Masacre de Capilla del Rosario Declararon testigos del aniquilamiento

La primera ronda de testigos aportó importantes datos sobre lo ocurrido el 12 de agosto de 1974.

En la segunda audiencia del histórico juicio oral por la conocida “Masacre de Capilla del Rosario”, el tribunal de la Cámara Federal indagó a los tres exmilitares imputados, Carlos Carrizo Salvadores, Jorge Acosta y  Mario Nakagama , quienes se reservaron en el derecho de abstenerse de prestar declaración, por lo que se dio lectura a las indagatorias tomadas durante la etapa de instrucción. Allí ya habían negado responsabilidad en el fusilamiento de los 14 integrantes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del PRT-ERP, ocurrido en agosto de 1974 en Fray Mamerto Esquiú.

En una larga jornada que se extendió desde las 9 de la mañana hasta 19, luego de la abstención de los acusados declararon los primeros cinco testigos que con sus testimonios, además de establecer el contexto histórico, confirmaron la existencia de un plan de aniquilamiento orquestado desde el Ejército y el gobierno de Estela Martínez de Perón, que fue más allá del fusilamiento de los militantes.

Asimismo, unos de los testimonios, el del periodista Carlos Humberto Barrionuevo, fue fundamental para situar en el escenario de los hechos al imputado Carrizo Salvadores como quien daba las órdenes -situación que el exjerarca militar niega- y tenía a su mando el operativo. Barrionuevo en aquel año era cronista del diario La Unión y fue uno de los que cubrió el evento periodístico junto a Juan de la Cruz Saseta. Además de describir que quien estaba al mando del operativo del Ejército era Carrizo Salvadores, aseguró que él pudo observar cómo sacaban los cuerpos de los abatidos del monte en un helicóptero, y que luego los arrojaban desde una considerable altura a la ruta. “Nunca me voy a olvidar del ruido que hacían los cuerpos al dar con el suelo”, recordó. Y que los restos eran tratados con un “total desprecio por la condición humana”.

También declararon los abogados Jorge Marcas y Roberto Díaz, quienes fueron defensores de los sobrevivientes y de los familiares, y que luego sufrieron en carne propia la persecución. En el caso de Marcas, narró que aquel lunes 12 de agosto tuvo conocimiento de los enfrentamientos y que se entrevistó con el ministro Toro y le propuso interceder ante los guerrilleros para “salvarles la vida” a los militantes que terminaron siendo fusilados. Explicó que Toro se comunicó con el comandante Cubas y que éste le respondió que era imposible hacer nada, porque ya estaba dada la orden de aniquilamiento. Marcas trabajó luego con los abogados Frondizi y Curuchet -que se transformaron luego en víctimas-. Y él mismo estuvo nueve años detenido como preso político. Recordó detalles de la autopsia que se había realizado a los cuerpos, que evidenciaban signos de defensa y disparos a corta distancia frontales que se corresponden a un fusilamiento.

Otro testimonio desgarrador fue el del militante del FIP (Frente de Izquierda Popular) Simón Gómez. Él junto con otros referentes políticos de Catamarca, como Mardonio Díaz Martínez, se entrevistaron con el vicegobernador Vicente Saadi -el gobernador Mott estaba de viaje- con la intención de conformar una comisión de varios partidos políticos e interceder. Pero pese a que describió la buena intención de Saadi, nada se pudo hacer porque el Ejército ya tenía la orden bajada.
Fue conmocionante el relato de Gómez cuando narró las consecuencias de haber intervenido, ya que fue apresado, torturado y sufrió un atentado en su vivienda. Su mujer, embarazada, fue encarcelada en Córdoba, donde fue sometida a trabajos forzosos, lo que derivó en el parto prematuro de su bebé ochomesino, quien vivió apenas treinta y seis horas. “Mi hijo nació y murió en la cárcel”, resumió Gómez.

Historia oculta

El último testigo, que declaró por más de tres horas fue el historiador Jorge Perea, quien realizó una investigación académica sobre la masacre y dio minuciosos detalles sobre los documentos y las fuentes consultadas. Aportó detalles que, en su investigación, acreditan que las catorce víctimas fueron fusiladas y no víctimas de un enfrentamiento armado. Perea consideró que el Ejército intentó mantener oculta su intervención en los hechos, a tal punto de que la única víctima uniformada, un cabo de apellido Barrionuevo a quien le explota una granada, jamás fue siquiera homenajeado por el Ejército.

