domingo, 14 de agosto de 2016

A 42 años de la "Masacre de Capilla del Rosario".

Repudiaron el fallo de la justicia que absolvió a los condenados
En la Casa de la Memoria y en el marco de la conmemoración de los 42 años de la denominada Masacre de Capilla del Rosario, en donde 14 jóvenes fueron fusilados luego de rendirse ante los militares, se concretó una conferencia de prensa en donde hablaron sobrevivientes de la tragedia y referentes de Derechos Humanos.

Todos repudiaron el reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que resolvió en un fallo dividido absolver de culpa y cargo a Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, condenados por el Tribunal Federal local a la pena de prisión perpetua, en 2013.

Fernando Gambarella, principal testigo del fusilamiento, contó: "Este día me produce una sensación muy fea al recordar. Yo los vi, los mataron a 30 metros de dónde yo estaba. Hasta hay fotos. Yo les preguntaría con este fallo qué quieren, lo pero ya lo hicieron esa tarde, parece que estuvieran provocando”.

En tanto, Lila Macedo, como ex presa política, aseguró que el fallo era un retroceso enorme en materia de derechos humanos. "Sabemos que el fiscal y los abogados presentaron un recurso extraordinario que nosotros vamos a acompañar para lograra que haya justicia”. La mujer, como todos los demás que hablaron, aseguraron que el fallo tiene una relación casi directa con el gobierno actual. "Tengo un recuerdo aún de cuando fueron las elecciones y ellos mostraron ya cuál era su ideología, es ese cartel que escribieron con letras rojas en ex Esma que decía "el 22 se acaba el curro de los Derechos Humanos”.

En tanto, todos aseguraron que la lucha por la verdad y la justicia sigue intacta. El fallo para ellos fue una motivación para no bajar los brazos.

"Ese proceso tuvo el voto de 10 jueces a favor y los liberaron con solo 2 en contra. Es vergonzoso y aberrante”, dijeron. También repudiaron la presencia de Carrizo Salvadores desfilando durante el Bicentenario de la independencia como supuesto veterano de guerra. "Fue una provocación”, dijeron.

Finalmente, las actividades terminaron en horas de la tarde en el lugar histórico en Capilla del Rosario, bajo la organización de la juventud de la Casa de la Memoria, que contó con el apoyo del municipio de Fray Mamerto Esquiú.

El 12 de agosto de 1974 en la Quebrada de los Walther, departamento Fray Mamerto Esquiú, 14 combatientes del PRT-ERP fueron acorralados y fusilados pese a rendirse y estar desarmados, luego de verse en inferioridad numérica cuando intentaban tomar el Regimiento Aerotransportado Nº 17.

domingo, 12 de junio de 2016

Catamarca: liberan a tres genocidas condenados a perpetua

Condenados por los fusilamientos en Catamarca de 14 militantes del ERP, fueron puestos hoy en libertad en la cárcel provincial de Miraflores tras un insólito fallo de Casación.

Una Cámara Federal de Casación de Tucumán, Córdoba o Buenos Aires, con un fallo cuyos fundamentos aún no se conocen, emitieron hoy un fallo en el que resuelve absolver de sus culpas a los condenados Mario Nakagama, Carlos del Valle Carrizo Salvadores y Jorge Acosta, implicados en la denominada "Masacre de Capilla del Rosario”, ocurrida en nuestra provincia en el año en 1974.

 Los tres asesinos liberados esta noche de la cárcel provincial de Miraflores en Catamarca fueron condenados a prisión perpetua en el 2013, por los delitos de homicidio calificado, agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos.

El diario local El Esquiú exlpica que: “Entre los argumentos esgrimidos para tumbar el fallo, se tuvo en cuenta que no se cumplirían los requisitos previstos para que los actos investigados sean considerados de lesa humanidad, "por cuanto no existió una política estatal generalizada y no se le pudo atribuir a las Fuerzas Armadas una actuación sistemática contra la población civil, independiente del Estado Nacional”.

Montero consideró que se aplicaron erróneamente los principios de la prescripción, al fundar la sentencia en la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sin advertirse que las mismas se refieren a aquellos oficiales jefes, subalternos, suboficiales y tropas que actuaron entre el 24 de marzo de 1976 y el 26 de septiembre de 1983.

Para los magistrados, el Tribunal Oral Federal (TOF) de esta provincia realizó una interpretación "no errónea sino antojadiza y subjetiva del marco histórico-político de la época de los hechos materia de juzgamiento, ubicando para esa fecha la existencia de un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil que en realidad no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba (…)”.

El pasado 8 de octubre de 2013, el TOF calificó los hechos como delitos de lesa humanidad (imprescriptibles e inamnistiables) y sentenció con prisión perpetua a los tres encausados por el delito de homicidio doblemente agravado por ser con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas por 14 hechos en concurso real.”

La totalidad de los fundamentos del fallo recién se darán a conocer el día Sábado. Mientras la sociedad catamarqueña fue conmocionada con la noticia ya que los asesinos quedaron en libertad esta noche, después de una larga lucha por su condena. Los organismos de DDHH que participaron de la querella se encontraron reunidos en el sitio donde fueron fusilados los 14 militantes del ERP luego de su rendición, que hoy es un “Sitio de la Memoria”.

lunes, 23 de mayo de 2016

Ex presa política responsabilizó al ex gobernador Hugo Mott por la muertes de su padre y su hermana

Además de su prisión: "Era la Triple A en Catamarca", sostuvo

La ex detenida política Lila Macedo responsabilizó al ex gobernador catamarqueño Hugo Mott (1973-1976) por la muerte de su padre y su hermana, al ampliar su declaración ante la Justicia federal en el marco de una causa que investiga al ex mandatario por privación ilegítima de la libertad y otros delitos. "Hice responsable a Hugo Mott de la muerte de mi padre en ese accidente provocado que tuvo la delegación de Catamarca que era trasladada a Santiago del Estero en octubre de 1973" para participar de los actos de asunción del gobernador Carlos Juárez, declaró Macedo en la causa iniciada el pasado mes de abril por ella y los también ex presos políticos Hernán Colombo, María del Carmen Castillo y Ana Cristina Ibáñez.

"Mi hermana, que estaba muy enferma en Buenos Aires, fue la primera en enterarse de ese accidente, lo que hizo que se acelerara el proceso de su enfermedad y falleciera a los pocos días".
Al ampliar su declaración, Macedo señaló además que continuó "el calvario cuando fuimos liberados" y que como ex presa política a ella y a su familia les "costó muchísimo reinsertarnos en la sociedad, volver a trabajar y todas esas cosas".

Dijo poseer hasta hoy un documento de identidad en cuya contratapa está "marcada la sigla 'AE' y un número y eso quiere decir 'Actividades Extremistas' y un número de legajo".
"Hace poco descubrí qué significaba la sigla AE, pues donde que pidieras trabajo, eso era causal de que te lo impidieran y trabajar en la Administración Pública era imposible", igual que conseguir un certificado de buena conducta.

Los ex presos políticos denunciaron que fueron ilegalmente detenidos en 1974 durante el gobierno de Mott en la provincia de Catamarca.
"Mott era la Triple A"
En declaraciones hechas a Radio Centro y en diálogo con José Juárez, hace un mes Macedo dijo que "El representante de la triple a en Catamarca fue Hugo Alberto Mott. Es donde se confeccionaban las famosas listas negras y luego eran enviadas hacia Buenos Aires”.

“Mott era gobernador de Catamarca en 1974 cuando él, a través de sus famosos decretos, nos hizo detener en pleno gobierno constitucional y democrático. Yo no soy presa de la junta militar. Él fue nuestro verdugo, él determinó nuestra detenciones, nuestra persecución, nuestras cárceles. Yo tenía 18 años y estudiaba Ciencias Económicas en la UNCA. Éramos estudiantes y militantes en un momento en el que todos militaban, cuando militar no era visto como algo malo, sino como algo natural, algo bueno", relató.

“Fui detenida por decreto y liberada por decreto. Entre 4 y 5 años estuve detenida. En Catamarca no había cárceles para mujeres y después me llevaron al Buen Pastor” (Córdoba).

“Estaba mi lugar de trabajo en Prensa y Difusión (de la Gobernación) y se me presentaron tres personas en mi oficina, me dijeron que eran de la Federal de la provincia (d la delegación local de la PFA) y el Ejército, en virtud del Estado de sitio y por orden del Ejecutivo quedaba detenida, sin darme ninguna explicación”, explicó su certeza de quien ordenó su detención fue Montt. 

