El tribunal les imputó sólo asociación ilícita. Los condenaron a 16 y 10 años de cárcel, y les concedieron el beneficio de prisión domiciliaria.
Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en Catamarca se quejaron ayer por las condenas que recibieron dos represores, tras la finalización del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura. Mientras que Carlos Alberto Lucena, 16 años de prisión, Juan Daniel Rauzzino a 10 años. Ambos recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y ninguno fue condenado por homicidio ni desaparición forzada.
A las tres de la tarde, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Catamarca dio lectura al fallo que condenó a Lucena por ser coautor material del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Griselda y Gregorio Ponce, Nély Yolanda Borda y Justo Burgos.
Asimismo el tribunal condenó a Rauzzino por ser coautor material del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Griselda Ponce y Justo Burgos.
Lucena fue condenado a 16 años y Rauzzino a 10 - Indignación por las condenas y la prisión domiciliaria.
La mayor indignación en los presentes se produjo cuando se leyó el modo de cumplimiento de la pena: "Mantener el cumplimiento de la pena de prisión impuesta bajo la modalidad de prisión domiciliaria".
La hermana de Yolanda Borda manifestó al finalizar la lectura del fallo que "por lo menos esperaba que cumplan cárcel común efectiva".
"Ellos se van a vivir cómodamente a sus casas y dónde están los huesos de nuestros hermanos? Los jueces son unos c....", manifestó indignado uno de los presentes.
"Nos vamos con el sabor amargo por la forma del cumplimiento de la pena", dijo un abogado.Nosotros esperábamos una condena a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en una cárcel común. Ellos, los represores, se van a ir a sus casas y dónde están los huesos de nuestros hermanos", se quejaron allegados a Francisco Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos y Griselda Ponce, desaparecidos en Catamarca entre abril de 1976 y enero de 1977.
La representante de los organismos de derechos humanos en la provincia, Mirtha Clérici, manifestó su indignación, al sostener que "estos abuelitos (por Lucena y Rauzzino) se van a la casa con sus nietitos, mientras nosotros estuvimos 35 años esperando justicia para esto. Todo esto es una burla para todos los que somos familiares de desaparecidos".
En tanto, mientras trataba de aportar serenidad a los familiares, uno de los representantes de la querella, Bernardo Lobo Bougeau, actual Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, anticipó que cuestionará la sentencia "en dos o tres aspectos que me parecen esenciales".
"Son homicidios agravados, que es lo que Tribunal descartó", enfatizó Lobo Bougeau, quien añadió que "el tribunal lo descarta como homicidios y remite copia para que sea el fiscal federal de Tucumán quien investigue en la instrucción: este es un punto sustancial de nuestro alegato que no fue tomado por el Tribunal".
El querellante y funcionario nacional de los derechos humanos, cuestionó además "el bajo monto de las penas (16 y 10 años) y por la forma de cumplimiento", al sostener que "si bien quedaron con los cargos de asociación y privación ilegítima de la libertad, creemos que correspondía una escala penal más alta".
"Vamos a recurrir en casación ante la Cámara Nacional para que se pueda aplicar una pena que sea de cumplimiento en una cárcel común y vamos a seguir bregando para que la pena sea de efectivo cumplimiento", reiteró el letrado, en medio de los reclamos de los familiares de las víctimas, tras el histórico juicio que concluyó hoy en Catamarca.
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