El testimonio de Perea podría abrir una nueva investigación, ya que señaló que hubo otro conscripto que apareció asesinado en el dique Las Pirquitas a fines de 1974, de apellido Ormachea. Tanto éste último como Barrionuevo, eran investigados por el represor Berges como supuestos “infiltrados” de la “guerrilla”.
Por ello, los abogados querellantes solicitaron que se incorporen testimonios de fuentes de Perea, y que se incorporen documentos a los que alude en su investigación.

Inicio del juicio por catorce miembros del ERP en 1974

Los fusilados de Capilla del Rosario

Por el asesinato en Catamarca de los combatientes del ERP que se habían entregado, desde hoy serán juzgados los militares retirados Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta. Está prevista la declaración de 65 testigos.

En agosto de 1974, el Ejército fusiló a catorce combatientes de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se habían entregado tras el frustrado intento de tomar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Los diarios de la época dieron cuenta de un “combate”; la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón felicitó a los militares, y los abogados que denunciaron el fusilamiento fueron asesinados o apresados durante años. Hoy, a las 9, a 38 años de los crímenes, el Tribunal Oral Federal de Catamarca comenzará a juzgar por la Masacre de Capilla del Rosario, como pasó a la historia, a los militares retirados Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta, quien ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en Córdoba.

El ERP planificó dos operaciones simultáneas para conseguir armas a mediados de 1974. Los objetivos: la Fábrica Militar de Villa María, en Córdoba, y el Regimiento 17. En la medianoche del sábado 10 de agosto, dos jóvenes en bicicleta se toparon en Banda de Varela, a pocos kilómetros de Catamarca, con un grupo de guerrilleros que se preparaba para la operación. Los ciclistas alertaron a la policía, que llegó al lugar en cuatro patrulleros. Se produjo entonces un enfrentamiento que terminó con dos militantes muertos y dos policías heridos. El ERP ordenó la retirada y sus militantes se dispersaron en tres grupos. Algunos consiguieron autos y lograron volver al campamento base en los montes tucumanos. Otros fueron detenidos en la ciudad y años después serían condenados sin conocer al juez. El tercer grupo, al mando de Antonio Fernández, del buró político del PRT-ERP, terminó aislado en las lomadas de Capilla del Señor, en Collagasta, departamento de Fray Mamerto Esquiú.

Cinco militantes que bajaron al pueblo a conseguir alimentos fueron capturados y torturados para arrancarles información sobre sus compañeros. Cuando las fuerzas de seguridad se acercaron al campamento se produjo un enfrentamiento en el que murió un policía. Los jefes del Regimiento 17 informaron al Tercer Cuerpo de Ejército, convocaron a todos sus oficiales, e iniciaron un rastrillaje junto con la policía con el fin de “aniquilar” a los militantes, según consta en el libro histórico del regimiento. Cuando el abogado tucumano Mario Marca le pidió al ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro que intercediera para evitar más muertes, el funcionario se comunicó con el coronel Eduardo Cubas, jefe del Regimiento 17, quien le respondió que no había posibilidad de diálogo porque el Ejército “salía con instrucciones de aniquilar”. La orden la había dado el segundo comandante del Tercer Cuerpo, general Antonio Vaquero. Marca fue detenido un día después y estuvo nueve años preso.

Los guerrilleros resistieron, pero ante la superioridad numérica y de poder de fuego de militares y policías depusieron las armas y se entregaron. El mismo lunes 12 fueron fusilados. Los cuerpos fueron trasladados en helicópteros y camiones a la morgue del cementerio municipal, donde se los pudo ver con manchas de pólvora, infinidad de impactos y huesos rotos. Las autopsias de tres médicos forenses establecieron que “todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia”. Algunos fueron baleados en los brazos, ante “un gesto defensivo reflejo”. El 20 de agosto, la flamante viuda de Perón, presidenta de la Nación, felicitó a los militares por “la encomiable actitud de arrojo y valor demostrado”, que “ha dejado sentado el prestigio de la fuerza”. Entre los abogados que por esos días denunciaron las torturas y ejecuciones estuvieron Ricardo Curuchet y Silvio Frondizi, asesinados por la Triple A al mes siguiente. El ERP, en tanto, decidió responder al “asesinato indiscriminado” con “una ejecución de oficiales indiscriminada”. “Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura a respetar las leyes de la guerra”, informó desde la revista Estrella Roja.