“A ciencia cierta nunca cumplí una condena. Todos lo que se puedan imaginar es poco. Papillon era caperucita roja de todo lo que yo viví”, 

domingo, 29 de noviembre de 2015

Tres absoluciones y dos condenas en un juicio por delitos de lesa humanidad en Catamarca

Un fallo que dejó un sabor agridulce

La fiscalía apelará la decisión del tribunal, pero destacó que se trató de un proceso con todas las garantías de la ley. Los familiares de las víctimas leyeron las bajas condenas y absoluciones como parte de un “contexto político”.

El juicio oral y público que se realizó en Catamarca fue por las desapariciones de cuatro jóvenes.

Por Alejandra Dandan

Catamarca concluyó su tercer juicio oral por delitos de lesa humanidad. Las investigaciones se hacían por la desaparición forzada de cuatro jóvenes, ocurridas entre abril de 1976 y enero de 1977. El debate analizó responsabilidades de cinco imputados, cuatro militares del Regimiento 17 Aerotransportado y un jefe de la policía provincial. Fiscalía y querellas habían pedido perpetua para todos al considerar probadas las ejecuciones porque sus nombres aparecen como “DF” o Destino Final en Tucumán. Pero para sorpresa de buena parte de la sala, el Tribunal Oral Federal de Catamarca absolvió a tres imputados y condenó a dos con penas más leves, de 9 y 12 años de prisión. El fallo generó angustia entre los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos. La fiscalía adelantó que va a apelar el resultado, aunque rescató que el juicio se hizo con todas las garantías de la ley y que no se trata de una venganza donde los acusados están condenados antes de sentarse en la sala.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz señaló: “El juicio sumó dos condenas por delitos de lesa humanidad. Además está diciendo que Catamarca no era un oasis y que la vida no era de color de rosa acá. El monto de las penas tiene también una doble lectura. Estamos esperando los fundamentos, desde ya no estamos conforme y vamos a apelar. Pero es importante para que los que son juzgados no crean que acá hay una caza de brujas, ni que estos juicios son resultados de vencedores ni de vencidos, sino que son procesos que se llevan adelante en el marco democrático dándoles las opciones de un juicio justo. Están las garantías de la Constitución y los jueces actúan libremente”.
Para familiares y sobrevivientes las condenas contienen una clave distinta. Mirtha Argañaraz de Clerici, presidenta de la Casa de la Memoria de Catamarca, dijo que no puede hacer un análisis sin tener en cuenta “el contexto político”. “Nosotros creemos que sí había elementos para condenarlos, pero resulta que además salen sueltos. Es cierto que se puede apelar, ¡¿pero cuánto tiempo nos lleva?!”
El debate que concluyó el viernes pasado era el segundo que se hacía por los hermanos Francisco y Griselda Ponce, militantes de la Juventud Obrera Católica; el sobrino de ellos, Bruno Genaro Burgos, de 19 años y menor de edad para la época, y por Nelly Yolanda Borda, una estudiante de bioquímica que militaba en el PRT. Con condenados en el juicio anterior, este debate se inició en las responsabilidades pendientes de otros imputados. Darío Otero Arán, oficial de Inteligencia (S2) del RI Aerotransportada 17 de Catamarca, que resultó condenado a 12 años de prisión. Enrique Henzi Basso, Oficial de Operaciones (S3) de la Plana Mayor de la misma compañía, a cargo del control de rutas y del censo poblacional de Belén durante el cual se produjo el secuestro de Yolanda, que fue condenado a 9 años. Entre los absueltos, estuvo Jorge Isaac Ripoll, quien reemplazó a Otero Arán en febrero de 1977 como oficial de Inteligencia (S2). Hugo además otros dos absueltos, que fueron los que más preguntas generaron entre las víctimas. Uno es Carlos Ruiz, que era jefe de la Policía de la Provincia de Catamarca cuando desapareció Francisco Ponce. Y otro, Roberto Sergio Mujica, jefe de la Sección Tiradores de la misma compañía RI Aerotransportada 17.
Para los acusadores, Mujica fue uno de los responsables del secuestro el 15 de diciembre de 1976 de Griselda y de su sobrino Julio Genaro Burgos, que estaba de paso por Catamarca. La patota volvió a la casa un día más tarde. En esa ocasión quemó libros y papeles, pero además robó máquinas de fotos y filmadoras. Entre los rastros que dejó el grupo operativo, existe un acta burocrática que aparentemente llenaban después de cada operación, y que lleva la firma de Mujica. Un vecino también lo reconoció y dio testimonio en la audiencia. Y una persona mayor, dueña de casa, aunque lo describió más alto de lo que es, identificó la voz.
El TOF de Catamarca está integrado por Julián Falcucci, Jaime Díaz Gravier y Carlos Julio Lascano. Aunque aún no dieron a conocer los fundamentos de la sentencia, se cree que no tomaron en cuenta la acusación por homicidio. El planteo se había repetido en el juicio anterior, pero aquí se daba por resuelto. Los imputados estaban acusados por secuestros y tormentos porque las víctimas están desaparecidas. Sin embargo, la declaración de un sobreviviente de Tucumán, Juan Carlos Clemente, que aportó listados con tres de los nombres y la sigla DF, y la declaración de sobrevivientes que los habían visto en Tucumán ya en el juicio pasado, permitieron probar el traslado a Tucumán y constatar los asesinatos. Cuando, en el juicio pasado, querellas y fiscales incorporaron esta prueba el TOF (con otra integración y un voto en disidencia) no hizo lugar al planteo con el argumento de la “congruencia”: un acusado no puede ser condenado por un hecho por el que no fue acusado antes del juicio. Sobre esto hay y hubo debates, pero las acusaciones viene sosteniendo ahí y en todo el país que no se trata de acusaciones o hechos nuevos sino de un hecho que concluye con el asesinato y lo que cambia es sólo la calificación legal. El último 29 de octubre un fallo de la Sala II de Casación Penal de la Nación integrada por Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David entendió viable el reclamo, validó la ampliación de la acusación en el alegato, entendió que no se violó el principio de congruencia y pidió a los jueces que revisen la condena. Así, los pedidos de condena para este juicio –aún sobre otros imputados– se realizó siguiendo esa misma lógica habilitada ya por Casación, porque entendieron que no había hechos nuevos sino cambio de calificación legal. Por eso, la sorpresa.

viernes, 24 de octubre de 2014

Prisión preventiva EN SU CASA para juez cómplice en la Masacre de Palomitas

Dictaron el procesamiento con prisión preventiva contra el ex juez federal Ricardo Lona
Cómplice en la Masacre de Palomitas

El juez federal Fernando Poviña procesó a Lona por su complicidad con el homicido de los once presos políticos que fueron fusilados el 6 de julio de 1976 en una ruta del departamento de General Güemes. El ex camarista permanecerá detenido transitoriamente en su casa.

El ex juez federal salteño Ricardo Lona fue procesado ayer con prisión preventiva por su actuación en la Masacre de Palomitas, como se conoce al fusilamiento de once presos políticos el 6 de julio de 1976 en una ruta del departamento de General Güemes. La detención de Lona, ordenada por el juez federal Fernando Poviña, se cumplirá transitoriamente en su casa por una indisposición que sufrió al momento del operativo. El procesamiento como cómplice primario de once homicidios agravados por alevosía y premeditación se suma al dictado dos meses atrás por el mismo juez Poviña por los delitos de encubrimiento y prevaricato en el caso del secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone.

Durante casi una década, Lona salió indemne de todos los procesos por su actuación durante el terrorismo de Estado. En 2004, cuando todavía era camarista, fue sometido a un juicio político justamente por haber consentido y no investigado la Masacre de Palomitas. Frente a las evidencias y a los reclamos de los familiares de los detenidos, incluso antes del fusilamiento, Lona contó con el apoyo de una sólida red de contención en la corporación judicial. Su abogado fue el ex camarista Andrés D’Alessio. Entre los miembros del jury estuvo el ex supremo Augusto Belluscio. Lona logró que declarara a su favor Enrique Petra-cchi, juez de la Corte Suprema recientemente fallecido, y que un amigo suyo, Enrique Paixao, ex funcionario de Raúl Alfonsín, reemplazara a D’Alessio tras su fallecimiento. El Gobierno le aceptó la renuncia tras la absolución.

