rauzzino, imputados por los secuestros y desapariciones físicas de Francisco Gregorio Ponce, Julio Genero Burgos, Griselda Ponce, y Nelly Yolanda Borda, se sentarán en el banquillo de los acusados para escuchar la última etapa de testigos, que estaría prevista para concluir la próxima semana.
Para hoy, está previsto que el juez Juan Carlos Reynaga, los vocales Gabriel Casas y José Quiroga Uriburu, y el juez sustituto, Carlos Jiménez Montillo, incorporen a debate un listado de nuevos testigos presenciales, y otros que se encuentran radicados en Buenos Aires, que serán trasmitidos a través de video conferencia.
Uno de los testigos que se escucharían sería una mujer de apellido Martínez, compañera en Tucumán de la estudiante belicha, Nelly Yolanda Borda, con quien no se pudo establecer contacto anteriormente.

Además, tal como se había anunciado, la suspensión del debate tenía por objeto la diligencia de ciertas pruebas que habían sido solicitadas por las partes.
Una vez que finalice la jornada de hoy, la audiencia se retomará mañana sábado, día habilitado por primera vez durante toda la instancia, a fin de acelerar el proceso.
De acuerdo con lo que indicaron fuentes consultadas, durante toda la próxima semana se sumarían más relatos y pruebas. Si el tiempo lo permite, el viernes finalizaría esta etapa y se pasaría a un nuevo cuarto intermedio para que los integrantes de la defensa, la querella y fiscalía preparen sus alegatos.

Cronología
Fue el martes 24 de abril, que luego de casi 10 años de instrucción de la causa por la desaparición de cinco personas, se escribió una nueva página de la historia de los catamarqueños con el inicio debate por delitos de lesa humanidad.
Un día de por medio después, se escuchó la declaración de Lucena, incorporada por lectura, y el relato en vivo de Juan Daniel Rauzzino. A partir de ese día, le siguieron una serie de jornadas colmadas de emotividad, a causa del agónico relato de familiares de víctimas y de otras personas que desfilaron en la sala.

Uno de los más significativos, fue el de un policía de apellido Ortiz, también sometido a vejámenes durante aquel periodo y por quien posteriormente la querella y la fiscalía solicitaron una inspección ocular en el interior de la Brigada de Investigaciones, el último lugar en el que habría estado Griselda del Huerto Ponce antes de ser trasladada a la brigada de investigaciones de Tucumán.

La última jornada se había ventilado el 4 de mayo, cuando siete testigos, la mayoría de ellos militares retirados, dieron su versión sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en Capital y el departamento Belén entre abril de 1976 y enero de 1977.

Uno de los últimos testimonios presentados en la sala de audiencias, fue el de Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, quien actualmente se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario de Miraflores, acusado de la muerte de 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo, durante la causa que posteriormente se conoció como Masacre de Capilla del Rosario.

Fue con su testimonio que la declaración vertida por el ex jefe de policía Rauzzino, cayó en un manto de dudas, después de que el militar revelara que el trato entre la policía y el Ejército en aquella época, “había sido cordial”. Cabe recordar que en la segunda jornada, durante la indagatoria, el imputado lloró y juró ante el tribunal por sus hijos y nietos, negando su participación en el secuestro y tortura de personas. También alegó que no existía relación entre ambas fuerzas por una orden del General Lucena.

De la misma forma, el relato de un médico de la fuerza militar de apellido Contreras fue significativo para desglosar cuál fue el rol del Ejército, en la desaparición de Nelly Yolanda Borda, al indicar que fue comisionado junto a otros militares para desembarcar en la ciudad de Belén, con las intenciones de “poner a salvo” a la joven estudiante, que tiempo antes había desertado de los montoneros, desde donde se intentaba secuestrarla.
Posteriormente se enteró que en aquella ciudad se produjo el secuestro de Borda, a través de los comentarios de sus compañeros de cuartel que le comentaban que había existido un secuestro, pero ellos llegaron tarde.
Está previsto que las partes comparezcan al edificio en que se lleva a cabo el debate, a partir de las 9.30 de la mañana.

“Si no están, es porque no están”

Lo afirmó un funcionario militar a un testigo que quiso indagar sobre las desapariciones de catamarqueños. 

 
La sexta jornada del debate por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Catamarca inició ayer con la declaración de cuatro testigos, dos de ellos citados por las querellas y los restantes por el defensor de los imputados, el ex jefe de Policía, Juan Daniel Rauzzino, y el ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Alberto Lucena.  

La audiencia inició con el relato de un vecino de la familia Borda y compañero de trabajo de Armando, el padre de la joven estudiante secuestrada, quien comentó que por aquellos años mantenía una amistad con la muchacha Borda, y con Juan Carrera, otro de los jóvenes belichos desaparecidos, pero durante el Golpe de Estado en Tucumán.