Los guerrilleros fusilados en Catamarca eran Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera (Héctor Moreno), Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia, Raúl Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Pedro Orbano, Roberto Domingo Jerez, Rutilo Dardo Betancour Roth, Alberto Rosales y Hugo Caccivillani Caligari. Cinco fueron enterrados como NN en el cementerio, el resto fue devuelto gradualmente a sus familiares.

La causa se inició en 2004 a pedido de organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los NN. El juez federal subrogante Pedro Navarro se declaró competente, el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó las exhumaciones e identificó al santiagueño Rosales y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari, ambos militantes tupamaros. Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, comenzaron a declarar militares, policías y soldados. En mayo de 2009, el coronel retirado Nakagama se convirtió en el primer detenido por la masacre. Con el grado de capitán, en 1974 Nakagama era jefe de la sección morteros pesados del Regimiento 17. Siguió sus pasos Carrizo Salvadores, que entonces era asistente personal del jefe del regimiento y que en 2004 llegó a ser jefe de policía de Jujuy. Finalmente, fue procesado Acosta, que en 1974 tenía a su cargo una compañía del regimiento y ya fue condenado por su actuación en La Perla. En 2010, la Cámara Federal de Tucumán confirmó los procesamientos y dictaminó que el fusilamiento era un crimen de lesa humanidad y por ende imprescriptible.

El tribunal que a partir de hoy escuchará a 65 testigos lo integran Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas (camarista en Tucumán) y Carlos Jiménez Montilla (juez del Tribunal Oral de Tucumán). Los acusados llegan a juicio en prisión: Carrizo y Nakagama en Catamarca, Acosta en el penal de Bower, en Córdoba. Están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser cometido como integrante de una fuerza de seguridad”. Además del Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a familiares, actuarán como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía de Estado de Catamarca.

Inteligencia previa para asesinar a un militante

En agosto de 1974, la Policía Federal allanó la casa de cuatro militantes. Pocos días después, un grupo de tareas conjunto de la Triple A y la CNU secuestró en esa misma casa al militante peronista Luis Norberto Macor.

Los testimonios de cuatro compañeros de militancia de Luis Norberto Macor permitieron a los autores de esta investigación confirmar la participación de la Policía Federal en la inteligencia previa a su secuestro y asesinato, perpetrado por un grupo de tareas conjunto de la Triple A y la Concentración Nacional Universitaria, la madrugada del 6 de agosto de 1974 en la ciudad de La Plata. La muerte del Chango Macor, como se lo conocía, fue la primera cometida en esa ciudad por la banda parapolicial de la CNU capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) El IndioEl Viejo– y marcó el comienzo de una escalada de terror sobre la militancia platense que se prolongaría hasta después del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

Luis Norberto Macor era oriundo de la provincia de Catamarca, tenía 21 años y hacía poco tiempo que había terminado sus estudios en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Militante de Montoneros, había integrado el equipo de la Secretaría de Prensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, hasta que éste fue obligado a renunciar en enero de 1974 para poner la gobernación en manos del sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró.

Para mediados de 1974, El Chango compartía la casa de la calle 2 N°313, en la zona norte de La Plata, con otros tres compañeros de la izquierda peronista: Juan Carlos Ferrari y Hugo Dellasoppa, ambos también egresados de Periodismo, y Sergio López, que había estudiado Diseño en Bellas Artes. “De nuestro grupo de estudio y militancia en Periodismo, El Chango

Por esos días, la situación se había vuelto complicada. “La renuncia del doctor Oscar Bidegain como gobernador de la provincia de Buenos Aires fue, después de la masacre de Ezeiza, otro jalón de persecución y muerte para los militantes de la Tendencia Revolucionaria Peronista. Muchos militantes fuimos parte de ese gobierno y, entre ellos, ese grupo de egresados y estudiantes de Periodismo de la UNLP. Todos militábamos y trabajábamos y, por las características de la misma ciudad, podría decirse que convivíamos con las patotas de derecha de los sindicatos y las agrupaciones como la CNU, Facundo Quiroga y otras de la derecha peronista. Su lugar preferido de reunión era una librería en diagonal 79, casi esquina 5, propiedad de Patricio Errecalde Pueyrredón, que lucía en la vidriera un ejemplar de Mi Lucha, de Adolf Hitler, y una bandera con la cruz esvástica”, recuerda Juan Carlos Ferrari para Miradas al Sur. –aunque en este caso bajo las órdenes de Aníbal Gordon (a) Luis Macor era el menor, el pibe llegado de su Catamarca natal con todo el cielo en los ojos. Su edad y dulzura de carácter hicieron que varios lo adoptáramos como a un hermano a cuidar y querer mucho”, lo evoca Raúl Artola, otro compañero de la Tendencia Revolucionaria del peronismo.