El avance del proceso penal no fue menos arduo. Por amistad o afinidad con el magistrado se excusaron 67 funcionarios judiciales, entre jueces, abogados y secretarios designados sucesivamente como subrogantes. “A Lona lo protege, por acción u omisión, gente que él mismo dejó nombrada en el Poder Judicial”, explicó el año pasado el fiscal Horacio Azzolín.

A principios de agosto, Poviña lo procesó por la desaparición del ex gobernador Ragone, el 11 de marzo de 1976, más el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las heridas que sufrió Margarita Martínez de Leal, testigos del secuestro. El juez dispuso entonces que Lona continuara en libertad, aunque le prohibió salir del país y le trabó un embargo de 500 mil pesos. Entre otras graves falencias de su investigación, Lona no le tomó declaración testimonial a la sobreviviente y testigo, impulsó “medidas contrarias al esclarecimiento de los hechos”, como la entrega del cadáver de Arredes sin la previa realización de la autopsia, declaró a Ragone “legalmente muerto” y dispuso el sobreseimiento provisional de la causa el 31 de mayo de 1976, doce días después de haberla recibido, “sin ordenar ninguna medida de prueba”, según surge del procesamiento. En su descargo, por escrito, Lona sugirió que por entonces “no era posible saber que la policía actuaba en forma contraria a derecho, ocultaba información a las autoridades o incumplía medidas judiciales”.

Ayer sumó su segundo procesamiento, por la Masacre de Palomitas. “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”, fue la escueta versión de los hechos que Carlos Alberto Mulhall, jefe de la Guarnición Militar Salta, le entregó entonces a Lona. Los presos habían sido sacados del penal de Villa las Rosas y fueron fusilados al costado de la Ruta 34. Los fiscales Azzolín y Juan Manuel Sivila lo acusan en una tercera causa por deficiencias en los trámites de hábeas corpus y la no investigación de denuncias de víctimas y familiares.

“La detención de Lona es una noticia largamente esperada por las víctimas de la represión en Salta”, destacó Sivila. “Se trata de un proceso con muchísimos obstáculos, que incluyeron infinidad de excusaciones. Con la llegada del doctor Poviña la causa tomó un trámite más cercano a la normalidad de lo que debe ser un proceso”, consideró. El representante del Ministerio Público destacó que Lona “fue una persona funcional al plan sistemático de represión ilegal” y que del análisis de los expedientes “surge claramente que se hacían denuncias concretas, gente que era conducida al juzgado luego de la tortura, que denunciaba esas torturas e incluso exhibía las marcas, y sin embargo sus denuncias no tenían ningún tipo de trámite”, recordó.

miércoles, 11 de junio de 2014

Represores en libertad intentan dilatar el juicio por crímenes de lesa humanidad en Catamarca

El único autor material, Roberto Sergio Mujica, está en libertad interponiendo medidas cautelares, junto a los otros tres imputados.  Buscarían que Menéndez sea sometido en plenario como autor intelectual

A días de elevar el Juzgado Federal a juicio oral y público la causa en la que están imputados los militares retirados Enrique Basso, Jorge Isaac del Pino, Carlos Ricardo Ruiz, Roberto Sergio Mujica y Darío Otero Arán, acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar, los acusados interpusieron una medida cautelar para que no se realice el mismo.

De los cinco represores a ser juzgados (cuatro, Enrique Basso, Jorge Isaac del Pino, Roberto Sergio Mujica y Carlos Ricardo Ruiz, jefe de la Policía de la provincia en la dictadura) están libres interponiendo medidas cautelares para no llegar a juicio.

Este proceso, que se viene prorrogando debido a la estrategia implementada por los represores en libertad, a través de su defensor el abogado Luis Segura, corresponde a la segunda parte de la causa que ya juzgó y condenó en 2012 al general (R) Carlos Alberto Lucena, a 16 años de prisión, y a Juan Daniel Rauzzino a 10 años de cárcel.

"La estrategia alteró el ánimo de los querellantes y los organismos de derechos humanos que reclaman la elevación inmediata a juicio, más sabiendo que los autores directos se encuentran en plena libertad. Se sospecha no haya apuro para que se realice el juicio debido a la estrecha relación del abogado Luis Segura con el Juez que lleva adelante dicho proceso", afirmaron desde Derechos Humanos de la provincia.

La imputación por la que responderán será el delito de "privación ilegítima de la libertad en el marco de la desaparición forzada de personas en concurso real por asociación ilícita".

La causa investiga la desaparición y muerte de los catamarqueños Francisco Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce, el sobrino de ambos Julio Genaro Burgos y la estudiante Yolanda Borda, desaparecidos en la provincia entre abril de 1976 y enero de 1977.
De los cinco acusados, el único que permanece detenido actualmente es Darío Otero Arán, por más de tres de años.

En la primera parte del juicio se debatió sobre las circunstancias en que fueron desaparecidos Griselda Ponce y Genaro Burgos, el 15 de diciembre de 1976; Francisco Ponce, el 6 de abril de 1976, y Yolanda Borda, el 27 de enero de 1977.

Según fuentes judiciales uno de los objetivos que tendría el Ministerio Público sería que en el primer día del debate sea sometido en plenario el ex teniente general Luciano Benjamín Menéndez, por entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, como uno de los autores intelectuales del hecho.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Para el Tribunal existía un "plan sistemático de exterminio"

Jorge Acosta, Carlos Carrizo Salvadores y Mario Nakagama fueron condenados a prisión perpetua.

 El Tribunal Oral Federal (TOF) de Catamarca dio a conocer los fundamentos de la sentencia en la causa por la denominada "Masacre de Capilla del Rosario", por la que fueron hallados culpables y condenados a prisión perpetua los militares Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta.
En el documento, de más de 300 páginas, y al que tuvo acceso El Ancasti, el TOF, entre sus principales argumentos, se refiere a que los tres represores actuaron "en cumplimiento de un plan sistemático de exterminio en contra de la población civil y que tomaron parte activamente en la ejecución de los ciudadanos".
En cuanto a la reconstrucción de lo ocurrido el 12 de agosto de 1974, el Tribunal ratifica el fusilamiento de los 14 militantes del ERP en el monte. "Habrían sido rodeados y cercados, habiéndose rendido" y más adelante señala que "estando ya desarmados y sin posibilidad de resistencia alguna habrían sido abatidos y/o ejecutados con ráfagas sostenidas de disparos provenientes de armas de repetición".

Testigo clave
Consideraron de "fundamental importancia" el testimonio del ex conscripto José Gambarella, quien presenció los fusilamientos de cuatro personas "que se encontraban con las manos en alto".
"Los fusilamientos fueron ordenados desde los mandos superiores y ejecutados por los tres encartados (Nakagama, Acosta y Carrizo Salvadores). Para los jueces, los militares ocuparon una posición clave en el episodio. Carrizo Salvadores "era el encargado último de coordinar el operativo, Nakagama debía ubicar a las víctimas desde un helicóptero". En cuanto a la responsabilidad de Acosta, éste puso a disposición los miembros de su compañía "para que se internen en el monte y aniquilen a las víctimas".
El pasado 8 de octubre, el TOF dictó sentencia. Carrizo Salvadores y Nakagama seguirán cumpliendo su pena en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, en tanto que Acosta lo hará en el Penal de Bouwer, en la provincia de Córdoba.

martes, 8 de octubre de 2013

Masacre Capilla del Rosario : Condenaron a tres represores a prisión perpetua

La masacre de Capilla del Rosario

Fueron juzgados por el fusilamiento, el 12 de agosto de 1974, de 14 integrantes del ERP. Los condenados son Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta.

Los represores Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a prisión perpetua por la denominada masacre de Capilla del Rosario, perpetrada el 12 de agosto de 1974 en la provincia de Catamarca, en la que 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron fusilados. En una sala colmada por integrantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, concluyó el proceso judicial –el segundo por crímenes de lesa humanidad en esa provincia– que se extendió durante cinco meses y donde prestaron declaración más de 50 testigos. El tribunal del juzgado oral federal, integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, los condenó por los delitos de “homicidio calificado, agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos”. En la resolución, se dispuso además la inhabilitación absoluta y perpetua de los sentenciados.

Los homicidios doblemente agravados correspondieron a la muerte de Mario Lescano, Juan de Olivera, alias Héctor Moreno, Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Billinger, Carlos Anabia, Raúl Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Orbano, Roberto Jerez, Rutilio Dardo Betancour Roth, Alberto Rosalez y Hugo Caccivilliani Caligari. El tribunal dispuso además que los condenados Carrizo Salvadores y Nakagama continúen en prisión en el Servicio Penitenciario de Miraflores, en la provincia de Catamarca, y que Acosta cumpla su condena en el Servicio Penitenciario de la localidad de Bower, en Córdoba. El fallo coincidió con lo que habían solicitado los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la fiscalía de Estado de la provincia.