Mejor no preguntar
Por aquellos años, el hombre se desempeñaba como secretario del intendente de Belén, por lo que tuvo contacto con algunos funcionarios del gobierno de facto. En una oportunidad, durante un viaje a Buenos Aires, le consultó al secretario de Justicia de la Nación de ese momento, sobre las desapariciones de los dos jóvenes oriundos de su ciudad, a lo que el funcionario le respondió, “Si no están, es porque no están”.

Tiempo después, sucedió algo similar durante un viaje a la Pampa, donde logró entrevistarse con el entonces General Harguindeguy, quien llanamente le indicó que “era mejor no preguntar sobre ciertas cosas”.

Isaac dio detalles sobre el panorama en que se encontraba la ciudad de Belén el 27 de enero de 1977, a las pocas horas de que se produjera la desaparición de Yoli. Describió que la ciudad se llenó de militares que llegaron en sus vehículos y desplegaron ametralladoras que perturbaron notablemente el humor de los pueblerinos. Un día antes del secuestro, recordó observar un Peugeot de color blanco, conducido por un rubio, y acompañado por otros tres foráneos más. El vehículo fue mencionado en testimonios previos.

Uno de los datos llamativos que brindó fue que observó a personal de Coordinación Federal de la policía en el departamento Belén, y luego fue detenido por ellos en un viaje hacia Tucumán. Una de las cuadrillas más activas de la represión política.

La siguiente testigo fue la hermana del joven secuestrado en Tucumán, Juan Carrera, también oriundo de la ciudad de Belén y compañero de Facultad de Yolanda Borda. La mujer relató que el día del secuestro de Yolanda, un vecino golpeó la puerta de su casa en Belén, y le advirtió a su padre que habían secuestrado a una de las jóvenes Borda. Temiendo que los militares inspeccionaran su propiedad, los Carrera desecharon libros y revistas que pudieran comprometerlos. El hijo mayor del matrimonio había desaparecido en septiembre de 1976 en la vecina provincia, en donde militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, junto a Yolanda.

La mujer precisó que al salir a la entrada de su casa, observó 28 camiones militares. “El pueblo había sido tomado por los militares”, advirtió.

En busca de extremistas
Los dos testigos que siguieron prestaron servicio en el regimiento de infantería 17 durante el periodo de 1975-1976, y aseguraron conocer a Carlos Alberto Lucena, cuando el acusado ejercía el más alto mando dentro de la institución.

Uno de los testigos, de apellido Campos, dijo que participó de una inspección en las rutas, durante la guerrilla, bajo las órdenes del Coronel Rodolfo Mujica -uno de los oficiales que se presentó en la vivienda de la familia Ponce en 1976, el día en que desaparecieron Griselda Ponce y su sobrino, Julio Burgos. El procedimiento consistía en registrar coches y colectivos, para tratar de localizar si había “extremistas”. “Estábamos preparados para eso”, aseguró el testigo, quien confió que tales preparativos consistían en instruirlos sobre armas, preparación física para combate y los aterrizajes de paracaidismo.

El último en declarar fue un ex cadete del Regimiento de Infantería, quien confesó que participó de los censos poblacionales que se libraban en las viviendas, en donde el objetivo principal era buscar “armamentos, no bibliografía”.

Números
3 son los imputados en la causa 13/11 del tribunal Oral Federal que investiga las 4 desapariciones de los estudiantes y militantes Catamarqueños. Cerca de 18 testigos comparecieron desde la segunda jornada del proceso histórico que se realiza en la provincia de Catamarca. 8 de ellos fueron familiares de los jóvenes desaparecidos Francisco Gregorio Ponce, Julio Genaro Burgos, Griselda Ponce y Nelly Yolanda Borda. Está previsto que durante las próximas audiencias, el tribunal escuche las declaraciones de 33 testigos más. La sentencia se conocería el 8 de junio.