Una casa marcada. A pesar del avance de la derecha y su escalada represiva, ninguno de los compañeros de Macor –como tampoco El Chango– imaginaba por ese entonces hasta dónde llegaría. Para todos sus habitantes, la casa de la calle 2 era todavía un lugar seguro. “Era el departamento del fondo por el pasillo, supongo que sería el B. Lo habíamos alquilado en los últimos tiempos de la alegría. Yo ya había dado por terminada mi vida de estudiante, ellos ya se habían recibido de periodistas. Era un domicilio oficial, no se hacían ahí reuniones políticas, tampoco se tenían materiales complicados. Sí recuerdo algunas juntadas festivas, en las que el intrincado patio se pobló de desconocidos amigos de amigos no muy conocidos, en las que el vino y la euforia nos puso a cantar, a gritar consignas, y a decir nombres en voz demasiado alta”, dice Sergio López.

Lo que ninguno de los compañeros de El Chango podía saber era que, para fines de julio de 1974, la casa ya había sido marcada. La investigación de Miradas al Sur pudo establecer que fue descubierta casi de manera fortuita, a partir de la vigilancia montada por el grupo de tareas de la CNU sobre la vivienda del sindicalista combativo Carlos Ennio Pierini, que sería asesinado pocas horas después que Macor. El Chango –como relató la viuda de Pierini a los autores de esta investigación– solía ir a cenar a la casa del sindicalista, donde siempre era bien recibido. Luego de comer, Pierini lo acercaba a la zona norte de La Plata en su automóvil, aunque nunca lo llevó hasta la puerta de la casa de la calle 2, por razones se seguridad. Una de esas noches fueron seguidos –sin que se dieran cuenta– por el grupo de tareas que montaba la vigilancia. Cuando Macor se bajó del auto para continuar su camino a pie, siguió bajo vigilancia hasta que llegó a la casa.

Poco después, en pleno día, un comando que se identificó como perteneciente a la Policía Federal allanó la vivienda. En ese momento, el único ocupante era Hugo Dellasoppa. “A principios de agosto un grupo armado allanó la casa de la calle 2, entre 38 y 39. A la hora de la mañana en que se produjo la irrupción el único que estaba en la casa era yo, a punto de salir para mi trabajo de no docente en la Universidad de La Plata. Después de revolver nuestras pertenencias sin encontrar ningún elemento comprometedor, me trasladaron hasta la delegación de la Policía Federal, a pocos metros de la Plaza Moreno. Allí me interrogaron acerca de mis actividades y mi filiación política, para dejarme en libertad cerca del mediodía”, relata para Miradas al Sur.

Por entonces, todavía se conservaban algunos resabios de legalidad en la represión, por lo que otro de los inquilinos de la casa de la calle 2 decidió averiguar por dónde venía el allanamiento. “Recuerdo que ante este hecho junto con Manuel Urriza, amigo, abogado y profesor de Opinión Pública II en Periodismo y un concejal de apellido Casajús, nos presentamos en la Delegación de la Policía Federal de La Plata para preguntar si existía sobre nosotros alguna orden de detención. El comisario de entonces nos negó toda intervención policial en el hecho (a pesar de que a Dellasoppa lo habían llevado detenido a esa delegación) y nos aconsejó que tuviéramos ‘cuidado’, dejando entrever que operaban en La Plata personas de otras jurisdicciones. También recuerdo que el doctor Urriza presentó un recurso de hábeas corpus en la Justicia. Pero la advertencia estaba hecha y decidimos ‘levantar’ la casa”, relata Ferrari.