El 12 de agosto de 1974 en la quebrada de Los Walther, cerca de Capilla del Rosario, fueron fusilados 14 miembros del ERP. Formaban parte de un grupo que intentó copar el Regimiento Aerotransportado 17, pero fueron sorprendidos por la policía. Una parte de los militantes fueron detenidos, otros se dieron a la fuga y el grupo que fue cercado en Capilla del Rosario fue ejecutado por las fuerzas del Ejército luego de deponer las armas.

La causa se inició en 2004, a pedido de organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los NN que habían sido enterrados en el cementerio local. El juez federal subrogante Pedro Navarro se declaró competente, y así fue que el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó las exhumaciones e identificó al santiagueño Rozales y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari.

Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, comenzaron a declarar militares, policías y soldados, y en mayo de 2009 Nakagama, que en ese momento era jefe de la sección morteros pesados del Regimiento 17, se convirtió en el primer detenido por la masacre. Fue detenido luego Carrizo Salvadores, que entonces era asistente del jefe del Regimiento y que en 2004 llegó a ser jefe de Policía de Jujuy, y finalmente fue procesado Acosta, que en 1974 tenía a su cargo una compañía del regimiento y ya fue condenado por su actuación en La Perla.

En el juicio declaró José Gambarella, quien estaba cumpliendo el servicio militar en 1974 y presenció el asesinato de los militantes del ERP. “Vi caer al primer joven que salió con las manos en alto y a una queriéndose cubrir la cara, y vi caer a cuatro más”, relató.

La sentencia tuvo la disidencia parcial del juez Casas, quien votó por la inconstitucionalidad del artículo 80 del Código Penal, por falta de mínimo penal que no permite mensurar culpabilidad y propone pena de prisión de 16 años.

jueves, 3 de octubre de 2013

Masacre de Capilla del Rosario: El exrepresor Manzanelli admitió las ejecuciones de los guerrilleros

Aunque se mostró reticente ante el tribunal, reconoció las entrevistas y las cartas enviadas al periodista Gustavo Molina.
 
El exrepresor Manzanelli admitió las ejecuciones de los guerrilleros

Luis Alberto Manzanelli, el represor que purga una condena perpetua en Córdoba por crímenes de lesa humanidad, admitió ayer que de acuerdo a la información que él manejaba, lo de Capilla del Rosario fue un fusilamiento. En horas de la siesta se realizó la toma de la declaración testimonial de Manzanelli, en las instalaciones del Tribunal Oral Federal Nº 1 de la provincia de Córdoba. Hasta allí se trasladaron las partes que componen el juicio que se desarrolla en nuestra provincia.
El extorturador fue trasladado desde el penal cordobés y una vez que estuvo ante el tribunal, reconoció su firma y el contenido de las cartas que le había entregado al periodista de Clarín Gustavo Molina, luego de forjar una relación tras una serie de entrevistas que éste le hizo en el año 2006.
Reticente ante las preguntas y con cautela para eludir una auto incriminación, Manzanelli explicó que si bien admitía el contenido de las cartas, todo lo que sabía sobre lo ocurrido en Catamarca lo conocía por una cuestión subjetiva, por comentarios.
La toma de este testimonio surge a partir de la declaración del periodista Molina, quien señaló que Manzanelli le había explicado que a partir de lo sucedido en Trelew, el ejército ya no tomaba prisioneros, sino que directamente procedía al fusilamiento.
El exmilitar estuvo en nuestra provincia durante la época en la que ocurrió la masacre de Capilla. Según quedó acreditado, Manzanelli fue enviado desde Córdoba para instalarse en el regimiento local en una misión de inteligencia, desde donde pudo conocer lo que pasó con el frustrado intento de copamiento del entonces Regimiento 17 de Infantería. Años después, le contaría a Molina que el operativo de Capilla del Rosario estaba al comando del imputado Carrizo Salvadores, quien acudió al lugar junto a Nakagama.

Acosta

Respecto a la participación de Acosta, en una nota concedida al diario Clarín, Molina explicó lo siguiente: “Yo creo que, efectivamente, Acosta participa activamente como indica Manzanelli, en la ejecución de los guerrilleros. Y por tratarse de un oficial, que comparte después con él un rol en la represión ilegal, comienza a gestarse allí cierta inquina. Por eso, en el relato que Manzanelli hace de los hechos, él se pone en una situación superior, como que en su rol de suboficial fue a Catamarca a hacer el trabajo que los oficiales no hicieron. Y lo que le debe molestar, es que fue recluido en la base a hacer tareas de inteligencia y no pudo ir al monte a participar de la acción armada, como sí lo hizo Acosta”.
Cabe recordar que en la estructura del CCD La Perla se destacó por ser uno de los torturadores más feroces.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Masacre de Capilla del Rosario “Nakagama me dijo que con su arma había matado a mis compañeros”

Lo aseguró uno de los sobrevivientes que declaró en la última audiencia. El 4 de octubre, los alegatos.

“Nakagama me dijo que con su arma había matado a mis compañeros”

Los imputados fueron situados en el lugar de los hechos.

En la sala de audiencias del Tribual Oral Federal de Catamarca, tuvo lugar la última audiencia del juicio por la “Masacre de Capilla del Rosario”, como se conocen los hechos en los que resultaron aniquilados 16 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.
A lo largo de la misma, declararon varios testigos propuestos por la secretaría de Derechos Humanos -constituida en querellante-, representada por el abogado Guillermo Díaz Martínez, quienes reafirmaron la hipótesis sostenida por esa parte desde el inicio del debate, que indica que los tres imputados -Mario Nakagam; Carlos Carrizo Salvadores y Jorge Exequiel Acosta- fueron los que dieron la orden de aniquilamiento y que los jóvenes pertenecientes al ERP se encontraban desarmados y trataron de rendirse al ser encontrados por los militares y policías, en agosto de 1974.
Los tres sobrevivientes, Raúl Lescano, Alfredo Mustafá y Gutiérrez, se separaron del grupo antes de la noche del sábado 10 de agosto, con órdenes de llevar a uno de los heridos en ese enfrentamiento para que sea asistido en Banda de Varela.
Los testigos, a su vez, identificaron, a través de fotografías, al cuerpo de Antonio “El Negrito” Fernández, el líder de la misión guerrillera que también perdió, junto al resto de sus compañeros, en la masacre.
En un momento de su relato ante el Tribunal, Mustafá aseguró que, cuando estaba privado de su libertad, luego de la muerte de sus compañeros en la Jefatura de Policía, el mismo Nakagama se acercó a él, en momentos en que lo trasladaban para hacerle unas curaciones, y le dijo expresamente, mientras le exhibía su arma: “Con ésta maté a tus compañeros. Si también la querés, salí corriendo”, en lo que él interpretó como una clara amenaza, con intención de que corra para dispararle desde atrás.

Manzanelli

Posteriormente, declaró el periodista corresponsal de Clarín en Córdoba, Gustavo Molina, que en 2006 realizó una serie de entrevistas al exrepresor Luis Alberto Manzanelli, en las que se desprendió parte del accionar de los imputados, en relación a los hechos de Capilla del Rosario.
El testimonio de Manzanelli sitúa a los tres imputados en el lugar de los hechos, específicamente, a Nakagama y Carrizo Salvadores en la quebrada ubicada en esas inmediaciones. Para obtener de boca del testigo la confirmación de estos dichos, el Tribunal se constituirá en su lugar de detención, el 30 de septiembre.
Por su parte, Liliana Calliso, que estuvo presa en el Centro de Detención de La Perla, en Córdoba, aseguró que, en el marco de la impunidad que le otorgaba el hablar con alguien que no pensaba que fuese a salir, el propio Acosta le dijo que había participado de la masacre.
Otro detenido en ese centro, Piero Vinotti, aseguró, asimismo, que uno de los militares le dijo que “nos convertimos en asesinos a partir de Catamarca”.
El militar Carlos Suárez, testigo presentado por la defensa, terminó reconociendo que la orden recibida era la de “aniquilamiento”; pero, a partir de su testimonio, la Querella ordenó que se investigue al exmilitar, por su posible responsabilidad en los hechos.