Ex presos políticos: “Por fin se sabrá que Catamarca nunca fue una isla”

En Catamarca se lleva a cabo el primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura contra el ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez; Carlos Lucena, ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17, y Juan Rauzzino, ex jefe de la policía provincial.
El proceso intenta determinar la desaparición y muerte de la estudiante Nelly Yolanda Borda, el delegado sindical de SMATA, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce y su sobrino Genaro Burgos, ocurridos entre los años 1976 y 1977. El juicio, calificado como histórico por diferentes actores, cobra singular importancia para los ex presos políticos quienes reflexionaron sobre el mismo.
“El 24 de marzo dije que sin memoria no existe la esperanza y este hecho histórico para la provincia, es la resultante de haber alimentado esa memoria desde la esperanza, con la mirada puesta en la verdad y en la justicia”, señala Lila Macedo, primera mujer presa política en Catamarca.
Señala además que “es necesario que con este proceso se renueve la atmósfera y transforme la realidad, para que en un futuro no lejano podamos ver a otros represores, entre ellos civiles en el lugar de los acusados, y no como están hoy, paseando displicentemente su ignominia por las calles y mezclándose entre los presentes expectantes en la sala, ocupada por familiares de las víctimas que se están reivindicando, testigos, ex presos políticos, hijos de desaparecidos, abuelas, madres, organismos de Derechos Humanos”.
Esperanza

La ex presa política hoy directora de Protocolo de la Cámara de Senadores, agrega que “de una vez y para siempre estas conductas absolutamente reprochables tienen que desaparecer y la sociedad recuperar totalmente la libertad y la igualdad. A los límites ya los conocemos, nos queda derribar las vallas de la corrupción, impunidad, injusticia, discriminación, desigualdad, indignidad, para dar paso a esta justicia que vino para quedarse definitivamente en Catamarca”.
Macedo pide colaborar “no siendo más cómplices con nuestro silencio. Ayudemos a encontrar el destino y por qué de esos cuerpos desaparecidos, ellos gritan, aquí y en toda nuestra querida Argentina, y sus almas habitan junto a nosotros clamando justicia”.
“Por ellos, por nuestra juventud, por el futuro de todos, no dejemos morir los ideales. Sigamos en la lucha, porque si la acompañamos trabajando involucrados, convencidos y comprometidos, encontraremos la paz de conciencia y de espíritu que nos proporciona el deber cumplido, y la Justicia será suprema”, concluye a modo de reflexión.
Por primera vez

También Cristina Ibáñez, otra de las presas políticas de la dictadura, sostuvo que el proceso que se lleva adelante en Catamarca es un hecho histórico.
“Por primera vez los represores están sentados cara a cara con las/los sobrevivientes de la dictadura. Pasó tanto tiempo que casi había perdido las esperanzas de que sucediera”, confiesa a El Esquiú.com.
“Tengo la sensación de que aún no se ha tomado toda la dimensión de lo que significa buscar justicia y reparación para las víctimas en particular y para toda la sociedad en general y que finalmente se sabrá que Catamarca no fue una isla, sino que aquí también la dictadura cumplió su plan de exterminio con el apoyo y complicidad de parte de la sociedad civil. Ojalá llegue la justicia y podamos volver a mirarnos y confiar”, manifestó Ibáñez.
Testimonio

Ernesto Rojas, presidente de la comisión de Ex Presos Políticos de Catamarca asegura que “con este juicio se inicia el fin de la impunidad en Catamarca, en un escenario nacional consolidado y con logros significativos para procesar y condenar a aquellos que violaron los Derechos humanos durante el terrorismo de estado cívico-militar y aún quedando muchas asignaturas pendientes”.
“Han debido pasar 36 años de los crímenes cometidos para que se pueda iniciar estas causas, en juicios tardíos, porque no hubo voluntad política en los gobiernos anteriores al de Nestor Kichner de llevar adelante como política de estado la memoria , la verdad y la justicia”, afirma.
Recuerda luego que “para el Mundial de futbol de 1978 fueron trasladados a Córdoba, desde distintas cárceles del país presos políticos que eran llevados como rehenes; allí nos aíslaron en un pabellón de la UP1 y nos avisaron que si hay un atentado sacan a uno y lo matan, si muere en el atentado un suboficial matan a 5 prisioneros y si es un oficial a 10 prisioneros y así, según los grados, aumentaban el número de prisioneros muertos.
Entre los que nos encontrábamos como rehenes se hallaba Osvaldo De Benedetti (El Tordito) ; a él lo sacaron del pabellón y apareció muerto en Tucumán salvajemente torturado en un simulacro de fuga. Carlos Lucena está imputado en las torturas y en el fusilamiento de Osvaldo De Benedetti”, agrega luego.
“Como dijo la gobernadora el pasado 24 de marzo, ‘pasamos del silencio absoluto, la angustia de no querer hablar, de querer negar , de querer olvidar, y de que acá no paso nada, a una situación de hablar de a poco…y en los últimos años empezamos a hablar’”, señaló Rojas.
Por ultimo afirmó que “se inició con este juicio la recuperación de la memoria colectiva que se trató de amortiguar por distintos medios, en donde los imputados tendrán las garantías constitucionales que no tuvieron Nelly Yolanda Borda, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce , Genaro Burgos y el tordito DeBenedetti, entre otros compañeros”.