Secuestro y muerte. Sin embargo, violando las normas de seguridad, El Chango Luis Norberto Macor volvió una noche a dormir a la casa de la calle 2 y le resultó fatal. Fue la noche del domingo 5 de agosto de 1974, al volver de Avellaneda, donde había ido con otro compañero a ver el partido de Independiente, el equipo de sus amores. El Chango tenía sus razones para volver. “Una tarde, pasados unos días del allanamiento, me encuentro con Luis en la Escuela Superior de Periodismo, donde El Chango era ayudante de cátedra y yo estudiaba y trabajaba; y es allí donde me plantea que quiere regresar a la casa, porque desde su sinceridad de pibe del interior sentía que podía ser una molestia o representar un peligro para quienes le habían dado albergue. Ante el clima de inseguridad desatado, traté de que cambiara de parecer. Me contestó que lo iba a pensar antes de tomar una decisión definitiva. Fue la última vez que nos vimos”, recuerda Dellasoppa.

La madrugada del 6 de agosto de 1974, Luis Norberto Macor fue secuestrado cuando estaba solo en el departamento. El grupo que irrumpió en la vivienda estaba integrado por cinco individuos que bajaron de un Ford Falcon. Entre los que entraron a la casa estaban Aníbal Gordon (a) El Viejo y Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Según el testimonio de varios vecinos, la calle había sido cortada en la esquina por un patrullero. “Fue pura mala leche que encontraran a alguien, la casa debía haber estado vacía. Pero también es probable que esa noche, El Chango no hubiese tenido otra opción que ir a dormir al departamento de la calle 2. Eran días de desbande”, dice 38 años después Sergio López.

El cuerpo de El Chango Luis Norberto Macor fue encontrado al día siguiente cerca del Arroyo El Gato, entre La Plata y el balneario de Punta Lara. Estaba perforado por más de cincuenta balas, una manera de matar que sería emblemática de las operaciones de la CNU. Lo llevaron a la comisaría de El Dique. “No pudimos despedirlo. El departamento de la calle 2 N°313 quedó abandonado y se inició la diáspora. También faltó el abrazo entre varios amigos que íbamos dejando la ciudad para iniciar el camino hacia aquella la larga y oscura noche de la Argentina”, dice Ferrari.

Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal
dcecchini@miradasalsur.com

“Los mataron como matan los cobardes, por la espalda”

Cuerpo a tierra, de cara al suelo como pidiendo clemencia a las piedras. Se rindieron entregando sus armas ante la presencia de centenares de hombres de las fuerzas policiales, militares y civiles (autoridades del gobierno). Los fusilaron sin piedad y en una desigualdad enorme de condiciones, ante la mirada de quienes arrogantes desgranaban órdenes.

 
Con este hecho, mal que le pese a quien le pese, un día 12 de agosto de 1974 comienza el terrorismo de Estado en Catamarca, seguido por la consecuente persecución, represión, detención, desaparición y muerte. En noviembre del mismo año, perderíamos con el estado de sitio todas las garantías constitucionales.
Como marco, no se puede ni se debe olvidar que vivíamos en un país que recién recuperaba la democracia, gobernaba en Catamarca Hugo Mott, por lo consiguiente no se puede soslayar lo que estaba sucediendo, es el principal responsable por haber sido en ese entonces la primera autoridad en la provincia.

 
El pasado 24 de marzo, en el recinto de sesiones de la Legislatura, con motivo de conmemorarse 36 años del golpe cívico-militar en un acto del senado, el Dr. Guillermo Díaz Martínez expresó como director provincial de DD. HH. que se llevaría “Capilla del Rosario” a juicio de Lesa Humanidad. Ya se cerró el 1er juicio, estamos en la espera de que se haga realidad lo prometido.

 
El Dr. Guillermo Díaz Martínez renunció a la Dirección Pcial. de DD. HH. hace un par de meses. Espero que esta promesa no quede en una expresión de deseo y se materialice a través de quien fuere. A quien lo haga, que sea con total responsabilidad y compromiso, contundente, sin dejar espacios vacíos que luego se llenan de dudas. Que involucren y querellen a los civiles que participaron es muy fácil de comprobar, sólo basta mirar las muestras fotográficas de Eduardo Aroca el día de la masacre, son más que elocuentes. Que consulten al Prof. Jorge Perea quién investigó y estudió el caso. Que agoten todos los resortes posibles con el fin de resolver este triste episodio que manchó con sangre esta bendita tierra. Que no subestimen testimonios; por el contrario, que incentiven y animen a las personas a colaborar con sus vivencias para cerrar este caso que pide luz, con todo el rigor de la Justicia. Porque no podemos esperar 38 años más de injusticia… para que, por sobre todo, las almas de los compañeros puedan descansar en paz.
Compañeros asesinados en Capilla del Rosario, ¡presentes, ahora y siempre!