Tramo final

Luego de la audiencia a Manzanelli, se esperan los alegatos, que tendrán lugar el 4 de octubre, por parte de los integrantes de la Querella, y el 7, para la defensa de los tres imputados, Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Acosta.

Fuente: http://www.elesquiu.com

lunes, 5 de agosto de 2013

Declaran cuatro sobrevivientes de la Masacre de Capilla del Rosario

Son testigos claves para el juicio

El imputado Mario Nakagama durante la inspección con su abogado.

El juicio por la Masacre de Capilla del Rosario -iniciado el pasado 6 de mayo- verá su continuidad durante la jornada de hoy, ya que cuatro testigos claves para el devenir del juicio ofrecerán su declaración testimonial ante el Tribunal Oral Federal. Los cuatro testigos son sobrevivientes de los violentos sucesos acaecidos entre el 10 y 12 de agosto de 1974 en inmediaciones de la Quebrada de los Walther y la Capilla del Rosario. Todos llegarán de distintos puntos del país con el objetivo de explicar ante los magistrados su grado de participación en el intento de copamiento del 17º Regimiento de Infantería Aerotransportada y la forma en que lograron huir tras el fracaso rotundo que sufrieran como consecuencia de la intervención de las policías Federal y Provincial, y de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, es importante destacar que si bien dos de los cuatro testigos en reiteradas oportunidades han asegurado haber sido parte del grupo supuestamente dirigido por el Hugo Irurzún -alias Capitán Santiago-, nunca rubricaron estas afirmaciones por medio de una declaración testimonial formal ante los investigadores y la Justicia Federal. Por esta razón, ésta será la primera vez que hablen en el marco del proceso de la causa de manera formal dando a conocer la información sobre los hechos de agosto del ‘74.
Su testimonio es clave para el juicio ya que podría apuntalar las versiones brindadas por el exconscripto José Gambarella, quien explicó que presenció en forma directa cuatro fusilamientos, además de haber guiado personalmente al tribunal y las partes del proceso en la inspección ocular por medio de la cual se determinó el espacio físico donde los violentos hechos tuvieron lugar.
Puntualmente, estos testimonios podrían abonar la hipótesis principal de debate del juicio -la existencia de los fusilamientos y por ende crímenes de lesa humanidad- explicando los detalles posteriores a los primeros enfrentamientos hasta el momento fehacientemente comprobados.
Uno de los puntos a determinar con mayores precisiones -más allá del testimonio de Gambarella- es si los guerrilleros de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” estaban armados al momento de su muerte o no. Por otro lado, cabe destacar que los cuatro testigos -entre ellos Mario Paz y Jorge Ramírez- efectivamente fueron víctimas de violentos episodios de torturas en aquel entonces y además debieron purgar en forma posterior a los hechos de Capilla del Rosario una condena de 10 años de prisión por asociación ilícita.
La audiencia arrancará en las primeras horas de la mañana y, dada la importancia de los testigos, se espera que se extienda durante toda la jornada. Los sobrevivientes darán una conferencia de prensa posteriormente.

Inspección ocular

En una de las últimas jornadas de acción del juicio, el tribunal y las partes intervinientes acudieron al lugar donde habrían acaecido los hechos con José Gambarella -exconscripto- como guía para reconocer el espacio físico de los hechos.
El abogado Montero -defensor de los imputados- criticó con dureza ese procedimiento acusando al testigo de “sacar a pasear” al tribunal sin conocer el lugar.

Fuente: http://www.elesquiu.com

martes, 23 de julio de 2013

Repudio al proyecto de indemnización a familiares de militares

De: Medehs Goya <medehsgoya@gmail.com>
Fecha: 22 de julio de 2013 11:21
Asunto: repudio al proyecto de indemnización a familiares de militares y soldados fallecidos en el asalto al R29 de Formosa en 1975
En nombre de MEDEHS (Memoria, DDHH y Solidaridad) de Goya , Corrientes adherimos y apoyamos las declaraciones de Familiares de Tucumán y Familiares de la Masacre de Margarita Belén repudiando el proyecto de indemnización a familiares de militares y soldados fallecidos en el asalto al R29 de Formosa en 1975.

Este proyecto de ley va a contramano de todo el trabajo en torno a la defensa de los DDHH, cuyo inicio lo referenciamos hace ya 36 años con el surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo y que a partir del 2004, cuando el presidente Néstor Kirchner bajó los cuadros, se convirtió en POLITICA de ESTADO.

Nos preguntamos entonces ¿que intereses defiende este proyecto que nos retrotrae a etapas superadas en las que se diluía o enmascaraba el genocidio perpetrado por los que asaltaron el poder del Estado en la Teoría de Los dos Demonios? Y mas aun, esta Ley se trata en momentos en que logramos poner en debate y en la Justicia a los civiles, empresarios e ideólogos, que participaron y le dieron *letra* a los militares.

Es urgente que los Legisladores reflexionen y subsanen la equivocación, este es el objetivo de nuestras palabras y por ello nos sumamos a todos los compañeros y organizaciones hermanas con la memoria de los 30.000 más viva que nunca.

Elías Osmar Bello: Presidente
Alicia Helena Casabonne: Vicepresidenta

lunes, 8 de julio de 2013

Masacre Capilla de Rosario: Un testigo señaló el lugar exacto donde fueron ejecutados los militantes

Durante casi cuatro horas se llevó a cabo la inspección ocular en el escarpado lugar donde ocurrieron los fusilamientos.
El procedimiento fue un valioso avance en la causa.

Tal como estaba previsto, se realizó ayer la esperada inspección ocular en el lugar de los hechos donde ocurrió la Masacre de Capilla del Rosario. Un testigo indicó el lugar donde habría estado parado cada uno de los imputados.
Durante casi cuatro horas miembros del tribunal, los imputados, la querella y testigos treparon por los inhóspitos montes y recorrieron la zona.
Los intervinientes en el acto procesal remarcaron la importancia del mismo ya que se pudo señalar con exactitud el lugar donde fueron fusilados los 16 miembros del ERP, aquella siesta del 12 de agosto de 1974.
Cerca de las 9 la comitiva llegó hasta la iglesia y minutos después, apoyados por personal de gendarmería, policía federal y provincial, además de personal del minihospital de San José, partieron hacia las alturas.
El largo recorrido se hizo por una parte de pendiente abrupta, accidentada y de difícil acceso.
El protagonismo de la jornada se lo llevó el testigo clave José Gambarella. Durante 1974, el hombre cumplía con el servicio militar y le tocó no solo presenciar el hecho sino ayudar luego a cargar un cuerpo.
Mientras caminaban por los agrestes parajes, Gambarella ayudó a los presentes a retrotraerse casi 40 años en el tiempo y revivir aquella siesta, respondiendo a todas las preguntas de las partes.
Por otra parte, el periodista Luis Mercado, señalaba el lugar en la ruta desde donde Carlos Carrizo Salvadores estaba al mando y habría dado la orden de aniquilamiento.
Debido al paso del tiempo, es casi una obviedad remarcar que el lugar cambió su vegetación y algunos árboles, como ser los palos borrachos, ya se extinguieron.
En cierta parte del recorrido, Gambarella fue consultado por el fiscal sobre cómo eran alimentados los soldados, a lo que respondió que se hacía con cajones de naranja. Momentos después, comenzaron a aparecer por la zona restos de dichos cajones.
Casi al final del recorrido, en un cañadón cercano a Aguas Coloradas, Gambarella encontró el lugar exacto de la masacre y se detuvo. Consultado posteriormente, el querellante Guillermo Díaz Martínez explicó: “Ante la consulta del ministerio público fiscal sobre la ubicación de (Mario) Nakagama, dijo que estaba a su derecha, luego desde esta querella preguntamos dónde estaba el imputado (Jorge) Acosta y dijo ‘ahí’, lo posicionó”.
Entre otras conclusiones, se remarcó que con el conocimiento tangible de la geografía del lugar, no era posible el descenso de un helicóptero donde mataron a los guerrilleros

El presidente del tribunal, Juan Carlos Reynaga, señaló que el juicio entraba en cuarto intermedio hasta la conclusión de la feria judicial. La próxima jornada se realizará el 5 de agosto, donde se espera por la presencia de testimonios de sobrevivientes de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez.

Al término del procedimiento, el querellante Guillermo Díaz Martínez indicó que “fue un día importantísimo para la causa, creo que ya no queda lugar a ninguna duda. Gambarella fue contundente una vez más, precisó el lugar donde vio la rendición, los fusilamientos y quiénes fueron los que dispararon. Contó también dónde estaban los imputados Nakagama, Carrizo Salvadores y Acosta, es decir, puso tiempo y lugar. Por ello entendemos que el tribunal se va lleno de certezas y que esta medida era necesaria, así que nos vamos sumamente conformes”, expresó el letrado.
En el mismo sentido, Bernardo Lobo Bugeau remarcó que la prueba es de “vital importancia para este proceso, donde diversos testigos hicieron conocer de primera mano al presidente del tribunal dónde estaban situados todos”.
“Gambarella dijo ‘éste es el lugar’, luego de una larga caminata por estos terrenos, cuando nos acercamos a un cañadón”, afirmó Lobo Bugeau. “No solo que ése era el lugar, sino que indicó por dónde los vio, tanto a Acosta como a Nakagama”, agregó.
Cuando fue consultado si de acuerdo a lo que transcurrió del juicio ya se podría solicitar la pena máxima, fue claro: “Creemos que en lo ya transcurrido hemos colectado y probado con un grado de convicción suficiente para el tribunal el grado de responsabilidades y autorías de cada uno de los tres imputados. Además restan sobrevivientes de la propia compañía de monte [...]”.

Lo importante de esta inspección ocular es determinar que los helicópteros habrían ingresado a retirar los cuerpos y trasladarlos a hacia a ruta donde se habría producido el enfrentamiento. De gran valía para fiscalía y la querella de que el tribunal pueda observar el aspecto topográfico de la zona de dónde se produjeron los hechos, muy escarpado y montañoso.
Otro hecho particular que ocurrió durante la travesía, es que un testigo Juan Carlos Añauque, de 80 años de edad, quien en ese entonces pertenecía a la Brigada de Investigaciones de la Policía, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista luego de que se le bajara la presión.

domingo, 23 de junio de 2013

Masacre Capilla del Rosario : El soldado que vio el fusilamiento

El testimonio de Jose Gambarella en el juicio.

Gambarella estaba cumpliendo el servicio militar en 1974, cuando presenció el asesinato de militantes del ERP en Catamarca. “Vi caer al primer joven que salió con las manos en alto y a una queriéndose cubrir la cara, y vi caer a cuatro más”, contó.

 Por Alejandra Dandan

En 1974 José Gambarella hacía el servicio militar en Catamarca. Ahora declaró como testigo en la causa por la masacre de Capilla del Rosario, que investiga el fusilamiento de un grupo del ERP de agosto de 1974. La querella comparó su testimonio con el del “fusilado que vive” de José León Suárez –recogido por Rodolfo Walsh en Operación Masacre– o los sobrevivientes de la Masacre de Trelew. “Vi caer al primer joven que salió con las manos en alto y a una queriéndose cubrir la cara y vi caer a cuatro más. Ahí –soy sincero–, me hice para atrás, no quise seguir mirando, me alejé unos metros”, explicó. “Lo que me sorprendió es que yo estaba prestando servicios, era un soldado, y a nosotros nos enseñaban que ante un paracaidista había que esperar que llegue a tierra para matarlo en caso de guerra; si lo mataban en el aire era un fusilamiento. En caso de guerra, había que tomarlos prisioneros, todo eso me vino a la cabeza, porque si se rindieron, ¿por qué los matamos?, ¿por qué no los tomamos prisioneros?”

José Gambarella estuvo sentado por un hora en la sala del juicio en Catamarca. La causa fue compleja durante la instrucción porque los fusilamientos se produjeron antes del golpe de Estado. Pese a que ya había pasado Trelew, la lógica judicial pedía que las pruebas demuestren que éste no era un hecho aislado sino parte del plan de aniquilamiento estatal y, por lo tanto, un crimen de lesa humanidad, imprescriptible. Esto es otro de los ejes que intenta probar este juicio: además de los fusilamientos, el contexto. En ese sentido, el testimonio de Gambarella también fue importante porque su relato, estremecedor, incluyó el momento en el que él mismo empieza a ser perseguido por aquel acto de humanidad.

Los fusilados pertenecían a la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez, del PRT. El sábado 10 de agosto, un colectivo con unos 47 integrantes que viajaban desde Tucumán llegaron a Banda de Varela, a unos siete kilómetros de Catamarca. Estacionaron a unos cien metros de la ruta. Mientras esperaban un vehículo con armas fueron descubiertos y tiroteados por la policía. El grupo se desbandó. Una parte se fue a Tucumán y salvó la vida; otro grupo se internó en medio del monte desprovisto de todo, con hombres heridos.

El lunes 12 de agosto, Gambarella llegó a Banda de Varela con su compañía. “Nos informaron cuál era el motivo por el que estábamos ahí, que se iba hacer un rastrillaje interno, casa por casa, en el cual nos tocó avanzar a nosotros. Tres horas habremos hecho de recorrido hasta que llegamos a Aguas Coloradas.” Desorientados, preguntaron a un sargento cómo salir a la ruta. Cuando salieron eran las 12 del mediodía del lunes, estaban a un kilómetro de Capilla del Rosario y en la ruta estaba la plana mayor del Ejército. Entre ellos, Carlos Carrizo Salvadores, jefe del Operativo y acusado en este juicio. Según Gambarella, “parecía que ya tenían información de dónde se encontraban ocultos estos guerrilleros, porque formaron grupos para ir a buscarlos. Así, salimos aproximadamente a la 1 de la tarde, habremos caminando unos 200 metros y nos informan que teníamos que regresar porque el camino era incómodo para ascender y descender. Se informó que ya llegaban helicópteros por vía aérea, que iban a tratar de reconocer la zona. A los 20 minutos aparecieron los helicópteros; venían de la parte oeste hacia la ruta”.

Los helicópteros hicieron el reconocimiento hasta localizar al grupo de guerrilleros. Volvieron y organizaron la tropa. Había varias compañías, “estábamos todos entreverados”, dijo Gambarella: “Lo que recuerdo es que se pedía que sean oficiales o suboficiales del Ejército los del enfrentamiento”. Avanzaron y subieron unos cien metros de la quebrada. Ahí vio a “un señor, me acuerdo que tenía parada porteña, con capacidad como para estos sucesos, como si tuviera el mando”. El grupo “en el que andaba yo quedó unos treinta metros para abajo. Ahí se escucharon unos disparos y a los cinco o seis minutos observé que salían unos jóvenes. Tenían la misma edad nuestra, teníamos 20 años”.

Salieron “con las manos en alto y ahí se produjeron los disparos. Pude ver a uno de ellos, pero por la forma en que salía no presté atención de dónde se disparaba, aunque sí observe a este hombre, que por los movimientos de fusil daba la impresión de que estaba disparando. Y vi caer primero al joven que salió con la mano en alto. Vi que se cubrió cuando lo mataron, vi caer a cuatro más y ahí –soy sincero– me hice para atrás”. Treinta minutos después les pidieron “colaboración” para levantar los cuerpos que estaban destrozados. “Yo recuerdo que después llegó el helicóptero; la única forma que había era cargarlos para poder volver a llevarlos a la ruta. Yo ayudé con este cuerpo nada más, que estaba entero, pero ensangrentado, con varios balazos. Luego regresamos a la ruta donde se encontraban algunos otros de los que se trasladaron a la Capital.”

Los cuerpos quedaron tendidos en la ruta, algunos durante horas, otros hasta el día siguiente. Varios estaban irreconocibles. “Recuerdo que se los trataba creo que peor que un animal, para sus traslados, para todo lo que había que hacer con ellos. Como uno era católico, quería tratar de levantar un cuerpo como se debe levantar a una persona, y parece que todo eso estaba mal porque la orden que teníamos era de matarlos a todos. Soy consciente de que, de enfrentarme con ellos, quizá también yo disparaba, porque me tenía que defender, pero no matarlos a todos de la forma en la que se los mató.”

–¿Tenían armamento los integrantes del ERP? –preguntó una querella.

–El día que los mataron solamente vi dos o tres pistolas calibre 22 o 22 largo, sin municiones.

–¿Los jóvenes dijeron algo?

–Uno de ellos gritaba que no lo mataran, que se entregaba.

–¿Los traslados se hicieron ese día?