Lila Nora Macedo - Primera presa política - Mujer de Catamarca -Integrante de la Asociación de ex presos Políticos de Catamarca

Homenaje los caidos en la Masacre de "Capilla del Rosario"

El fusilamiento de 14 presos políticos ocurrido hace 38 años a manos del ejército en la localidad de Piedra Blanca, conocida como la "Masacre Capilla del Rosario", será recordado el próximo sábado.

La Comisión de Apoyo a los Juicios de Lesa Humanidad, invitó "a toda la comunidad a sumarse y acompañar el homenaje que se realizará el próximo sábado 11 de agosto a partir de las 11 en la Capilla del Rosario, ubicada en el departamento de Fray Mamerto Esquiú".

Bajo el lema "Cárcel común y efectiva a culpables", dijeron que "luchamos por la elevación a juicio de esta causa en una búsqueda constante de Memoria, Verdad y Justicia".

La causa "Masacre Capilla del Rosario" donde 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo fueron fusilados, fue elevada a juicio oral y público hace unos días por el Fiscal Fedeal, Santos Reynoso.

Asimismo, el fiscal Santos Reynoso firmó el pedido para que los ex militares Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, sean llevados ante un tribunal como presuntos "autores mediatos de homicidio doblemente calificado, por la intervención de dos o más personas y por alevosía".

La masacre "Capilla del Rosario" fue el fusilamiento de varios integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que habían sido capturados en Fray Mamerto Esquiú por la Policía y el Ejército luego del frustrado copamiento al Regimiento de Infantería 17, hecho ocurrido en agosto de 1974.
Se conoce como Masacre de Capilla del Rosario al fusilamiento ilegal de dieciséis guerrilleros tras una operación fallida por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la provincia de Catamarca, Argentina, en el mes de agosto de 1974. Hugo Irurzún, alias Capitán Santiago, había comandado el frustrado ataque en Catamarca.

Catamarca será querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad

En el primer debate por crímenes de la dictadura, la querella había estado representada por la Secretaría de DD.HH de la Nación.

La Justicia Federal resolvió que Catamarca podrá participar como querellante particular en el próximo debate oral por delitos de lesa humanidad que se realizará en la provincia, después de una presentación realizada desde Fiscalía de Estado. La causa en la que la provincia será litigante y que podría ser precedente a otros juicios de tal índole, es la que imputó a tres ex militares como los responsables del fusilamiento de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, en la emblemática causa conocida como la Masacre de Capilla del Rosario.
A pocos días de cumplirse un mes del histórico fallo emitido por el Tribunal Federal Oral de Catamarca en contra de los ex jerarcas Juan Daniel Rauzzino y Carlos Alberto Lucena, trascendió que Catamarca tendrá la facultad de intervenir como querellante en las próximas causas por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar instalada en el territorio provincial.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder El Esquiú.com, la presentación fue realizada la semana pasada por dos letradas que pertenecen al cuerpo de abogados de Fiscalía de Estado, ante la Justicia Federal de Catamarca. En dicha resolución, emitida por el juez Ricardo Antonio Moreno, se comunicó que, efectivamente, la provincia fue aceptada para intervenir como querellante en causas en las que se investigan graves violaciones a los Derechos Humanos en épocas del último gobierno militar, puntualmente por una causa previa a la dictadura, pero con vejaciones consideradas como delitos de lesa humanidad.
Si bien la medida fue aprobada por el Juzgado Federal de Catamarca y notificada a las partes intervinientes en la causa de Capilla del Rosario, elevada a juicio poco después del histórico fallo contra Lucena y Rauzzino, la resolución aún puede ser apelada por la defensa de los imputados Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, como así también por el fiscal federal.
Estado de Derecho