–Creo que esa tarde unos cuantos, y al otro día a todos, porque iba a quedar un grupo cuidando y me acuerdo de que nadie se quería quedar.
Los acusados

Gambarella explicó que “el capitán” Salvador Carrizo “dio la orden del operativo” desde Valle Varela, donde les dijo que los guerrilleros “eran unos delincuentes que había que matarlos a todos, y si era posible traerlos en la punta del sable bayoneta y dejarlos ahí”. Carrizo siguió todo el operativo “siempre en la ruta”. Era la persona “a la que había que darle toda la información de lo que sucedía, paso a paso, lo que se iba haciendo”. En la quebrada, situó al “subteniente (Mario) Nakagama”, uno de los hombres con los que “nos sentíamos seguros porque era un subteniente bien instruido, sabía bien, conocía la zona, se daba cuenta de todo”. Cree que fue la persona que encendió el helicóptero para hacer el patrullaje y localizar a los guerrilleros, “pero todo se lo informaba a Carrizo”. Por último, en el relato ubicó al “porteño”: Jorge Acosta, uno de los jefes operativos, poco conocido en Catamarca, pero acusado en este juicio, recordado en La Perla como torturador, con dos condenas a perpetua en Córdoba, donde es juzgado nuevamente.

La Compañía del Monte

Para los investigadores y querellas, estaba claro que los militantes no podían ofrecer ningún tipo de resistencia y que se entregaron desarmados. Cuando pararon el colectivo en Banda de Varela, el sábado a la noche, tenían un punto de encuentro con un Mercedes Benz frutero con una parte de las armas y esperaban un Chevrolet. Eran alrededor de las once de la noche, se estaban cambiando y pasan aparentemente dos muchachos en bicicleta hacia un baile. Ven los colectivos y avisan a la comisaría, que a su vez avisa a la Jefatura Central. A las doce de la noche, con dos patrulleros, se produjo un tiroteo. “Una locura, porque los agarran desprevenidos, en medio de la noche, mientras se están cambiando, y ahí se produce el desbande”, dice el abogado de la querella, Guillermo Díaz Martínez. “Una parte se va por atrás del colectivo con algunos heridos y lo que tienen puesto. Dejan el armamento, estaban sin nada, con dos chasquibum y una gomera. Un grupo escapó a Tucumán y sobrevivió. El otro grupo se interna en las lomadas previo al paso por un río, donde se mojan porque no conocían nada. Empiezan a caminar perdidos, tratando de escapar por la noche, y los sobrevivientes nos dicen que ni siquiera las linternas funcionaban, porque las pilas se les habían mojado. Cinco armas les encontraron en el momento de los fusilamientos. Era agosto, y hace un frío tremendo en este lugar, el monte con espinas, perdidos, caminando sin rumbo, no sabían dónde estaban el Norte o el Sur. Hasta que llegan a las 9 de la mañana a la Capilla del Rosario ya es lunes. Había heridos. El Negrito Fernández –que no está como víctima en esta causa aunque sabemos que fue sepultado como NN en Tucumán manda a un grupo al pueblo más cercano a buscar remedios. Cuando dos van al pueblo, los agarra la policía y los mete presos. Y el grupo que quedó se mete en el monte, atrás de la Capilla, y ahí se esconden en el cañadón del que se habla. No hay que olvidar que el fusilamiento es a las 15 del lunes, que ellos cuando llegan a Catamarca estaban en ayunas, habían comido sólo naranjas. Sumá todas esas horas, sumá el lunes sin comer, en la intemperie, ¿cómo llegan? Destruidos moralmente, más de cuarenta horas así, físicamente destruidos.”

La pistola de los muertos

Gambarella no tuvo que pensar demasiado que lo estaban persiguiendo cuando halló en su cofre la pistola que él mismo encontró el día que fusilaron a los “jóvenes”. Era una pistola 22 corta, con la culata de plata, de la “que nunca me iba a olvidar”. Para entonces ya estaba castigado porque había hablado de sus preocupaciones sobre la ética de la guerra. Lo pusieron en un calabozo “y me di cuenta de que era perseguido por todos lados”. Un viernes salió de franco y, como solía hacer, ofreció alojamiento a dos de sus compañeros de conscripción, uno era de Tucumán y el otro de Santiago del Estero. Más tarde los dos compañeros fueron asesinados, también eran militantes del PRT, aunque Gambarella no lo sabía. En esa ocasión uno de ellos le dijo que había escuchado lo que le estaba pasando y que iba a tener problemas si se juntaba con ellos. Esta es otra parte del círculo de perseguidos que describen las querellas. Luego, como Gambarella quería hacer la carrera de gendarme consiguió un traslado a Córdoba, donde estuvo un año. Antes de que le dieran destino a La Quiaca, le dieron una semana de franco: cuando volvió, le habían dado la baja. “Estuve un año sin documento, ahora lo tengo acá y dice por qué me dieron la baja y los motivos: que me tomaron por subversivo y me hicieron perder toda la carrera, porque a mí me gustaba el Ejército. Pero por haber defendido los derechos, ser atento con estos guerrilleros, me llevó a perder todo mi futuro.”

miércoles, 5 de junio de 2013

Testigo clave en la masacre de Capilla de Rosario

“Carrizo Salvadores dio la orden: hay que liquidarlos a todos”
Lo aseguró un soldado que participó del operativo que concluyó en la masacre. El hombre sufrió de persecuciones y fue dado de baja.


En el marco del juicio que se está llevando a cabo en el tribunal de la Cámara Federal por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en agosto de 1974, denominados “Masacre de Capilla del Rosario” y donde se trata de establecer la culpabilidad de los ex militares Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Acosta, en la muerte por fusilamiento de un grupo de miembros del ERP que estaban desarmados; desfilaron 10 testigos más, en este caso, presentados por el Ministerio Público y la querella.
Sin lugar a dudas, el testimonio más sobresaliente de la jornada por su precisión en los detalles brindados y su claridad, es el ofrecido por José Gambarella, quien en el año 1974 se encontraba haciendo el servicio militar y el día de los hechos estuvo presente en el lugar de los hechos.
El en ese entonces “colimba” dio a conocer que en la jornada del 11 de agosto, recibió órdenes de hacer un rastrillaje en la zona aledaño al circuito de carreras, conocido como “Campanas del Rosario”, por espacio de tres o cuatro horas con un grupo de soldados.
Es que, según refirió el testigo, había llegado a Catamarca parte de la plana mayor del Ejército Argentino y tenían información del lugar en donde se encontraban ocultos los guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo.
De acuerdo con el testimonio de Gambarella, en horas de la tarde del domingo 11 de agosto siguió adelante el operativo, para el que se desplazaron varios helicópteros que llegaron desde el Oeste y se movilizaron grupos de oficiales de Ejército, en esta oportunidad, bajo las órdenes de un militar que tomó el mando, de tonada porteña, pero de quien desconocía su nombre o apellido.

Pesadilla

El relato del ex militar tuvo por momentos atisbos de pesadilla, especialmente al describir pormenorizadamente la situación: un grupo de jóvenes con las manos en alto o detrás de la nuca, en señal de clara rendición y la respuesta de un nutrido grupo de soldados a esta actitud; disparar a quemarropa y sin piedad sobre sus humanidades.
El hombre explicó que pudo observar cómo los guerrilleros sucumbían ante los impactos de bala, efectuados desde una corta distancia, aclarando que no presentaron resistencia alguna o portaban armas en este punto. “Me hice para atrás y no quise seguir mirando”, indicó, justificando que fue la única reacción posible ante tamaña brutalidad.
De acuerdo con el testimonio del soldado, luego de ese episodio, le ordenaron colaborar con el traslado de los cadáveres, que fueron llevados hasta un helicóptero. Puntualmente, Gambarella debió trasladar personalmente a uno de los cuerpos destrozados, que posteriormente fue llevado hasta la morgue ubicada en la ciudad Capital .
El exmilitar recordó con angustia la manera en la que fueron tratados los cuerpos, “no como si fuesen personas, sino animales”, hecho que lo horrorizó por ser él católico y comprender que esa no era la manera de tratar restos humanos.
Gambarella explicó que como parte del código que había adquirido en su instrucción militar, no era lo debido dispararle a un paracaidista antes de que toque el suelo, mucho menos disparar en contra de alguien que está rendido y se encuentra despojado de armas; por este motivo, una vez que concluyó el operativo, preguntó a sus compañeros: “Si se rindieron...¿por qué los mataron?.
El hombre explicó que haber lanzado este interrogante en esa oportunidad, le valió grandes disgustos, ya que estuvo en un calabozo por treinta días, le quitaron su DNI por un año y se dieron una serie de sucesos que desembocaron en su baja del Ejército.
El excolimba indicó que tratando de buscar explicaciones sobre esto, la única posible fue que lo consideraron un subversivo por haber mostrado humanidad ante los restos de los guerrilleros del ERP.