Según lo que detallaron desde Fiscalía de Estado, a partir de esta intervención, “se refleja la vocación del Gobierno Provincial de defender no sólo los Derechos Humanos, sino fundamentalmente la vigencia del Estado de Derecho”.
Durante el primer proceso que juzgaba la participación de ex represores durante el periodo militar en la provincia de Catamarca, iniciado el 23 de abril pasado, y en el que el Tribunal Oral Federal calificó a los hechos como “constitutivos de crímenes de lesa humanidad”, las querellas estuvieron representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el ex director de Derechos Humanos de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, en nombre de la familia de la desaparecida Nelly Yolanda Borda.
Ya durante su corta gestión, el abogado había manifestado la necesidad de promover a la provincia como querellante de tales delitos. Pero es recién ahora, a partir de la presentación de dos abogadas, que se avanzó en la diligencia judicial.
Capilla del Rosario

Carrizo Salvadores, Acosta y Nakagama, todos con prisión preventiva, fueron imputados como autores mediatos de “homicidio doblemente calificado, por la intervención de dos o más personas y por alevosía”.
La investigación de la Fiscalía develó, que el 12 de agosto de 1974, catorce guerrilleros de la Compañía del Monte “Ramón Rosa Jiménez” del ERP fueron ultimados hasta quedarse sin municiones, luego de un intento frustrado de copamiento al Regimiento de infantería 17.
Precedente

El primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Catamarca incriminaba al ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, Lucena, y el ex jefe de policía, Rauzzino, quienes recibieron las penas de 16 y 10 años de prisión, bajo las calificaciones de asociación ilícita y privación ilegítima de libertad agravada. Pero además, en la causa que investigaba las cuatro desapariciones de estudiantes Catamarqueños, llegaba como imputado Luis Benjamín Menéndez, con seis condenas a prisión perpetua en su haber, pero separado por razones de salud.

La “Masacre de Capilla del Rosario” fue elevada a juicio

Por el fusilamiento de guerrilleros del ERP que intentaron tomar el Regimiento 17.

Desde la Fiscalía Federal se elevó a juicio la causa de “Capilla del Rosario” para ser tratada por los magistrados del Tribunal Oral.
La causa sindica a los ex militares Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Jorge Ezequiel Acosta y Mario Nakagama como los responsables de haber llevado a cabo el fusilamiento de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, también denominado ERP.
A causa de ello, recae sobre ellos la carátula de autores mediatos de homicidio doblemente calificado, por la intervención de dos o más personas y por alevosía.
De acuerdo a la acusación, el 9 de julio de 1974 entraron a la provincia desde Tucumán casi medio centenar de militantes de la compañía del monte “Ramón Rosa Jiménez”, pertenecientes al ERP. Los mismos se asentaron en Banda de Varela a los fines de asaltar el cuartel del Regimiento de Infantería 17 en busca de armamento, con la colaboración de contactos locales.
Sin embargo fueron divisados por dos ciclistas mientras se alistaban para concretar la maniobra, dando aviso a la policía.
En la madrugada del domingo 11 de agosto, arribaron a la base operativa a bordo de varios patrulleros efectivos de la Comisaría Tercera y de la División de Investigaciones, quienes se enfrentaron a los guerrilleros en un combate armado.

 
El saldo del mismo fue la muerte de Carlos Gutiérrez y Norberto Ruffino, ambos militantes, mientras que Rutilio Dardo Betancourt Roth y dos policías quedaron heridos de gravedad.
En vista de que la presencia del ERP no había pasado inadvertida, el operativo se vio frustrado y se ordenó la retirada. La mayoría de los militantes, vestidos de guerrilleros, lograron salir de la provincia con éxito, mientras que 28 de ellos fueron capturados tras quedar en distintos grupos aislados. Otros nueve fueron apresados luego de distintas búsquedas y un grupo acampó cerca de la “Quebrada de los Walther”, ubicada a unos pocos kilómetros de la Capilla del Rosario.
El día siguiente la policía salió en busca de estos últimos, pero al comenzar otro enfrentamiento armado se produjo la baja de un oficial. El teniente coronel Anello solicitó entonces el apoyo del regimiento 17 en la lucha y alrededor de 60 soldados con apoyo aéreo llegaron al lugar.

 
Llegado este punto, en un principio se informó que los 14 guerrilleros murieron en pleno combate, pero posteriormente la investigación reveló que los mismos habrían peleado hasta quedar sin municiones, optando por presentar su rendición luego de ello.
La instrucción indica que, por orden del segundo jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, General José Vaquero, los guerrilleros fueron fusilados a sangre fría.