Respuestas

Una vez concluido el esclarecedor relato de Gambarella, continuaron las preguntas por parte de los fiscales, la querella y la defensa de los exrepresores, que, a pesar de la consistencia en los dichos del testigo, Montero calificó a sus dichos como “inexactos, contradictorios y falaces”.
Ante el cuestionamiento del abogado defensor de Carrizo Salvadores, Nakagama y Acosta, en la que ponía en duda el origen de las órdenes acatadas por Gambarella y el resto de los soldados que formaron parte del operativo, éste explicó que Carrizo Salvadores en persona dio la orden parado en la ruta cercana al lugar de la masacre.
En esa ocasión, el militar al mando del operativo dijo que se trataba de malvivientes que iban a tomar el Regimiento y que “había que liquidarlos a todos”, en referencia a los guerrilleros del ERP.
A su vez, el testigo indicó que en el mismo momento en que las órdenes eran impartidas a los diferentes grupos de soldados; Nakagama, es decir, el otro imputado, también estaba presente.
Asimismo, respondiendo a los cuestionamientos de Montero es que Gambarella recordó el estado en el que se hallaban algunos de lo cuerpos sin vida de los guerrilleros, a los que pudo observar desde una distancia de tres metros. Algunos estaban “partidos por la mitad” y con un gran número de impactos de bala en el cuerpo, y a otro le faltaba una mano.

Banda de Varela

Otro de los testimonios desarrollado en horas de la mañana de ayer fue el brindado por José Florencio Zalazar, un hombre que relató que en la noche referida estaba en su casa ubicada en Banda de Varela.
Hasta allí, segun atestiguó, llegaron dos hombres, uno de ellos heridos de bala. El pedido que le hicieron a Zalazar fue desesperado: necesitaba un médico que asista al joven gravemente herido.
Pero según explicó, cuando trató de encontrar para los desconocidos un facultativo que pudiera brindarles ayuda, fue detenido por miembros del ejército, que le obligaron a decirles en dónde estaba su casa y cuál era la situación. El hombre dijo que esos individuos se presentaron con el apellido Arroyo y Viudez.

“En calzoncillos”

Otro de los testigos que desfiló en la tercera jornada, fue uno de los choferes de los vehículos del ejército, quien aseguró que se le solicitó que conduzca al lugar de los hechos y se saque su uniforme, desconociendo el objetivo. El hombre asegura que estuvo “en calzoncillos” por tres horas, hasta que le devolvieron su uniforme.
Su testimonio trae a colación de la presunta actuación de un oficial de civil en la sangrienta escena.

Ormachea y Véliz

En horas de la tarde y en la continuidad de los testimonios del juicio, se presentaron algunos militares retirados, quienes dieron a conocer su participación en los hechos en cuestión, pero lo más sobresaliente de la segunda parte de la jornada fue que una vez concluida la lista de testigos, el fiscal Rafael Vehils solicitó una copia de la desgrabación de los testimonios de Gambarella y de José Perea, quienes a lo largo de sus relatos develaron la comisión de otro posible delito de lesa humanidad a manos de los militares.
Estos documentos se utilizarán para girar actuaciones a la Justicia Federal por la muerte de los conscriptos Ormachea y Véliz, hechos que tuvieron lugar en violentas y oscuras circunstancias, ya que se tratarían de infiltrados del ERP, dentro del Ejército.
Fuente: http://www.elesquiu.com

martes, 21 de mayo de 2013

Masacre de Capilla del Rosario Declararon testigos del aniquilamiento

La primera ronda de testigos aportó importantes datos sobre lo ocurrido el 12 de agosto de 1974.

En la segunda audiencia del histórico juicio oral por la conocida “Masacre de Capilla del Rosario”, el tribunal de la Cámara Federal indagó a los tres exmilitares imputados, Carlos Carrizo Salvadores, Jorge Acosta y  Mario Nakagama , quienes se reservaron en el derecho de abstenerse de prestar declaración, por lo que se dio lectura a las indagatorias tomadas durante la etapa de instrucción. Allí ya habían negado responsabilidad en el fusilamiento de los 14 integrantes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del PRT-ERP, ocurrido en agosto de 1974 en Fray Mamerto Esquiú.

En una larga jornada que se extendió desde las 9 de la mañana hasta 19, luego de la abstención de los acusados declararon los primeros cinco testigos que con sus testimonios, además de establecer el contexto histórico, confirmaron la existencia de un plan de aniquilamiento orquestado desde el Ejército y el gobierno de Estela Martínez de Perón, que fue más allá del fusilamiento de los militantes.

Asimismo, unos de los testimonios, el del periodista Carlos Humberto Barrionuevo, fue fundamental para situar en el escenario de los hechos al imputado Carrizo Salvadores como quien daba las órdenes -situación que el exjerarca militar niega- y tenía a su mando el operativo. Barrionuevo en aquel año era cronista del diario La Unión y fue uno de los que cubrió el evento periodístico junto a Juan de la Cruz Saseta. Además de describir que quien estaba al mando del operativo del Ejército era Carrizo Salvadores, aseguró que él pudo observar cómo sacaban los cuerpos de los abatidos del monte en un helicóptero, y que luego los arrojaban desde una considerable altura a la ruta. “Nunca me voy a olvidar del ruido que hacían los cuerpos al dar con el suelo”, recordó. Y que los restos eran tratados con un “total desprecio por la condición humana”.

También declararon los abogados Jorge Marcas y Roberto Díaz, quienes fueron defensores de los sobrevivientes y de los familiares, y que luego sufrieron en carne propia la persecución. En el caso de Marcas, narró que aquel lunes 12 de agosto tuvo conocimiento de los enfrentamientos y que se entrevistó con el ministro Toro y le propuso interceder ante los guerrilleros para “salvarles la vida” a los militantes que terminaron siendo fusilados. Explicó que Toro se comunicó con el comandante Cubas y que éste le respondió que era imposible hacer nada, porque ya estaba dada la orden de aniquilamiento. Marcas trabajó luego con los abogados Frondizi y Curuchet -que se transformaron luego en víctimas-. Y él mismo estuvo nueve años detenido como preso político. Recordó detalles de la autopsia que se había realizado a los cuerpos, que evidenciaban signos de defensa y disparos a corta distancia frontales que se corresponden a un fusilamiento.

Otro testimonio desgarrador fue el del militante del FIP (Frente de Izquierda Popular) Simón Gómez. Él junto con otros referentes políticos de Catamarca, como Mardonio Díaz Martínez, se entrevistaron con el vicegobernador Vicente Saadi -el gobernador Mott estaba de viaje- con la intención de conformar una comisión de varios partidos políticos e interceder. Pero pese a que describió la buena intención de Saadi, nada se pudo hacer porque el Ejército ya tenía la orden bajada.
Fue conmocionante el relato de Gómez cuando narró las consecuencias de haber intervenido, ya que fue apresado, torturado y sufrió un atentado en su vivienda. Su mujer, embarazada, fue encarcelada en Córdoba, donde fue sometida a trabajos forzosos, lo que derivó en el parto prematuro de su bebé ochomesino, quien vivió apenas treinta y seis horas. “Mi hijo nació y murió en la cárcel”, resumió Gómez.

Historia oculta

El último testigo, que declaró por más de tres horas fue el historiador Jorge Perea, quien realizó una investigación académica sobre la masacre y dio minuciosos detalles sobre los documentos y las fuentes consultadas. Aportó detalles que, en su investigación, acreditan que las catorce víctimas fueron fusiladas y no víctimas de un enfrentamiento armado. Perea consideró que el Ejército intentó mantener oculta su intervención en los hechos, a tal punto de que la única víctima uniformada, un cabo de apellido Barrionuevo a quien le explota una granada, jamás fue siquiera homenajeado por el Ejército.

El testimonio de Perea podría abrir una nueva investigación, ya que señaló que hubo otro conscripto que apareció asesinado en el dique Las Pirquitas a fines de 1974, de apellido Ormachea. Tanto éste último como Barrionuevo, eran investigados por el represor Berges como supuestos “infiltrados” de la “guerrilla”.
Por ello, los abogados querellantes solicitaron que se incorporen testimonios de fuentes de Perea, y que se incorporen documentos a los que alude en su investigación.